El enfoque de salud pública basado en el género parte del reconocimiento de que las diferencias entre varones, mujeres y otras identidades genéricas sirven para determinar cómo difieren los resultados, experiencias y riesgos sanitarios en la población en el entrecruzamiento con otros determinantes como la clase social, el grupo cultural y la generación de pertenencia. Integrar la perspectiva de género en la salud pública significa tener en cuenta las diferentes necesidades y problemas basados en las diversidades de género que deben ser incluidas en todas las fases del desarrollo de políticas y programas de salud. 

Las desigualdades de género constituyen un obstáculo para el acceso a una salud integral, que se exacerba en las poblaciones más vulnerables (OPS; 2010). En particular, las mujeres, como sujetos sociales especialmente estigmatizados y subvalorados, encuentran problemas particulares en el acceso a la salud integral durante los años reproductivos o fecundos (entre los 15 y los 49 años). En ese período, muchos de los problemas de salud son exclusivos de las niñas y las mujeres, aunque se suela invisibilizarlos. Por ejemplo, las complicaciones del embarazo y el parto son la causa principal de muerte en las mujeres de entre 15 y 19 años en los países en desarrollo. Y en Argentina, la interrupción de los embarazos inducidas o no, constituyen la principal causa de muerte de personas gestantes en general y una alta tasa de morbilidad, lo que se observa en la gran cantidad de hospitalizaciones vinculadas a la práctica (54.000 en 2016). Más de medio millón de mujeres se someten a abortos clandestinos cada año en el país y más de tres mil mujeres han pagado con su vida por la criminalización del aborto desde 1983. La falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo  el aborto legal, es un factor que lleva a las mujeres a ser víctimas de violencia institucional. 

En la reducción de la morbimortalidad de mujeres hay dos vías principales para transitar: la primera es la de las políticas públicas como oferentes de dispositivos de prevención y promoción de la salud; y, la segunda, es la de las mismas mujeres, como demandantes de servicios en su calidad de ciudadanas (López; Findling 2003).

En este marco, consideramos que la interrupción del embarazo debe ser comprendido como un problema de salud pública en el que se encuentran implicados el conjunto de lxs profesionales del campo de la salud y que debe abordarse desde una perspectiva de género, frecuentemente ausente en la formación de profesionales del campo. Por ello, desde 2016, un conjunto de docentes, investigadoras y estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires comenzamos a impulsar la Cátedra Libre por el Derecho al Aborto en Psicología, que se inscribe como una de las iniciativas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Libre y Gratuito para llevar el debate sobre la cuestión a los espacios de formación de profesionales que tendrán un rol fundamental en la garantía del derecho a la salud de las mujeres. 

Entre las iniciativas y acciones desarrolladas desde la Cátedra Libre, a finales de 2017, decidimos impulsar una investigación sobre el tratamiento del tema del aborto en el plan de estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, así como también, la opinión de docentes y futuros graduados sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. 

En el estudio participaron 571 personas de diversos géneros, estudiantes, docentes y graduadxs. Nuestro propósito fue motivar y crear las bases para que lxs psicólogxs, como profesionales de la salud, profundicemos en el análisis del tema y construyamos mejores herramientas para una praxis comprometida con los derechos humanos de las mujeres. 

¿Quiénes participaron del estudio? Conforme a la distribución por género en la facultad, el 77 por ciento de los 571 participantes, fueron mujeres; el 22 por ciento, varones; y, el 1 por ciento tenían otras identidades genéricas. En cuanto al rango de edad esta fue de 18 a 63 años, pero casi la mitad tenía entre 24 y 35 años.

Entre los principales resultados, encontramos que el 98,5 por ciento de la población encuestada estaba de acuerdo con que la temática del aborto se trabaje en la currícula de la carrera. Sin embargo, solamente el 33 por ciento de la población participante había trabajado la problemática en materias de la carrera. Las respuestas que aludieron a los motivos de por qué se debería trabajar en nuestra formación el tema fueron las siguientes: “Porque es un tema de relevancia social”, “Porque es un tema o una problemática que atraviesa nuestra práctica profesional”, “Porque es un tema de salud pública y de políticas públicas”, “Porque es un derecho” y “Porque es una necesidad que nuestra formación considere la perspectiva de género”. Estos datos indican el reconocimiento de la vacancia del tema en la formación profesional que se torna más evidente en un contexto en donde el debate viene cobrando relevancia en el debate social. Sin embargo, los participantes señalaron que carecen de herramientas teóricas y hasta jurídicas para poder pensar el rol de la psicología ante la temática en el campo de las prácticas.

En cuanto a la modalidad de tratamiento en el escaso número de participantes que lo había abordado en el cursado de alguna materia, la mayoría (51 por ciento) solo había trabajado el aspecto de la responsabilidad subjetiva de las personas ante la interrupción desconociendo datos epidemiológicos, jurídicos y hasta de las políticas y programas de salud para las mujeres.

No obstante, otro dato significativo del estudio fue que el 91 por ciento de los participantes se manifestó a favor de que se apruebe un proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo. De los cuales, el 66 por ciento se presentaba de acuerdo con el derecho de las mujeres por la interrupción en todos los casos; mientras que el 25 por ciento estaba a favor de la interrupción voluntaria solo en algunos casos. Solo el 3 por ciento se manifestó en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y un 6 por ciento señaló no tener posición tomada.

Resulta interesante destacar que, a mayor edad o experiencia de vida, por ejemplo, en función del conocimiento de personas que hubieran interrumpido un embarazo, los datos mostraron mayor porcentaje de personas a favor de que se apruebe un proyecto de ley a favor de la interrupción del aborto en todos los casos. 

Para lograr un descenso sostenido de estas problemáticas es necesario ampliar las oportunidades educativas, formativa y adecuar el sistema de salud para acoger necesidades de atención específicas y resolver la formación deficiente en materia de educación sexual integral, incluyendo la información y el debate del problema del aborto, con perspectiva de género, también en la formación universitaria. En términos generales el resultado del estudio devela la vacancia del tema pero, al mismo tiempo, la necesidad expresada de adecuar los contenidos formativos a las problemáticas actuales que la sociedad.

* Integrantes de la Cátedra Libre por el Derecho al Aborto en Psicología. Docentes e investigadoras UBA.