Desde Santa Fe

 El Senado acordó una preferencia para tratar este jueves el proyecto de ley del bloque de senadores del PJ que declara la "emergencia tarifaria" en la provincia por un año, consagra una fórmula polinómica que le pone un tope a los tarifazos (pero no los congela, como plantea la Cámara de Diputados) y crea una comisión bicameral para estudiar en seis meses los costos de la EPE, que es uno los grandes secretos en el mundo político. La iniciativa ya tiene el acuerdo de la secretaria de Energía, Verónica Geese, quien la semana pasada pasó por el despacho del vicegobernador Carlos Fascendini, respondió las consultas de los senadores y después consideró que éste proyecto era "más viable" que el de los diputados porque "no hace planteos demagógicos" ni "apela a las reglas de la magia". Si el Senado vota la ley, Diputados quedará en la encrucijada de considerar la media sanción o insistir con el proyecto del grupo de los 15 (once del PJ y cuatro de centro izquierda) que congela las tarifas a noviembre de 2017, suspende los aumentos de 2018 y constituye un Fondo Compensador de 7.500 millones de pesos para no desfinanciar a la empresa eléctrica.

Los senadores del PJ decidieron impulsar la "emergencia tarifaria" en Santa Fe ya sobre el fin del período ordinario. El proyecto ingresó al Senado el 19 de abril, pero recién se acordó tratarlo en el recinto después de la reunión con Geese, el miércoles último. Incluso, la funcionaria lo consideró "positivo" y "posible de cumplir" porque "no hace planteos demagógicos", ni "apela a las reglas de la magia porque el dinero de algún lado tiene que salir. El proyecto de los senadores es buscar soluciones que tengan un equilibrio, es más viable", agregó.

Al gobierno le gusta más el proyecto del Senado que el de Diputados. "No hace demagogia", valoró Geese.

Según el texto del Senado, la "emergencia tarifaria" será por un año a partir de la promulgación de la ley, por "el alto impacto" que ha tenido en la provincia la escalada de las tarifas de la EPE y de las cooperativas eléctricas del interior.

La clave para poner un tope a los aumentos es "una forma polinómica de ajuste de tarifas" que combinará cuatro variables:

*El aumento de la energía mayorista que paga la EPE (en un 50 por ciento).

*El incremento salarial acordado en paritarias con los trabajadores públicos (en un 20 por ciento).

*El índice de precios al consumidor elaborado por el IPEC (en un 20 por ciento).

*Y otros costos de la EPE (en un 10 por ciento).

La idea de los senadores es que ese tope se aplique con carácter retroactivo desde el "último trimestre de 2017", lo que significará un crédito a favor de los usuarios que sería prorrateado en las facturas de este año.

El artículo 3º de la ley crea una comisión bicameral integrada por tres senadores y tres diputados para analizar el "costo EPE", que según uno de los autores del proyecto que trata la Cámara baja, Héctor Cavallero, es uno de los "grandes secretos de Estado" de la provincia. La comisión tendrá seis meses para analizar el cuadro tarifario de la empresa, "los distintos ítems que la componen" y pedir toda la "información o asesoramiento" que sea necesario a la Secretaría de Energía, a la EPE y a otras áreas del Poder Ejecutivo. Y luego deberá elaborar "un proyecto de reformulación del esquema tarifario, evaluando previamente los costos y gastos de cada una de las prestadoras a fin de emitir opinión acerca de las tarifas establecidas y medidas aplicables, para lograr una mayor eficiencia en la prestación del servicio".

La tarea de la bicameral se podría superponer con la comisión técnica de análisis de las tarifas que Miguel Lifschiz decidió crear por decreto y sobre la cual la Cámara de Diputados le pidió que incorpore también a las entidades que representan a los usuarios. "Ya comenzamos a hablar con las asociaciones de usuarios para incorporarlas y esta semana lo vamos a analizar con el gobernador", dijo Geese.

Las "erogaciones" que demande la ley de "emergencia tarifaria" se financiarán con el Fondo Anticíclico creado en 2009 por el gobierno de Jorge Obeid (Fondo de Estabilización Fiscal y de Inversión Pública de Santa Fe, ley Nº 12.403) y "otros recursos" que asigne Lifschitz.