El gobierno creó una comisión técnica permanente para revisar los regímenes jubilatorios diferenciales destinados a los trabajadores que realizan tareas determinantes de vejez o agotamiento prematuro. La intención oficial es recortar estos beneficios como parte del plan de ajuste fiscal que exige el Fondo Monetario Internacional.

El presidente Mauricio Macri había dado a entender que se avanzaría en esta dirección el pasado 17 de mayo durante la inauguración de una estación de la línea H de subte. “Parte de la sociedad que queremos construir tiene que ser más justa, que todos trabajemos la misma cantidad de horas, la misma cantidad de días, la misma cantidad de años, y cada vez mejor”, sostuvo entonces. Ese mismo día insistió con el tema al participar en un acto en Córdoba junto al gobernador Juan Schiaretti. “Por una Argentina sin privilegios, donde todos trabajemos lo mismo”, subrayó. Luego fue más explícito todavía al decir que el “el sistema [jubilatorio] seguirá siendo público, universal y de reparto, pero también tiene que ser justo para que todos los argentinos trabajemos al mismo tiempo. Creo que debemos eliminar las jubilaciones de privilegio”.

El presidente habló de “jubilaciones de privilegio”, pero la reforma apunta fundamentalmente contra docentes, científicos e investigadores e integrantes del Servicio Exterior. También podría afectar a aquellos trabajadores que se desempeñan en tareas insalubres como recolectores de residuos o mineros, aunque es probable que cuando se decida avanzar con los cambios se presente a través de algún diario oficialista algún ejemplo que genere indignación en la opinión pública, como se hizo cuando se les decidió recortar los remedios gratuitos a los jubilados.

En el gobierno aseguran que la idea de terminar con los regímenes especiales no es nueva y se retrotrae a la década del 90 cuando Carlos Menem intentó avanzar y fue frenado por el peronismo bonaerense liderado por Eduardo Duhalde. De hecho, en los considerandos de la resolución 194, publicada ayer en el Boletín Oficial, se aclara que el 6 de noviembre de 1996, el Poder Ejecutivo elevó a consideración del Congreso un anteproyecto de ley sobre jubilaciones diferenciales, el cuál finalmente perdió estado parlamentario.

La nueva resolución establece que la comisión deberá elaborar en el plazo de un año un informe sobre las actividades que merecer ser objeto de un régimen previsional diferencial, consignando los requisitos de edad, servicios y cotizaciones adicionales para su elevación al Ministerio de Trabajo. 

El flamante organismo estará presidido por el secretario de Seguridad Social e integrada por seis representes: dos de la secretaría de Seguridad Social, dos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y dos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, los que serán designados por las autoridades máximas de los organismos a los representan. 

La resolución aclara además que cuando se analice cada régimen diferencial en particular, la comisión deberá sumar dos representantes de las asociaciones sindicales con personería gremial y dos de las organizaciones de empleadores del respectivo sector de actividad. 

Por último se aclara que la comisión será asistida por un equipo técnico de ergónomos, ingenieros y médicos laborales provistos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y un equipo técnico de actuarios, demógrafos y economistas aportados por la Secretaría de Seguridad Social y por la Anses.