Si el gobierno hubiese decidido poner retenciones de 10 por ciento al maíz y al trigo, el recuperó fiscal hubiese sido de 9840 millones de pesos para el primer caso y de 6750 millones para el segundo, según un informe de CEPA. La estimación se realizó considerando las exportaciones concretadas de cada cultivo en 2017, como base. A su vez, el informe remarca que se hubiese decidido mantener las retenciones de la soja en 30 por ciento para todo este año (en lugar de bajar a 24 por ciento hacia diciembre), el recupero fiscal hubiese trepado a 11.500 millones de pesos. El gobierno, sin embargo, decidió finalmente dejar las retenciones sin cambios.  

El Estado nacional, por lo tanto, se perdió en total de recuperar un total de 28.100 millones de pesos para 2018, que el gobierno de Macri había resignado apenas asumió. Este es un valor de referencia, dado que para ello deberían mantenerse al mismo nivel las exportaciones que 2017, algo que seguramente se reduzca dada la sequía de este año. 

Ahora bien, si se hace el ejercicio de estimar cuánto se pierde de recaudar el Estado por haber modificado el esquema de retenciones de diciembre de 2015, ello arroja un total de 66.131 millones de pesos a 2018, aproximadamente (de nuevo con los datos de exportación de 2017 y al dólar a 25 pesos). 

Con el maíz se perdieron 19.675 millones de pesos en un año (tenia alícuota a 20 por ciento). Con el trigo, si hubiesen seguido las retenciones de 23 por ciento, hoy se estarían recaudando 15.531 millones de pesos al año.

La reducción planeada desde 35 al 30 por ciento de la alícuota para soja entre diciembre 2015 y diciembre 2017 implica, por año, un costo de 19.425 millones de pesos. Adicionalmente, reducir 0,5 puntos por mes a la soja para el 2018 llegaría a significar 11.500 millones de pesos de costo fiscal. Es decir si en 2018 se aplicaran las retenciones originarias de 35 por ciento la recaudación de retenciones a la exportación de soja sería de 30.925 millones de pesos. 

El Gobierno evaluó a mediados del mes pasado restablecer una retención de 10 por ciento para trigo y maíz y frenar la baja escalonada de la retención a la soja debido a la necesidad de reducir el déficit, tal como le exige el Fondo Monetario Internacional, pero sus compromisos con el sector agroexportador se terminaron imponiendo.