El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi citó a indagatoria al fiscal Federico Delgado como sospechoso de haber filtrado información sobre la causa donde investigaba la muerte de cinco jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp, en abril de 2016. Se basó en una denuncia que hizo Víctor Stinfale, uno de los principales acusados y procesados como organizador de la fiesta donde circulaban y se comercializaban drogas sintéticas frente a los ojos de funcionarios del gobierno porteño. El fiscal Franco Picardi había dictaminado que se debía archivar el tema porque no veía delito alguno. Pero el juez le dio crédito al planteo del abogado y empresario, que dijo que se había enterado de que lo detendrían a través de los medios mientras había secreto de sumario. Además, prometió en televisión: “Me lo voy a cargar fiscal Delgado”. Stinfale tiene procesamiento confirmado por la Cámara pero logró que, además de desplazar a Delgado, el tribunal también apartara al juez federal Sebastián Casanello cuando estaba por elevar la causa a juicio oral con más de treinta procesados. La causa sobre los hechos y las muertes también la tiene Martínez de Giorgi desde agosto pasado, y quedó casi paralizada. El caso no fue a juicio oral aún, pero el fiscal fue citado como imputado.

Delgado tiene un panorama penal complejo en la actualidad, ya que a la denuncia que le hizo Stinfale por Time Warp, donde ahora la citan por incumplimiento de deberes de funcionario, este año se sumaron otras dos causas penales. Una surgió de una denuncia en su contra que hizo el juez Claudio Bonadio por una presentación del jefe de la AFI, Gustavo Arribas,  y también lo denunció Jorge “Corcho” Rodríguez. La primera causa la tiene Daniel Rafecas, la segunda, también Martínez de Giorgi. También tiene un sumario abierto en la Procuración. Es una especie de cerco que se configuró en los últimos meses. Coincide también con la publicación de un libro de Delgado que se llama Injusticia, sobre la trama de funcionamiento de Comodoro Py.

En la causa sobre la fiesta Time Warp, Stinfale estuvo detenido y cuando salió en libertad fue al programa “Animales Sueltos” y prometió: “Yo me voy a cargar al fiscal Delgado, a él nunca le interesó esclarecer el hecho, con cinco pibes muertos (...) Este tipo termina en indagatoria. Termina procesado”, prometió. La denuncia penal decía que había violado el secreto de sumario, porque los medios se enteraron de su detención antes que él. El fiscal al que le tocó la denuncia, Picardi, evaluó que la denuncia de Stinfale era producto de su disconformidad en la causa, donde está involucrado, pero que no había un delito penal de por medio. Además, señaló que era imposible determinar si la fuente de la filtración era Delgado porque muchas personas trabajan en el expediente. 

La defensa de Delgado también planteó que no era cierto que en las fechas señaladas por Stinfale hubiera secreto de sumario. El 3 de mayo de 2016, que trascendió su detención, no hubo secreto durante el horario laboral de tribunales sino cuando terminaba. Había vencido el día anterior y pasó casi un día hasta que se reanudó. Tampoco regía el 16 de mayo, cuando se conoció el pedido de procesamiento y prisión. Martínez de Giorgi hizo otra evaluación y lo citó para el 19 de junio. “Las pruebas indican que en ese lapso (del 22 de abril al 3 de mayo de 2016) habría revelado información sensible al trámite de la instrucción, reservada a su conocimiento en razón del ejercicio de su función, suministrando a distintos medios de comunicación cauces de investigación y prueba realizada en secreto”, dice la resolución.

Durante la investigación de la Time Warp los organizadores estuvieron presos, entre ellos Stinfale, considerado socio oculto de Energy Group y Dell Producciones, Adrián Conci –presidente de Dell– y Maximiliano Avila –apoderado–. Pero también fueron procesados 30 funcionarios del gobierno porteño y agentes de la Prefectura. Delgado y Casanello sostuvieron que la fiesta en cuestión era el disfraz de otros negocios, como la venta de drogas sintéticas y de botellas de agua que se cobraban 100 pesos, en un predio habilitado para 13 mil personas, donde entraron 20.500 y había solo tres ambulancias. La imputación fue “comercio de estupefacientes y abandono agravado de persona seguido de muerte”. La Cámara luego confirmó los hechos e imputados pero cambió la calificación y puso facilitación de un lugar para la comercialización de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas. Tras esa decisión aparecieron los prófugos. Hoy no hay nadie preso, ni juicio en camino. Los familiares esperan los resultados de una pericia sobre las causas de las muertes.