Desde Paraná

El intendente de Paraná, Sergio Varisco (Cambiemos), se retiró preocupado pero sin inconvenientes por la misma puerta por la que dos horas después un concejal de su partido y una funcionaria de su gobierno saldrían esposados rumbo a la cárcel de la capital entrerriana.

“No formo parte de ninguna banda”, había contestado el jefe comunal ante la pregunta de un periodista sobre su presunta vinculación con la organización que encabezaba Daniel Celis, dedicada a la venta de cocaína en distintos barrios de la ciudad.

Las sospechas surgieron a partir de la interceptación de mensajes y escuchas telefónicas en una investigación contra la banda de Celis. Según pudo reconstruir PáginaI12, habría comunicaciones que el líder de la organización mantuvo desde la cárcel con su pareja, Luciana Lemos, y con el concejal Pablo Hernández. En los audios se cruzan reclamos de Celis por contratos y compromisos que Varisco habría asumido durante la campaña electoral de 2015; y el intendente aparece mencionado. También apareció su nombre y el de otros funcionarios en un cuaderno con anotaciones que llevaba Lemos y que se encontró en un allanamiento donde se incautaron 3,5 kilos de cocaína.

Celis fue detenido el 9 de agosto de 2016, a raíz de un hecho que se presentó como un intento de asalto a mano armada en una estancia de Las Cuevas, a pocos kilómetros de Paraná y por ese hecho fue condenado a siete años y medio. Pero la organización narcocriminal siguió funcionando bajo el comando de su hermano, Miguel Ángel Celis, hasta mayo de 2017, en que varias personas fueron interceptadas descargando más de trescientos kilos de marihuana de una avioneta en un campo cercano a la capital entrerriana. 

En aquel momento, Celis fue acusado de organizar y financiar una estructura dedicada al comercio de estupefacientes y en aquella causa surgieron indicios sobre un acuerdo político entre Celis y el concejal Hernández, pero también se descubrió que la banda utilizaba camiones municipales para el reparto de la droga; sin embargo, no surgieron pruebas de que hubiera una connivencia de las autoridades municipales.

Con el tiempo, la estructura se reorganizó, se reconvirtió al negocio de la cocaína bajo el liderazgo de Luciana Lemos –y el control omnisciente de Celis desde la cárcel– y así funcionó al menos durante este año.

El juez sospecha que Varisco aportaba dinero para que la organización liderada por Tavi Celis se aprovisionara de cocaína que luego vendía en barrios de Paraná; y a su vez recibía estupefacientes para su comercialización. Eso dice la imputación.

Luego de escuchar la acusación, el intendente hizo una declaración y respondió las preguntas que le formuló el juez Leandro Ríos, como también sus defensores, Rubén Pagliotto y Miguel Ángel Cullen. Varisco admitió que conoce a Celis por haber compartido actos políticos, pero aseguró que nunca le compró ni le vendió nada; en cambio, dijo no conocer a Luciana Lemos y se despegó de las anotaciones halladas en la casa de la mujer, en las que aparece su nombre y también el del concejal Pablo Hernández y la funcionaria y agente de policía Griselda Bordeira.

En la puerta de los tribunales, luego de la indagatoria, Varisco hizo una breve declaración a los medios: “Respondí todas las preguntas que se me hicieron; estoy a disposición de la justicia, por eso vine, respondí, como corresponde, y me retiro”, dijo.

Rubén Pagliotto, uno de los defensores de Varisco, explicó que el intendente “fue imputado por un concurso de hechos que pasan por el transporte y la comercialización de estupefacientes y él aparecería como financiador de los mismos”, aunque consideró que la imputación estaría vinculada con aportes que Celis pudo haber realizado durante la campaña de 2015.

Pero si el hecho de que el intendente tuviera que declarar por sus vinculaciones con el narcotráfico había provocado un cimbronazo político en las filas de la coalición de gobierno, la detención del concejal Pablo Hernández y de la subsecretaria de Seguridad de la Municipalidad Griselda Bordeira fueron un terremoto inesperado.

Sus nombres también aparecen en las escuchas telefónicas y en el cuaderno que llevaba Lemos. De acuerdo con esos audios, Hernández era el blanco de los reclamos de Celis por las promesas incumplidas en campaña y para que sus allegados sean incorporados a la planta de contratados del municipio.

El juez Ríos cree que hay elementos suficientes para considerar a Hernández como nexo entre el gobierno municipal y el narcotraficante Celis.

También Bordeira, que además es suboficial de la Policía de Entre Ríos, está sindicada como vínculo entre el municipio y la banda narcocriminal, en virtud de que aparece mencionada en las escuchas telefónicas y su nombre figura en las anotaciones de Lemos.