Nos manifestamos contra el proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional 26.052 que transfiere a la Provincia de Santa Fe la persecución penal del narcomenudeo. En una reunión que desarrollamos en el Colegio de Abogados de la ciudad de Santa Fe, presidida por la Defensora Provincial, Jaquelina Ana Balangione, y con la participación de los consejeros representantes del Senado Provincial, Defensores Públicos, Colegio de Abogados de la primera y segunda circunscripción, Sindicato de Trabajadores Judiciales, la Asociación Santafesina de Apoyo a las Personas con Trastornos Mentales (ASAPEM), Mujeres tras las Rejas, y Defensorias Regionales.
La Defensora Provincial puso a consideración del órgano asesor del SPPDP la intención hecha pública por las autoridades provinciales de adherir a la provincialización de la persecución e investigación de los delitos relativos al narcomenudeo, consultando la postura de cada uno de los integrantes. Por amplia mayoría, los consejeros se manifestaron en contra de la iniciativa parlamentaria.
Si bien cada uno de los integrantes siguió su propia línea de fundamentación, se compartió en términos generales la preocupación por el tratamiento exclusivamente penal de los problemas vinculados a los últimos eslabones de la cadena de estupefacientes.
En general, preocupa la falta de acceso a otras políticas de Estado para dar respuesta a la problemática que afecta la salud pública, teniendo en cuenta además que la provincialización del delito no lleva a una solución.
La intención de criminalizar el narcomenudeo roza necesariamente con la criminalización del consumo. Se advirtió que quienes tienen pequeñas dosis de estupefacientes son consumidores habituales o pequeños vendedores según el criterio que se decida adoptar en cada caso individual.
Por otro lado, el problema de la droga resulta hoy competencia de la Justicia Federal en función de la complejidad que presenta, los enormes volúmenes de recursos económicos y logísticos que implica, su carácter transprovincial y transnacional. La adhesión a la Ley Nacional implica escindirlo en innumerables pequeñas causas orientadas a encerrar a los últimos puntos de consumo y venta.
