A los múltiples factores que ponen bajo tensión el mercado cambiario amenaza con sumarse uno más: el retiro de depósitos en dólares de ahorristas privados. La urgencia del Gobierno por obtener un desembolso rápido del FMI, que las autoridades aspiran no sea menor a los 10 mil millones de dólares, responde también a esa cuestión. El enorme costo asumido en mayo para pasar el súper martes de las Lebac, con pagos extraordinarios al sistema bancario y la aceptación de tasas de interés al 40 por ciento, fue apenas un analgésico frente a la corrida, pero claramente la inestabilidad no ha sido superada. Así lo demuestra la continuidad de una corriente intensa de demanda de divisas en los mercados mayorista y minorista, con la percepción generalizada de que el dólar todavía no encontró su techo. La acentuada caída de las reservas del Banco Central es la contracara de ese proceso. La confesión de Federico Sturzenegger de que las tasas seguirán en niveles máximos por un buen tiempo es otro síntoma de la misma enfermedad. El equipo económico se aferra a la ilusión de que un aporte significativo del Fondo Monetario le permita hacer pie para empezar a estabilizar las cargas. Por ahora eso no ha ocurrido. Al cabo de un mes desde la estampida del tipo de cambio, la salida de dólares de los bancos se acerca a los 1000 millones. La cancelación de depósitos privados totalizó al 30 de mayo, último dato publicado por el Banco Central, 791 millones de dólares. Es una cifra menor en términos relativos, ya que representa apenas el 3 por ciento de los ahorros que había en los bancos el 2 de mayo pasado (26.565 millones), pero con el paso de los días va adquiriendo más cuerpo y se convierte en otro elemento que refleja la pérdida de confianza en el Gobierno para superar lo más agudo de la crisis financiera.

  La solución que ofrece la Casa Rosada para evitar un desmadre generalizado es el sacrificio del crecimiento económico y una devaluación “controlada”. Ese es el esquema básico de las negociaciones con el FMI a cambio del auxilio crediticio. Es decir, hipotecar el futuro para no sucumbir en el presente. Es una apuesta que al día de hoy ni siquiera tiene el resultado asegurado, pero que en esos términos ya condena a millones de argentinos a pagar las consecuencias de políticas neoliberales que, otra vez, han provocado daños severos sobre las posibilidades de desarrollo nacional y en el tejido social. Además, conllevan una pesada herencia para el gobierno que asuma en 2019, que tendrá limitadas sus posibilidades de ejercer un plan autónomo bajo la auditoria permanente del FMI. Mauricio Macri y su gabinete actúan frente a esta realidad con el mismo desparpajo con el que prometieron que bajo un gobierno de Cambiemos no habría ajuste, devaluación, tarifazos, despidos de empleados públicos, pérdida de derechos de los trabajadores, quitas para los jubilados, eliminación de espacios culturales, cancelación de Fútbol para Todos, más impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría y pobreza cero. El truco ya no les resulta tan redituable como en el pasado, a juzgar por la unanimidad de las encuestas, pero al menos conservan el corazón de un blindaje mediático desvergonzado que les evita condenas mayores.

  El ajuste fiscal inédito por unos 200 mil millones de pesos que se está por acordar con el FMI augura un deterioro de la actividad que ya arrancó después de la devaluación, y que se hace visible con los anuncios de cierre de empresas y despidos masivos por todo el país. El sector público contribuirá a esa tendencia con el achicamiento de los planteles en ministerios, organismos descentralizados y empresas del Estado, además de la disminución de obras de infraestructura. El clima recesivo asociado a semejante contracción fiscal dará como resultado este año un crecimiento nulo o, como máximo, del 1 por ciento, de acuerdo a las estimaciones que todas las semanas revisan a la baja consultores de la city, quienes a principios de año acompañaban el optimismo de las autoridades con una proyección de suba del PIB del 3,2 por ciento en la encuesta del Banco Central. En la agenda del Gobierno no figura ni de cerca clausurar la brecha fiscal apostando a una mayor expansión de la economía, con herramientas de estímulo fiscal, crediticio y de ingresos populares como las que utilizó el kirchnerismo frente a desafíos similares. Mucho menos se le ocurre buscar recursos en los sectores de mayor capacidad contributiva, quienes vieron disminuidas sus cargas estos dos años y medio a expensas de las mayorías populares. La opción de restablecer retenciones a los grandes exportadores rurales, a las mineras y a la industria concentrada, anular la aplicación de rebajas de contribuciones patronales a la seguridad social, volver a ubicar el impuesto a la riqueza (Bienes Personales) en los niveles de 2016, dejar sin efecto el achicamiento de tributos a los autos de alta gama, entre otras medidas, no figura en el menú oficial de recomposición de las cuentas públicas, concentrado únicamente en el esquema de ajuste que ahora también reclama el Fondo Monetario. Cuando Macri se pregunta de dónde sacar la plata para no bajar subsidios a los servicios públicos debería recordar que en todas esas ventajas a los poderosos de la Argentina tenía una fuente suculenta de recaudación. Sí se puede, debería repetirse como en tiempos de campaña.

  A pesar de la convicción del Gobierno para descargar el ajuste en los eslabones más débiles, el laberinto que armó con sus propias medidas hoy le pone un desafío mayúsculo para encontrar la salida. Lo explica bien el ex viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis, en su último paper. “La quita de subsidios se ha demostrado estanflacionaria, al incrementar los precios y los costos y desacelerar la actividad producto de la baja capacidad de sustitución por parte de la demanda ¿Por qué entonces el empeño del Gobierno en continuar con esa medida? Porque es la única forma de cumplir con el objetivo de eliminar el déficit fiscal”, señala. Los recortes en choferes, autos y viáticos por 20 mil millones de pesos que anunciaron ayer Nicolás Dujovne y Andrés Ibarra son apenas el 10 por ciento de lo que exige el FMI. El punto sensible, entonces, vuelven a ser los subsidios a las tarifas de luz, gas, agua y transportes. Sin embargo, la devaluación que ya se ha producido y la que todavía resta por convalidar conspira contra esa quita, porque encarece los costos de importación de energía y porque con una economía en recesión, el peso de los subsidios en las cuentas nacionales se acrecienta. Es lo que ocurrió en 2014 y 2016, recuerda el titular de la consultora PXQ. “En ambos años, a pesar que se realizaron quitas de subsidios, el peso de los mismos sobre el PIB y sobre las cuentas públicas aumentó”, sostiene. En consecuencia, para alcanzar el objetivo fijado en el presupuesto de este año, que era disminuir la carga de los subsidios a 1,6 puntos del PIB, el Gobierno deberá elevar las tarifas entre un 15 y un 25 por ciento más de lo previsto. Eso significa unos 3000 millones de dólares adicionales a aportar por los sufridos usuarios. Es una misión complicada frente a la resistencia política y social que está encontrando el Gobierno en este tema. Pero si no lo logra, incumplirá las metas con el Fondo Monetario y pondrá en riesgo el auxilio financiero. Una situación similar se observa con la carga de intereses de la deuda en moneda extranjera, que a raíz de la devaluación agregó un gasto fiscal de unos 54 mil millones de pesos, según el cálculo de la ex presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, en el último informe de FIDE. Otro tanto ocurre con el precio de los combustibles, también atados a la evolución del dólar, que obligan al Ejecutivo a elegir entre compensar a las petroleras o permitir que descarguen un aumento de hasta 40 por ciento en el segundo semestre.  En resumen, en el mejor de los casos para el Gobierno, si logra sortear las amenazas del mercado cambiario que todavía acechan, lo que sigue es una pelea de frente contra toda la sociedad para imponer un ajuste salvaje, o buscar la comprensión del FMI. Esto último tampoco será fácil, dado que los países europeos del organismo no parecen dispuestos a dispensar un trato distinto a la Argentina que el que le dieron a Grecia, España o Portugal. Como se ve, el Gobierno está contra las cuerdas, y eso es lo menos grave de toda esta situación.