Desde Santa Fe.
Miguel Lifschitz privilegió los acuerdos políticos en el Frente Progresista en su decisión de promover como vocales del Tribunal de Cuentas a otros dos funcionarios afines al gobierno: el ex secretario de Ingresos Públicos Sergio Beccari y el abogado radical Lisandro Mariano Villar. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y el Colegio de Abogados de Santa Fe impugnaron las designaciones ante el propio Poder Ejecutivo y le pidieron que no envíe los pliegos a la Legislatura, pero el gobernador los despachó igual porque Beccari integró el equipo del Ministerio de Economía hasta diciembre de 2017 y Villar es secretario del bloque de diputados del radicalismo NEO, que responde al vice Carlos Fascendini y al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. A juicio de los impugnantes, la movida jaquea la "independencia" del Tribunal de Cuentas porque Beccari tiene una "incompatibilidad" legal para ocupar el cargo durante dos años hasta 2020 y Villar carece de "experiencia" y "formación académica". Fascendini ya mandó a tratar los pliegos y sus observaciones (que Lifschitz mandó en un expediente aparte, que hoy está blindado en la comisión bicameral de Acuerdos), así que la Asamblea Legislativa está prevista para el jueves 14 de junio, el día que comienza el Mundial.
El debate por el pase de funcionarios del gobierno a los organismos de control ya se planteó en la penúltima Asamblea Legislativa, pero en los corrillos, no en el recinto. Fue el 19 de abril, cuando los diputados del Frente Progresista y los senadores del PJ aprobaron en tiempo récord la designación de tres directores del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress): el radical Oscar Pintos, el ex concejal del PDP en Sunchales Horacio Bertoglio y la abogada socialista Anahí Rodríguez. Una sesión express de sólo diez minutos y votación unánime (41 a 0) porque hubo 28 ausentes, entre ellos los diputados del PJ y de la Alianza Cambiemos, que vaciaron sus bancas para no convalidar los ascensos, ni siquiera con abstenciones o votos en contra. Pintos va por su tercer mandato desde 2012, Bertoglio por el primero y Rodríguez pasó de ser asesora del bloque de diputados socialistas -‑que integra Clara García, la esposa de Lifschitz-‑ a presidenta del Enress, en un mes.
La Facultad de Derecho de la UNL y el Colegio de Abogados de Santa Fe le plantearon al gobernador que la designación de Beccari y Villar afectará la "independencia" del Tribunal de Cuentas de la provincia. Y coinciden en que el ex secretario de Ingresos Públicos tiene una "incompatibilidad" legal para ocupar el cargo. Lo dice la ley 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado en su artículo 195: "No pueden ser vocales del Tribunal de Cuentas: los que hayan desempeñado cargos, en los últimos dos años inmediatos anteriores a su designación, cuyas funciones sean materia de contralor por parte del Tribunal de Cuentas y que manifiestamente los coloquen en estado de incompatibilidad".
Beccari integró el equipo económico de Lifschitz hasta diciembre de 2017. Por lo tanto, "se encuentra expresamente inhabilitado" para el ascenso. "Los claros fundamentos de imparcialidad que fija la ley al establecer esta inhabilitación, es la de evitar que el mismo funcionario encargado de administrar nuestros impuestos sea quien controle su propia gestión", advirtió la Facultad de Derecho.
El Colegio de Abogados coincidió que Beccari ocupaba un cargode "elevada envergadura"en el Poder Ejecutivo. "En razón de su función, sus decisiones tenían gravitación e incumbencia sobre la marcha del Estado santafesino". Por lo tanto, "no basta" que tenga antecedentes profesionales "reconocidos", sino que es "indispensable que detenteindependencia" del gobierno de Lifschitz. Si Beccari es designado "revisaría ex post facto expedientes, gestiones, actos administrativos generados por órganos administrativos de los cuales él mismo formaba parte. Esto luce, obviamente, reñido con la independencia e imparcialidad en el control público, y empañaría cualquier intervención de este funcionario respecto de decisiones tomadas por sus ex colegas de gestión, cuando no por él mismo", alertó el Colegio.
El Tribunal de Cuentas --insistió-‑ "es un órgano de elevada importancia en la órbita del Estado provincial", "es imprescindible" "salvaguardar su jerarquía" y "la anhelada independencia" como órgano de control del gobierno.
