Desde Santa Fe

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Rafael Gutiérrez dijo que el ataque a balazos a la casa donde vivió el juez Ismael Manfrín que presidió el juicio a la banda de Los Monos "es gravísimo" y hasta lo comparó con el atentado al ex gobernador Antonio Bonfatti en octubre de 2013 por su "gravedad institucional". Este golpe contra un juez "no tiene precedentes, es gravísimo", insistió el magistrado y le exigió al gobernador Miguel Lifschiz que "garantice la vida y la seguridad", no sólo de Manfrín sino también de sus colegas que integraron el tribunal, las juezas Marisol Usandizaga y María Isabel Mas Varela y las familias de los tres. Apenas conocido el hecho, la Corte repudió la balacera, se solidarizó con Mafrín y le ofreció "todo su apoyo institucional" para que siga "desarrollando sus tareas con independencia e imparcialidad". Gutiérrez ratificó ese apoyo como "cabeza del Poder Judicial de Santa Fe" y descartó que el ataque pueda amedrentarlo. "Los jueces seguirán adelante en las causas que correspondan", aseguró.

En un diálogo con Rosario/12, Gutiérrez dijo no tener dudas que el ataque estuvo dirigido al presidente del tribunal que condenó a Los Monos. Una de las viviendas baleadas es las que Manfrín vivió hasta hace dos meses y la otra en la que residió hace 14 años. "Sospechamos de dónde puede venir (el operativo), pero como no tenemos la certeza no podemos decir nada", hasta que no avance la investigación judicial. "Por eso, le vamos a exigir al Poder Ejecutivo de la provincia que garantice la vida y la seguridad no sólo de los magistrados, sino también de sus familias", agregó.

"La magistratura ha demostrado con distintas condenas que se dictaron en la provincia últimamente que no hay temores para resolver los juicios". Y si bien los blancos de los ataques fueron "equivocados" porque "el juez ya se había mudado de una de esas casas hace dos meses, yo me pongo en lugar de él como padre de familia", planteó Gutiérrez.

-‑¿Y esa preocupación incluye a las dos juezas que integraron el tribunal?

‑-Por supuesto, esto abarca a las doctoras Usandizaga y Más Varela que fueron las que condenaron a la banda narco criminal. "El Poder Ejecutivo debe darle a los tres todas las garantías de seguridad, como a cualquier ciudadano o como a cualquier testigo que sufra amenazas, tiene la obligación de garantizar sus vidas y su seguridad ‑respondió.

Gutiérrez ofreció "todo el apoyo institucional a los fines de que los jueces puedan seguir con sus tareas".

Gutiérrez coincidió que "no hay antecedentes" en la provincia de un ataque a balazos contra un juez. El único es el atentado contra el ex gobernador Bonfatti en 2013. "Este hecho es gravísimo por una cuestión institucional, más allá de las garantías que el estado de derecho debe darle a cualquier ciudadano". Y aseguró que Manfrín, Usandizaga y Mas Varela "seguirán adelante en las causas que correspondan, pero indudablemente que esto es gravísimo desde el punto de vista institucional".

‑-¿Habló con el gobernador?- le preguntó este diario.

‑-No está en el país. A mí no me llamó ningún miembro del gabinete, se que hubo algunos contactos con secretarios de la Corte para decirles que el Poder Ejecutivo iba a garantizar la vida y la seguridad de los jueces. Y al doctor Manfrín lo acompañamos desde el punto de vista institucional, como cabeza del Poder Judicial le vamos a dar todas las garantías para que pueda trabajar, él y todos los jueces de la provincia, en forma tranquila y sin ningún inconveniente. Porque esto es de gravedad institucional -insistió.

El presidente de la Corte no dejó pasar una declaración ‑horas antes del ataque‑ del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, quien afirmó que había bajado el nivel de violencia en Rosario. "Hay que preguntarle al ministro de dónde saca los datos. Si el dijo eso, que le "van a entregar al próximo gobierno una sociedad más tranquila", mire cuál fue la respuesta con esta balacera. ¿Dónde está el nivel de seguridad"", se preguntó Gutiérrez.

En su pronunciamiento, la Corte asoció el ataque a Manfrín con su intervención en una "causa de trascendencia pública" y ofreció "todo su apoyo institucional a los fines de que pueda seguir desarrollando sus tareas con la independencia e imparcialidad que exigen el desempeño de los cargos jurisdiccionales". "Más allá de las prontas medidas desplegadas por el Poder Ejecutivo en orden a la protección de los magistrados y funcionarios relacionados con los hechos,  la oportunidad es propicia para requerir que se mantengan dichas medidas y que se adopten todas aquellas que sean necesarias, a los fines de que los Tribunales ‑y, en general, la ciudadanía y todas las autoridades de la Provincia‑ puedan desarrollar sus respectivas actividades y funciones en el más adecuado marco institucional".