Organizaciones ambientales y cooperativas de recicladores urbanos presentarán este lunes un amparo judicial contra la ley que permite volver a incinerar basura en el área metropolitana, aprobada en mayo pasado por Cambiemos y sus aliados en la Legislatura porteña. El titular de una de las entidades que judicializarán la quema de basura, Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), adelantó los fundamentos a PáginaI12, y sostuvo que “vamos a plantear la inconstitucionalidad de la modificación de la ley de Basura Cero, por no respetar los procedimientos legales para su aprobación. Además, porque viola una ley nacional que no permite la incineración de los desechos”. 

Un mes después de que el larretismo aprobara la Ley 5.966, para modificar la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, conocida como de Basura Cero, por haber adoptado ese paradigma como meta de gestión, el ODC, la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace, Avina y la Asociación por la Justicia Ambiental anunciaron que recurrirán a la presentación “de amparos colectivos ambientales en defensa del ambiente urbano de la ciudad y del paradigma de Basura Cero”.

La ley aprobada, que impulsaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el vicejefe, Diego Santilli, y el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, modificó seis artículos de la ley de Basura Cero. El punto clave de la modificación fue levantar la prohibición de incinerar los residuos y, en su lugar, autorizar la incineración bajo el  proceso de termovalorización, es decir, quemar basura y transformarla en energía. Pero también, y no es menor, se cambiaron las metas de la ley para la reducción de los desechos, estirando los plazos originales.

La modificación abrió un abanico de críticas contra Cambiemos: 1) por la metodología utilizada en la Legislatura para su aprobación, 2) por el fracaso de las metas de la ley, 3) por el impacto ambiental desastroso que tendrá la quema y 4) por el golpe social que tendrá sobre los más de seis mil recicladores registrados en la Ciudad, cuya materia prima se verá en peligro de extinción.

Según explicó Baldiviezo, los argumentos que sostendrán el amparo se fundan en que “la ley tiene debilidades constitucionales. Se ha violado el procedimiento constitucional de doble lectura, que implica convocar a audiencia pública. Esto se aprobó en simple lectura, sin la participación ciudadana. Si bien hay una deuda histórica en la ciudad por la falta de un Código Ambiental, la no existencia del mismo no implica que se pueda defraudar a la Constitución (porteña), que sostiene que toda norma que debiera estar en ese Código es de doble lectura”.

Además, el presidente de ODC, quien también es abogado, sostuvo que la modificación aprobada viola la Ley Nacional de Gestión de Residuos Domiciliarios (25.916), que prohíbe la incineración de la basura.

“La ley nacional establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, el piso mínimo de garantías en las provincias y en la Ciudad, y ningún distrito puede dar menos derechos. Y esta ley autoriza el reciclaje, no la incineración”, sostuvo el letrado, y remarcó que “la ley votada en la Legislatura va en contra del estándar mínimo a nivel nacional, es decir, viola el principio de progresividad y no regresividad de las leyes”.

Por otra parte, de acuerdo con las organizaciones que presentarán el amparo, la nueva ley no establece las garantías necesarias para no violar otras leyes, entre ellas, la de Residuos Peligros y la de Residuos Patológicos. Y señalan que la autorización para incinerar también va contra la ley de Basura Cero, porque ese concepto, consensuado a nivel internacional, es una gestión de residuos que tiende reducir el enterramiento y la incineración de residuos sólidos urbanos. 

En este sentido, Baldiviezo recordó que “en 2005 (cuando se sancionó la ley) la ciudad fue vanguardia en el mundo al incorporar este paradigma. Y 13 años después, esto implica cambiarlo y retroceder en los derechos ambientales que, una vez conquistados, el Estado no puede volver atrás”.

En cuanto a la conflictividad social que va a generar la quema, Alejandro Valiente, integrante del equipo técnico de Faccyr, advirtió a este diario que “con esta modificación está en riesgo el trabajo de miles de compañeros y también la salud de la población”.

“Si se empieza a quemar, con todo lo que falta en reciclado y separación en origen, el material de nuestros compañeros va a desaparecer”, dijo Valiente. Y a contramano del discurso oficial que sostiene que en la Comunidad Europea la incineración funciona, explicó que “en Europa se han quitado los incentivos a la generación de basura (los altos costos de generar energía con basura incentiva su producción), y los incineradores se están desinstalando. Los esfuerzos los ponen en reciclar y fomentar una separación, que es más exigente y requiere de tres o cuatro contenedores”. Y remarcó que “la ley de Basura Cero era muy buena, ya que marcaba ritmos y objetivos. En lugar de mejorarla, cambiaron las metas y el rumbo”.