El ministerio de Trabajo consiguió ayer que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) no reciba dinero de sus afiliados por débito automático. Ayer ingresó un expediente a la cartera que conduce Jorge Triaca a partir de una “consulta” de Metrovías. El expediente fue girado el mismo día al Banco Central, que de manera automática emitió una Circular, en la que avisa a las entidades bancarias que “bajo ningún concepto” se pueden hacer débitos a las cuentas bancarias de empleados afiliados al sindicato del subte. Así, los metrodelegados no pueden debitar a los afiliados a la AGTSyP que colaboran de forma voluntaria a través del CBU.
Según el abogado laboralista Guillermo Gianibelli, asesor del sindicato, respecto de la actitud de la empresa, “al tiempo que consulta sobre los débitos de las entidades bancarias que ‘estarían’ realizándose de la cuenta sueldo de los trabajadores en concepto de cuota sindical a favor de ‘una’ entidad sindical, aclara que la empresa no toma intervención alguna en ello –como es obvio– y que la misma sólo retiene cuotas sindicales a través de los recibos de sueldo. ¿Para qué consulta entonces?”.
Desde el sindicato denunciaron que así se violenta la libertad sindical, ya que no se puede financiar, y además se atenta contra la libertad del trabajador afiliado que decidió aportar al gremio. Al mismo tiempo, se mantiene el aporte compulsivo del uno por ciento del salario de cada trabajador a la UTA, gremio minoritario en el subte.
El ministerio fundamentó la decisión en un artículo de la ley de asociaciones sindicales, según el cual “la retención de la cuota sindical que debe hacer el empleador es sólo a favor de las entidades sindicales con personería gremial”. Para Gianibelli “el Estado argentino ha resuelto que uno puede hacer con su cuenta bancaria lo que quiera salvo pagar la cuota sindical” y constituye “una demostración de la decisión estatal de arrasar con una experiencia sindical inédita”.
Para Gianibelli se trata de “una confabulación muy nítida” en la que aparecen “áreas diversas del gobierno, tanto nacional como la de Ciudad, una empresa que acepta dócilmente instrucciones de aquella, y hasta el mismísimo Banco Central que debiera preocuparse más por las Lebacs”. La consecuencia es “el apartamiento absoluto del Estado de Derecho”.
Desde el sindicato no dudaron en afirmar que “no cabe la menor duda, de que la necesidad del gobierno de Mauricio Macri de ‘barrer’ con un sindicato como la AGTSyP en el subte, está directamente vinculada con acuerdos espurios orientados a cumplir con las exigencias impuestas y entregar la concesión a un nuevo grupo empresario”.
Los metrodelegados entraron en conflicto con el gobierno porteño por la paritaria. La Corte Suprema apartó de la negociación al sindicato al negarle personería gremial y así el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pudo acordar el 15 por ciento de aumento con la UTA. Los metrodelegados iniciaron un plan de lucha con apertura de molinetes y paros en las seis líneas y el premetro, que derivaron en el arresto de un grupo liderado por Néstor Segovia la semana pasada.
En rigor, la propia Corte Suprema estableció que si bien no se puede negociar paritarias sin personería gremial, los sindicatos con inscripción simple gozan de todos los demás derechos. La conducción del gremio debate ahora qué pasos seguir desde lo legal y ver contra quién accionar: si contra el Central por la Circular, o contra el ministerio de Trabajo que giró el expediente a la entidad financiera.
