En materia de comunicación la alianza Cambiemos ha ido adoptando una serie de medidas que implican prácticamente el desguace y la desnaturalización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522). Mientras tanto, se avanza con medidas que reconfiguran el escenario comunicacional del país y, según muchas opiniones, se pierden derechos de las audiencias. En ese contexto, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DP), organismo creado en el marco de la ley y cuya misión es promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual, sigue funcionando aunque de manera irregular. 

El 14 de noviembre de 2016 cesó en su mandato la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, y la Comisión Bicameral del Congreso optó por no designar a un reemplazante ni tampoco renovar el mandato de la defensora saliente. Desde entonces, y por decisión de la Comisión Bicameral, la abogada María José Guembe, directora de Protección de Derechos de la Defensoría, cumple funciones como máxima autoridad del organismo, acompañada en esta tarea por el director de Capacitación y Promoción de la DP, el comunicador Ernesto Lamas, responsable del despliegue territorial del organismo. Lo que fue inicialmente una solución transitoria se prolonga en el tiempo sin que aparezcan alternativas. María José Guembe y Ernesto Lamas dialogaron con PáginaI12 para referirse a la situación del organismo.

–¿Cómo describirían la situación actual de la Defensoría? ¿Puede decirse que continúa la acefalía?

Ernesto Lamas: –Efectivamente. No ha sido elegido el defensor o defensora luego de la finalización del mandato de Ottaviano, en noviembre de 2016. En este momento, quien está a cargo es María José Guembe que cuenta con una autorización por parte de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la ley 26.522. De todas maneras, el organismo continúa trabajando y durante estos meses se mantuvieron activas sus principales líneas de acción, realizamos dos audiencias públicas y seguimos tramitando reclamos y consultas. A pesar de los cambios realizados por decreto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) las audiencias de todo el país acuden al organismo y una buena parte de los reclamos se solucionaron positivamente.

–¿Está funcionando la Comisión Bicameral?

María José Guembe: –La conformación de la comisión es de 16 miembros, 8 por cada cámara. Es una comisión permanente de seguimiento de la comunicación audiovisual y las tecnologías de las telecomunicaciones. Como la conformación anterior caducó el 9 de diciembre pasado, este año tienen que ser elegidos los nuevos miembros. Ya están nombrados los ocho senadores, faltan los diputados y luego deberían elegirse autoridades de la comisión. Seguramente tendrán una agenda cargada porque en 2017 no se hicieron reuniones. Uno de los temas pendientes es la cobertura del cargo de Defensor del Público.

–¿Cuál es el aporte que la DP puede hacer a los actuales debates legislativos sobre la cuestión comunicacional?

M. J. G.: –La Defensoría es un organismo que convoca permanentemente a la participación ciudadana. Desde que comenzaron a debatirse proyectos de ley que afectan la comunicación audiovisual, la convocatoria estuvo centrada en recibir opiniones para realizar aportes a esos proyectos. Por eso presentamos propuestas fundadas en la perspectiva de las audiencias. Este mes, la Defensoría fue invitada a exponer ante las Comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Educación y Cultura del Senado sobre el proyecto de ley de “Fomento del despliegue de infraestructura y la competencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS)”. Se acercó la perspectiva de las audiencias en cuanto a la necesidad de preservar su derecho a una comunicación diversa, plural y federal.

–¿Y cuál es la evaluación que hacen del proyecto denominado “ley corta”?

M. J. G.: –Consideramos que el proyecto es regresivo en materia de derechos y por eso creemos que si prosperara, debería ser modificado para asumir los compromisos internacionales que surgen tanto de la Convención sobre la Preservación y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de Unesco como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

–¿Qué subsiste de la LSCA después de los sucesivos decretos que la fueron desguazando?

E. L.: La LSCA sigue vigente en su mayor parte más allá de los cambios por decreto que le hizo el Gobierno para permitir la concentración. La comunicación audiovisual continúa siendo considerada una actividad de interés público y, por lo tanto, quienes acceden a una licencia para radio o televisión tienen obligaciones que cumplir. Entre ellas, promover los derechos humanos, no discriminar, respetar la igualdad entre mujeres y hombres y la igualdad de géneros en general, proveer herramientas para el acceso a la información de las personas con discapacidad, respetar regulaciones sobre el tratamiento de temas de salud, proteger a la niñez, entre muchas otras. 

–¿Cuál es la tarea que despliega la DP?

M. J. G.: –La misión principal del organismo es defender los derechos de las audiencias de radio y televisión consagrados en la LSCA. No tenemos capacidad sancionatoria sino que desarrollamos un mecanismo de diálogo y capacitación permanente con comunicadores, audiencias, empresas de medios y casas de estudio de todo el país. Además del seguimiento de las denuncias y consultas que realiza la ciudadanía, la Defensoría despliega líneas de capacitación a nivel nacional para trabajar sobre derechos de niños y adolescentes; géneros y diversidad; acompañamiento a medios sin fines de lucro (comunitarios y de pueblos originarios); accesibilidad y lengua de señas. Desde el año 2013 realizamos también un monitoreo de los noticieros de televisión abierta de la ciudad de Buenos Aires. 

–¿Existen otras defensorías de audiencias u organismos similares a esta en otras partes del mundo?

M. J. G.: –La Defensoría es la primera de su tipo en el mundo, ya que abarca a las audiencias de la radio y televisión de todo el país y de los tres sistemas de gestión: comercial, público y sin fines de lucro. Desde hace muy poco se creó una defensoría del público en Uruguay, y está en debate la creación de organismos similares en otros lugares del mundo. Están también los conocidos “ombudsman” en varios periódicos sobre todo en América del Norte y Europa y que son el antecedente de las defensorías audiovisuales. La Defensoría ha recibido reconocimientos internacionales diversos. Fue invitada a participar de Organization of News Ombudsmen (ONO), se constituyó como fundadora de la Organización Interamericana de Defensores de las Audiencias (OID) y, en el último tiempo, se le otorgó un premio de la OEA por el trabajo relacionado con la violencia mediática hacia las mujeres y la línea de acción de género y diversidad.

–¿Cuál es la visión que ustedes tienen sobre la situación de los medios en la Argentina?

E. L.: –En los últimos años se permitió una fuerte concentración. Ya veíamos con preocupación el escenario mediático en el momento de la sanción de la LSCA. Ahora la situación empeoró al punto que es difícil encontrar comparación en otros países. Nos referimos a la fusión autorizada por Enacom de Telecom y Cablevisión. A esa medida se pueden agregar muchas otras menos notables pero que afectan diariamente a las audiencias, como la decisión de dejar de considerar el cable como audiovisual.

–¿Qué es fundamentalmente lo que se está afectando?

E. L.: –Entendemos que esa concentración afecta el pluralismo, la diversidad, la libertad de expresión y, por lo tanto, condiciona la democracia. No es una buena noticia que solo sobrevivan los medios más fuertes ya que no puede ser el mercado el único ordenador del entramado mediático sino que debe haber garantías para la sostenibilidad de medios que den voz pública a todas las opiniones, miradas e información de distintas fuentes. Esa concentración además tiene otras consecuencias como los despidos en el sector audiovisual, que han sido numerosos y que afectaron particularmente a las voces disidentes. Existe además sobre explotación de periodistas y comunicadores, las condiciones laborales han empeorado y recibimos reclamos denunciando el achicamiento de los medios públicos.

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