El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso y Administrativo y Tributario Nº2 ordenó al gobierno porteño a retomar la negociación salarial con los Metrodelegados y lo exhortó a dejar sin efecto las sanciones que había tomado contra ellos la empresa Metrovías por los paros y apertura de molinetes concretadas en el último mes y medio.

La medida judicial es una respuesta favorable a un amparo presentado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), luego de que la administración de Horacio Rodríguez Larreta la dejara afuera de la negociación paritaria que cerró con la UTA y, además, presentara pedidos de desafuero a los trabajadores que participaron de medidas de fuerza.

El fallo firmado por el juez Andrés Gallardo también dispone que los Metrodelegados deberán abstenerse de volver a concretar una medida de fuerza durante los próximos dos meses y ordena a las empresas Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y Metrovías a no incorporar personal interno no calificado para tareas de guarda y conductor en reemplazo de los trabajadores que realicen ceses de tareas o paros.

“Esperamos que las autoridades acaten la orden y convoquen a la mesa paritaria”, expresó la AGTSyP a través de un comunicado en el que recordó que “siempre sostuvimos nuestra vocación de diálogo con la empresa y el Gobierno de la Ciudad, llamándolos a la reflexión y a que retomen las negociaciones paritarias”.

El reclamo de fondo de los Metrodelegados fue que el gobierno porteño reabra la paritaria que firmó con la UTA, el otro sindicado del sector, por un aumento de 13,2 por ciento dejando afuera a la AGTSyP, luego del revés que sufrieron de parte de la Corte Suprema, que dejó en suspenso la vigencia la personería gremial que los habilitaba a discutir salarios.

Ante la negativa de la Ciudad de discutir con ellos en la mesa de negociaciones, realizaron apertura de molinetes y paros rotativos desde finales de abril pasado. Esto les valió hace dos semanas una intervención judicial con orden de represión, la detención de 16 delegados, una posterior sanción contra los que participaron de esas medidas de fuerza y el despido de dos trabajadores.