Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional avanzan a paso redoblado. “En pocos días tendremos un acuerdo con el FMI”, aseguró el presidente Mauricio Macri al referirse al tradicional crédito condicionado solicitado por el país para hacer frente a la crisis cambiaria. Desde el organismo conducido por Christine Lagarde acompañan el entusiasmo oficial: “Estamos trabajando mano a mano con las contrapartes argentinas para alcanzar una rápida conclusión que permita ayudar sus esfuerzos para fortalecer la economía argentina”, sostuvo ayer un vocero del Fondo al referirse al “stand by excepcional”.

El objetivo del Palacio de Hacienda al recurrir a ese mecanismo de financiamiento es superar el límite de 19.700 millones de dólares previsto para Argentina. El camino elegido no solo viene acompañado por las históricas condicionalidades y reformas estructurales del FMI, sino que además demanda un “análisis más riguroso por parte del Directorio del Fondo”. Entre las exigencias a los países que solicitan créditos stand by “excepcionales”, el organismo demanda que las políticas y reformas propuestas “ofrezcan una perspectiva razonablemente elevada de éxito, incluyendo no sólo el plan de ajuste sino también una capacidad política e institucional para llevar adelante ese ajuste”. Ese ítem fue incorporado después de la fallida intervención del FMI en la crisis griega. Kenia, Irak y Jamaica son los únicos tres países del mundo que tienen acuerdos stand by vigentes por un monto global que no supera los 5000 millones de dólares.

“Las negociaciones están progresando bien, estamos trabajando mano a mano con las contrapartes argentinas”, informaron desde la sede del FMI en Washington. El avance de las negociaciones determinará si el ministro Nicolás Dujovne viaja la próxima semana a Estados Unidos para terminar de pulir los detalles del nuevo acuerdo. La pretensión oficial es lograr un desembolso inicial significativo. “Una parte puede estar al comienzo, otra de manera escalonada, y si no se necesitan, no se usan”, explicó Dujovne la semana pasada. 

Hasta ahora, la posición argentina en el organismo estuvo representada por el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, y el secretario de Finanzas, Santiago Bausili. La contraparte de los funcionarios argentinos son los miembros del staff del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI que encabeza Roberto Cardarelli. 

Esos técnicos son los responsables de redactar el documento que acompaña la supervisión del Artículo IV donde el Fondo recomendó, por ejemplo, profundizar el ajuste del gasto público y flexibilizar la legislación laboral. En la veintena de acuerdos firmados por Argentina con el FMI desde su incorporación al organismo en 1956 las exigencias más habituales fueron de índole fiscal. Con esa meta de recudir el gasto se fijaron “límites al nivel de déficit federal” como compromiso frente a los préstamos de 1967, 1968, 1976, 1977, 1983, 1989, 1991, 1992, 1996, 2000, 2001 y 2002. Para lograr una reducción significativa en el déficit fiscal el gobierno no sólo deberá recortar la inversión en obra pública sino también el gasto en jubilaciones, pensiones, AUH, salarios de la administración y sostener la quita de subsidios. 

“La pregunta fundamental sigue girando en torno a cuál ha de ser la magnitud del ajuste que los países aún deben realizar en el futuro”, sostuvo la semana pasada el FMI al precisar que Argentina figura en el grupo que tiene la “necesidad de un esfuerzo fiscal importante y sostenido”. Pero el Panorama Económico Regional para las Américas difundido la semana pasada sugiere, además, que países como Argentina y Brasil profundicen su apertura comercial y financiera.