La ley amaneció vetada. No habían pasado ni seis horas de la sanción de la ley que retrotraía las tarifas a noviembre del año pasado y las ataba al aumento promedio de los salarios cuando el jefe de Gabinete, Marcos Peña, entró a la sala de periodistas de la Casa Rosada a anunciar que ya estaba vetada. El apuro pareció obedecer a una estrategia comunicacional que impidiera que se discutiera en profundidad los beneficios de la ley a la población. Por la tarde, desde Salta, fue el presidente Mauricio Macri el encargado de defender el veto que firmó: sostuvo que no hacerlo “significaría suspender la AUH el resto del año, las pensiones por discapacidad, las jubilaciones, o suspender todas las obras que tenemos por todo el país”. No hizo alusión al margen de ganancia de las empresas energéticas. El mandatario también envió un mensaje a la CGT, que evalúa un paro general tras el veto: “Tiene que pensar. Si hace un paro, ¿qué cambia el día después? Nada”. Hoy los movimientos sociales llegarán con su marcha federal al Congreso, entre otras cosas, para repudiar el veto. 

El Gobierno eligió no esperar a digerir la dura derrota legislativa que sufrieron con la Ley de Emergencia Tarifaria. Al igual que con la ley antidespidos, Macri no dudó a la hora de vetar. Como informó este diario, el decreto ya había sido preparado ayer por el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas, y estaba listo antes de que se votara la ley, pasadas las tres de la mañana.

Seis horas más tarde, Peña se dio una vuelta por la sala de prensa de la Casa Rosada para anunciar el veto. “Ya fue vetada”, lanzó el ministro coordinador, antes de soltar una frase prefabricada que sería repetida por cuentas en las redes sociales durante todo el día: “No vamos a negociar la verdad frente a la mentira”. “Hemos vetado la ley porque va en contra del federalismo, atenta directamente contra los intereses de las provincias y eso no lo podemos a permitir”, sostuvo. 

Horas más tarde, se conoció el texto del decreto, de 13 páginas. Entre las argumentaciones legales que decidió incluir Clusellas, está que la Corte Suprema estableció en su jurisprudencia que la facultad de fijar tarifas es del Ejecutivo. También tilda de inconstitucional la ley, reitera los argumentos sobre la pesada herencia y “las graves consecuencias que produjo el congelamiento de las tarifas durante más de un decenio”. Además, asegura que se está transitando el camino hacia un “régimen tarifario justo”, que implica “terminar con un sistema de subsidios injusto, desigual y obsoleto”. 

En el decreto –firmado por Macri, Peña y el ministro de Energía, Juan José Aranguren– advierten que si bien las tarifas “representan un porcentaje mayor del ingreso de los hogares que en 2015, se encuentra todavía dentro del rango esperable”. Sostiene que, en promedio, las familias destinan un 3,4 por ciento del salario familiar al gas. También indican que creció la demanda de energía. Son los argumentos que viene dando el oficialismo para sostener que las tarifas no son exorbitantes. A esto le agregaron que la ley pone “un manto de inseguridad jurídica sobre las inversiones”, una clara alusión a la negociación con el FMI. También indicaron que atentaría contra la reducción del déficit fiscal.

Una perlita: al pasar, citan un argumento del veto de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner al proyecto que establecía el 82 por ciento móvil para las jubilaciones, en el que decía que era “inviable desde el punto de vista económico”. Curiosamente, lo hacen después de recortar en diciembre los aumentos a los jubilados y cuando se están evaluando mayores recortes al sistema jubilatorio. 

Capitán que veta

En un primer momento, en el Gobierno habían especulado con preservar al presidente de dar la noticia, por lo que fue Peña el encargado de poner la cara. No obstante, el presidente finalmente terminó hablando del tema en una conferencia de prensa que dio en Cachi, Salta. Lo hizo luego de verse con el gobernador Juan Manuel Urtubey, que subió en la estima del oficialismo por las ayudas que les fue dando para frenar el proyecto y que Macri no tuviera que vetarlo. Las acciones del salteño suben al tiempo que bajan las de Miguel Angel Pichetto, como en su momento lo hicieron las de Sergio Massa, a quien Macri le dice despectivamente “ventajita”. A este último, le apuntan en la Rosada por perder las votaciones. 

El tono de Macri hacia los integrantes del Congreso fue el mismo que en el video del comienzo de esta semana: fue del reto al reproche. “No se le puede mentir a la gente así, tan irresponsablemente”, sostuvo Macri, quien aseguró que el costo fiscal de la ley era “más de 110 mil millones de pesos, que es una cifra incalculable”. “Significaría suspender la AUH el resto del año, las pensiones por discapacidad, las jubilaciones, o suspender todas las obras que tenemos por todo el país”, comparó el presidente, sin querer tomar en cuenta otras variables u otros impuestos a sectores empresariales que su gobierno resolvió eliminar.

“Esta ley ya nació sin ningún tipo de viso de continuar, porque no está financiada y los que la han votado no han dicho de dónde salen los recursos”, se enojó Macri. Y atacó a los peronistas, en pos de diluir el costo político de vetar una ley que beneficiaba la capacidad adquisitiva de la población. “Escuché decir por parte de ellos que no era viable y que me pedían que les asegure que lo iba a vetar. ¿Para qué lo hicieron? ¿Quería hacer una demostración de poder el peronismo?”, se preguntó Macri. Y se contestó: “El poder lo tiene la gente y los argentinos no quieren volver hacia atrás”.

En el Gobierno rechazan las encuestas que dan por encima del 80 por ciento de aprobación de la ley que vetó Macri. Aseguran manejar encuestas que les dan porcentajes mucho menores. No obstante, nadie imagina que el veto no tenga costo. No sólo sobre la imagen del presidente: hay preocupación en el oficialismo por cómo continuarán las negociaciones parlamentarias con los sectores a los que el mandatario no se cansó de chicanear. “Los veo excitados por las elecciones de 2019”, les soltó Macri ayer.

El presidente sostuvo que seguirá adelante con su proyecto económico: “En pocos días tendremos un acuerdo con el FMI”. E invitó a todos a “sentarse a la mesa” para conversar cómo se aplicará el ajuste. Habrá que ver cuántos –y cómo– responden a ese convite.