La jugada macrista para poner en agenda el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner tras la derrota por el tarifazo no pasó de una operación política. Ayer los presidentes de bloque, reunidos en Labor Parlamentaria, acordaron mayoritariamente que deben computarse los días hábiles (y no corridos) para establecer el vencimiento del pedido realizado por la justicia. Al concluir la reunión, el jefe del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenoff, sostuvo que la caducidad podría ocurrir en los primeros días de septiembre aunque más tarde indicaron en un comunicado oficial que sería recién a fines de noviembre. Por su parte, desde el FpV-PJ el neuquino Marcelo Fuentes calificó como “una estupidez, una barbaridad y una vergüenza” la voluntad de avanzar con el desafuero ya que prácticamente todos involucrados en la causa del Memorándum con Irán ya fueron excarcelados. “Fue como una reacción de chicos. Perdieron la votación del otro día y se enojaron. Ahora pretenden generar un clima. Cuando la gente está preocupada por las tarifas, por cómo llega a fin de mes y cómo sigue la vida de los argentinos, nosotros estamos discutiendo si los días son hábiles o inhábiles”, protestó Fuentes, jefe de la bancada que integra la ex presidenta.

El viernes pasado, pocas horas después del veto de Mauricio Macri a la ley que retrotraía el tarifazo en los servicios públicos, la Cámara Federal afirmó que el fiscal Alberto Nisman había sido asesinado producto de su denuncia por traición a la patria contra la ex presidenta y varios funcionarios. Casi de inmediato, el bloque de senadores de Cambiemos presentó una nota solicitando una sesión especial para ayer a las 18, ante la posibilidad de que venciera el 7 de junio el pedido de desafuero realizado el 7 de diciembre por el juez Claudio Bonadío, a cargo de investigar aquella denuncia realizada por Nisman. En esa misma nota dirigida a Gabriela Michetti, el oficialismo consideró que los plazos debían ser contados en días hábiles pero pedían que, ante la posibilidad de una interpretación distinta, se convoque a una reunión de Labor Parlamentaria para aclararlo. Por las dudas, también pedían una sesión especial para ese mismo día.

“Convocar a Labor para definir esto es, como mínimo, una estudipidez al lado de los problemas que hay en el país”, remarcó Fuentes al salir de la reunión. “Es una especie de distracción. No tenía el menor sentido la reunión. El tema era poner en la tapa de los diarios ‘se posterga el tratamiento del desafuero’. En realidad no va a haber tratamiento porque es abstracto. No sólo se cambió la naturaleza de la imputación, se cambió la autoridad que la juzga y, fundamentalmente, en el delito residual imputado ya hubo excarcelación de los imputados anteriores, señal de que no tiene el menor sentido todo esto”, aseguró el neuquino. Fuentes reflejó así los cambios que sufrió la causa judicial en los últimos meses: la Cámara Federal revocó la imputación original por traición a la patria y dejó solamente el delito de encubrimiento. Con motivo de ese cambio de calificación ya fueron excarcelados otros acusados como Carlos Zannini, ex secretario legal y técnico de la presidencia, y el dirigente social Luis D’Elía, entre otros. También cambió el tribunal que debía juzgar el caso, ya que la Corte Suprema invalidó por irregularidades en su conformación al Tribunal Federal Oral número 9 y reclamó un nuevo sorteo.

Consciente de su debilidad de argumentos, el oficialismo intentó bajar el tono en la reunión de presidentes de bloque. Se escudó en que no se trataba de una cuestión política sino “institucional” y que debía dar garantías a la sociedad de que se cumpliría con la ley. Según fuentes que participaron de la reunión, las principales respuestas vinieron de los tres sectores del peronismo. Adolfo Rodríguez Saá recordó que ninguno de los pedidos de desafuero que ingresaron en el Senado en los últimos años fueron tratados y que no hubo debate alguno respecto de los plazos: Carlos Menem (con condena ratificada por segunda instancia por contrabando de armas a Ecuador y Croacia), Juan Carlos Romero (acusado de enriquecimiento ilícito, cercano al oficialismo) y la ex senadora Luz Sapag (cuyo mandato concluyó en 2007), entre otros casos. 

El jefe del interbloque de Argentina Federal, Miguel Pichetto, coincidió en que el planteo deviene en abstracto por los cambios en la causa judicial. El rionegrino, además, ya había afirmado públicamente que no acompañará ningún pedido de desafuero que no esté fundado en una sentencia firme. Esa postura fue ratificada por sus voceros el mismo viernes en que Cambiemos presentó la nota, dando otra vez por tierra con la posibilidad de que prosperara la jugada oficialista.

A su turno, el kirchnerismo insistió en que era una maniobra para desviar la atención y detalló los argumentos judiciales por los que el desafuero ya no tiene razón de ser. Sin embargo, respecto de la interpretación de los plazos dejó asentada una posición distinta: que deben computarse en días corridos, es decir a contramano de lo propuesto por Cambiemos y los otros bloques. Los representantes del FpV-PJ señalaron que cuando (como en este caso) la ley no especifica si los días son hábiles o corridos, debe guiarse por la legislación de fondo, que es el Código Civil. En su artículo 6, el código prevé que, salvo mención expresa en contrario, se computan días corridos. Además, el kirchnerismo recordó que cuando se aprobó la modificación de la ley de fueros, en 2001, había cinco proyectos. Cuatro contemplaban expresamente la caducidad computando días hábiles, mientras que sólo uno no lo especificaba. Es decir que los legisladores eligieron expresamente no poner esa aclaración.

Una vez saldada la cuestión de cómo contar los 180 días previstos en el artículo 2 de la ley de fueros, al finalizar el encuentro se produjo otra confusión. Naidenoff afirmó que el plazo vencería “los primeros días de septiembre”, ya que empezaba a contar desde el día en que Bonadío envió el pedido al Congreso. Sin embargo, en un comunicado oficial, el interbloque Cambiemos corrigió esa postura: sostuvo que los 180 días hábiles rigen desde el momento en que el pedido ingresó formalmente a la comisión de Asuntos Constitucionales, el 21 de marzo pasado. Según estos cálculos, el vencimiento rondaría los últimos días de noviembre. 

Más allá de la cuestión reglamentaria, la situación de CFK continuará sin resolverse por una cuestión política. El oficialismo está muy lejos de conseguir el número necesario para quitarle la inmunidad legislativa. Tiene tan solo 25 senadores y requiere el apoyo de 48.