En la Argentina vivimos hoy un panorama de creciente concentración de la propiedad de medios de comunicación, de centralización geográfica de la producción de contenidos, mientras los medios públicos se desempeñan como medios gubernamentales y se profundiza la exclusión de determinados sectores sociales y de las organizaciones sin fines de lucro y los pueblos originarios. Todo ello conlleva la pérdida de derechos en materia comunicacional (restricción de oportunidades de expresión, menos voces y menos pluralidad de perspectivas, entre otras situaciones). Existe también en el país una multiplicidad de expresiones de comunicación (artísticas, culturales, radiofónicas, de producción audiovisual, comunitarias y populares, para mencionar algunas y sin pretender agotar la lista) que apenas sobreviven y cuya incidencia real en el escenario político comunicacional es escaso o directamente nulo.
Dicho esto sin dejar de reconocer el trabajo y la contribución que hacen admirablemente redes de radios, de medios comunitarios, populares, alternativos, de las universidades, de emprendimientos cooperativos, propuestas digitales, de conectividad. Se trata de experiencias tan valiosas como indispensables. Sin ellas el desierto info comunicacional sería francamente desolador.
Sin embargo, todo lo anterior resulta por lo menos insuficiente frente a la fabulosa maquinaria del poder mediático concentrado en alianza con actores políticos. Es muy limitado desde el derecho a la comunicación, pero también para los derechos humanos y, en general, para la democracia en todas sus dimensiones.
Durante la gestión del Frente para la Victoria, especialmente a través de la ley de servicios de comunicación audiovisual (LSCA) se dieron pasos sumamente significativos e importantes. En cuanto a participación, a pluralidad de voces y de miradas. Faltó –como en otros campos de la vida política y pública– sentar firmemente las bases del cambio que se estaba promoviendo a través de la aplicación de la normativa, generando institucionalidad y, muy especialmente, afianzar la ley con decisiones de políticas públicas de comunicación que alcanzaran el nivel de políticas de Estado.
Cambiemos llegó al gobierno con la firme decisión de hacer blanco en la LSCA y, rápidamente, se encargó de desguazarla para inutilizar una herramienta legal que se había construido con esfuerzo, militancia, tesón y, sobre todo, mucha participación de actores diversos y plurales. La nueva prometida ley no llega y el Gobierno maneja la comunicación como una mercancía entregada al mejor postor. La producción informativa es cada vez más homogénea. A esto se suma, la generación permanente de noticias falsas o inexactas, o de versiones sesgadas e interesadas sobre hechos de gran trascendencia pública.
Como consecuencia se profundizó la invisibilidad de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad social, se multiplicaron las representaciones estigmatizantes y los discursos de odio que potencian la desigualdad y atentan contra la cohesión social. Los medios comunitarios se ven especialmente afectados en este contexto, dado que carecen de apoyo por parte del Estado y el desarrollo de sus capacidades profesionales y su infraestructura institucional depende por completo de sus propios recursos.
Por otra parte la historia político institucional en Argentina es rica en la generación y desarrollo de espacios organizativos e institucionales que impulsaron la defensa y consolidación de los derechos humanos.
Pero tales desarrollos han sido sectoriales, hacia el interior de cada espacio, sin articulaciones eficaces y sustentadas que habrían permitido incrementar la incidencia tanto a través de la difusión del conocimiento y la comunicación, como de la vinculación entre actores sociales, redes de comunicación, organizaciones gremiales y sociales, instituciones educativas y movimientos sociales.
Frente a esta realidad, en defensa integral de los derechos humanos y como manera de ineludible de recuperar la vigencia del derecho a la comunicación, es necesario generar sin dilación alguna espacios de articulación entre distintos actores sociales (medios de comunicación masivos y comunitarios, sindicatos y organizaciones sociales) para desarrollar acciones que instalen en la agenda pública –con información veraz y profesional– las problemática de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad social, sus necesidades y puntos de vista.
Que ello ocurra se convierte también en condición esencial para garantizar en el país el surgimiento de nuevas alternativas políticas con raíces genuinamente democráticas.
* Licenciada en Comunicación Social. Docente investigadora UNLP-UBA. Integrante Dercom-UBA.
