La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó ayer a 127 el número de personas que han muerto en Nicaragua desde que el 18 de abril se iniciaran las protestas contra el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
“Según nuestros datos, las protestas han causado 127 muertos y cerca de un millar de heridos”, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, el jurista brasileño Paulo Abrao, en una conferencia en la sede en Washington del centro de análisis Diálogo Interamericano. Para entender la magnitud de esta tragedia, Abrao recordó que las sangrientas manifestaciones entre abril y julio de 2017 en Venezuela, un país seis veces más grande que Nicaragua, se saldaron con 112 fallecidos.
Abrao denunció que la respuesta de las autoridades nicaragüenses a las protestas ha sido “muy desproporcionada”, con el objetivo de crear un ambiente de “intimidación y terror”.
Además, criticó que, según los testimonios consultados por la CIDH, numerosas autopsias no han sido realizadas de manera adecuada, muchos heridos han recibido el alta “con premura” y la Policía nacional nicaragüense ha atacado a ambulancias, entre otras cuestiones.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) acordó la semana pasada con la CIDH y el Gobierno de Nicaragua crear un grupo para investigar los hechos de violencia, formado por integrantes seleccionados por la comisión interamericana.
Respecto a ese equipo, Abrao explicó que la CIDH está en la fase final de selección de los miembros que viajarán a Nicaragua “en los próximos días o en una semana”. El grupo, que emitirá un informe en un plazo de seis meses, analizará las líneas de investigación de las protestas y realizará “recomendaciones estructurales y de reformas legislativas” para evitar que esta situación vuelva a ocurrir, según el brasileño.
La 70 Asamblea General de la OEA, que comenzó ayer en Washington, estudiará una declaración “en apoyo al pueblo de Nicaragua” en su 48 periodo de sesiones, según dijo el presidente de la Asamblea, el ministro de Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga.
Desde el 18 de abril, Nicaragua vive su crisis más sangrienta desde los años 80 con 127 muertos y cerca de un millar de heridos, según la CIDH.
Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron por unas reformas fallidas de la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del presidente, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
La violencia se ha intensificado en los últimos días y solo en la “Madre de todas las marchas”, celebrada el 30 de mayo, hubo 15 muertos y 199 heridos, de acuerdo a cifras del propio gobierno. La actuación del gobierno de Nicaragua fue condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el movimiento Amnistía Internacional y el Parlamento Europeo, entre otros.
