La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia decidió tomarse todo el plazo que le otorga la ley para resolver si destruye o no las escuchas ilegales realizadas a la familia y al entorno de Santiago Maldonado, pero al mismo tiempo en el fallo ordenó investigar quién las filtró a los medios, y advirtió que quienes las difundan estarán cometiendo un delito de acción pública. Las escuchas fueron ordenadas a pedido de la recusada fiscal Silvina Avila por el ex juez del caso Maldonado, Guido Otranto, entre el 5 y el 22 de septiembre, lapso durante el cual fueron interceptados los teléfonos de Sergio Maldonado, la mapuche Claudina Pilquiman, el amigo de Santiago Ariel Garzí y una integrante de la red de apoyo a comunidades originarias de El Bolsón, con la justificación de la urgencia de encontrar al tatuador anarquista que, por entonces, estaba desaparecido. Sin embargo, hace un mes el actual juez de la causa Gustavo Lleral declaró que las escuchas son “ilegales e inconstitucionales” porque avanzaban sobre el derecho a la intimidad de las víctimas del caso. Por su parte, ayer ante los camaristas, Sergio Maldonado denunció que fue amenazado de muerte.

En diálogo con PáginaI12, la abogada de la familia, Verónica Heredia, subrayó que “en casos complejos” el Poder Judicial puede tomarse cinco días para resolver una cuestión de esta naturaleza pero destacó que, al mismo tiempo, “para que no se sigan divulgando las escuchas manda a la fiscalía a investigar y, obviamente, no lo puede hacer Avila porque nosotros denunciamos que en la cadena de custodia ella era una de las responsables”. La letrada agregó que “mientras se toman su tiempo las escuchas siguen saliendo en los medios, tomaron en cuenta eso porque acá hay una cadena de custodia que en algún lado se rompió”, agregó la letrada, que mañana participará de la audiencia por la recusación de la fiscal Avila en Rawson. La captación de las comunicaciones telefónicas está a cargo de una dirección que designó la Corte Suprema, un organismo que tiene entre sus responsables a Javier Leal de Ibarra, quien a su vez integra la Cámara de Comodoro Rivadavia. “Ayer dijimos que son responsables en primer lugar quienes hicieron la captación, luego el juez Otranto a quien se las remitieron, que a su vez las envió a la fiscal Avila, y desde que asume en la causa también es responsable el juez Lleral, en alguno de esos cuatro despachos se rompió la cadena; la Cámara dice que hay que investigar en qué momento sucedió porque leemos en los diarios que algunos periodistas escucharon el tono con que Sergio habló con Claudina”, explicó Heredia. “Les dije a los jueces, nos advierten que nos están escuchando porque el tono de las conversaciones no está en la transcripción que hay en el expediente, que es a lo único que hemos tenido acceso, y además ni siquiera sabemos si lo que difunden es verdad porque no hemos escuchado el audio original”, completó. Heredia deduce que si los artículos que divulgaron partes de estas conversaciones hacen mención al “tono” en que se produjeron es porque quienes los escribieron sí las escucharon, y por lo tanto alguna de las cuatro personas a cargo del material los filtró. 

Por su parte, Sergio Maldonado les dijo a los jueces de la Cámara que había recibido amenazas de muerte, y que los responsabilizaba de su integridad. “Incluso si le pasa algo a alguna de las personas que nos acompaña en nuestra búsqueda de justicia, porque estamos en este punto por culpa de la justicia, porque si hubiera actuado bien el año pasado y hubiera desplazado a Otranto, no hubieran sucedido todos los ataques que padecimos.” El hermano mayor de Santiago, quien durante la audiencia portó un pañuelo verde, también dijo que considera que la justicia es machista porque casi todos los tribunales son encabezados por  hombres.

“Insistimos en que no confiamos en nadie: el médico que estuvo en la morgue es el que filtró la foto de mi hermano; el juez, la fiscal y su secretaria en lugar de buscarlo nos escuchaban a nosotros; en lugar de sancionar a Otranto lo apartaron por prejuzgamiento; Leal de Ibarra está en el sector de las escuchas junto con Irurzun, el mismo que me tomó declaración en la causa de espionaje donde estamos con Matías Aufieri y Myriam Bregman”, dijo Maldonado a PáginaI12. “Querían mandar la denuncia a Otranto, cuando aún no sabíamos que nos estaba escuchando de manera ilegal, si no nos hubiéramos opuesto a que esa causa fuera a Esquel Otranto la hubiera cerrado, ni nos hubiéramos enterado que teníamos los teléfonos pinchados”, agregó. PáginaI12 informó que Avila y Otranto impulsan tres causas contra los testigos mapuches y los abogados peticionantes ante la CIDH, a quienes acusan ahora también de complicidad con el hermano de Maldonado, por haber “sembrado pistas y testigos falsos para inculpar a la Gendarmería”. Y en esos expedientes usaron como prueba parte de las escuchas declaradas nulas por Lleral. Por eso la fiscal Avila apeló la decisión de destruirlas.