El 6 de enero pasado el Gobierno declaró el 2018 como el “Año del Centenario de la Reforma Universitaria” para “evocar, analizar y actualizar el legado de esta gesta” estudiantil que “sentó las principales bases del actual sistema universitario nacional”. Cabe preguntarse si, además de tener un gobierno que evoca la Reforma de 1918, tenemos un gobierno consustanciado con su legado, que es el de la democratización universitaria. En ese sentido, podemos preguntarnos ¿qué piensa el presidente Macri de nuestras universidades nacionales (UUNN)?

El 31 de octubre de 2017, Macri dio un largo discurso que puede responder ese interrogante. Señaló que en los últimos diez años: (a) la cantidad de UUNN y la planta de docentes y no docentes de ellas aumentó un 30 por ciento pero la matrícula estudiantil solo un 13 por ciento; (b) la tasa de graduación de nuestras UUNN está entre las más bajas del mundo y entonces (c) las UUNN deben asignar los recursos según criterios de eficiencia y (d) las UUNN deben contribuir a reducir el gasto público.

Es notable el parecido de estas afirmaciones con las que, en los años 90, enarbolaron primero José Luis De Imaz y Enrique Bulit Goñi (1989/91) y luego Susana Decibe, durante los gobiernos de Carlos Menem, las que postulaban la necesidad de una “segunda reforma universitaria”. Vamos por partes:

(a) Es razonable que el crecimiento de la cantidad de instituciones, docentes y no docentes sea mucho mayor al del número de alumnos, porque cuando se crean UUNN en zonas vulnerables se debe ofrecer una masa crítica de carreras y servicios y salir a “cazar matrícula” sin garantías de éxito inmediato. Por eso es tan lógico que en la UBA, con 197 años de historia y 315 mil alumnos, haya “pocos” docentes por alumno como que tres universidades creadas en 2009 en Avellaneda, Florencio Varela y José C. Paz tengan una planta docente relativamente más numerosa para sólo 10 mil, 5 mil y 3 mil alumnos, respectivamente. 

b) El argumento de que entran 5 estudiantes y se recibe sólo 1 replica el del menemismo en 1994 al presentar la Serie de Estadísticas de las UUNN. Parece que hace falta de nuevo recordar que el ingreso directo es el motivo por el cual se da esta proporción y que si hacemos el corte después de completar el primer año las tasas de graduación son similares a cualquier país latinoamericano. La solución, para los no elitistas, no pasa por excluir mediante exámenes de ingreso, como en la dictadura, sino por mejorar la retención de aquellos que provienen de familias y escuelas medias vulnerables. Por otra parte, el hecho de que en nuestro país los estudiantes en su mayoría trabajan y que muchos comienzan “de grandes” una carrera universitaria (en la UBA el censo 2011 informa que el 62 por ciento de los alumnos trabaja y que la edad promedio de quienes cursan el CBC es 22 años) explican la “larga estadía” de muchos estudiantes en la universidad.

c) El financiamiento por “eficiencia” (faltó “y equidad” para completar la dupla menemista) conduciría a premiar a aquellas universidades que limiten el ingreso, arancelen o echen docentes y no docentes, recetas ampliamente difundidas por el Banco Mundial en los 90. Por otra parte, la limitación del ingreso y el arancelamiento están prohibidos por la Ley 27.204 (2015). 

d) Señalar a las UUNN como responsables de un excesivo gasto público fue el argumento central que usó Ricardo López Murphy para anunciar un brutal recorte del presupuesto educativo en 2001, lo que precipitó la movilización estudiantil y apresuró su salida del Ministerio de Economía.

La anunciada segunda reforma universitaria menemista se fundaba en la necesidad de focalizar el gasto educativo en la educación básica (a la que llegan masivamente los pobres) contraponiéndola a la educación superior (a la que los pobres llegan en menor porcentaje).

Esta posición es retomada por la gobernadora Vidal el 30 de mayo pasado, ignorando que según la EPH de 2015 el 12 por ciento de los alumnos de UUNN del área metropolitana (unos 38 mil) pertenece al quintil de menores ingresos, y contraponiendo de nuevo educación básica y superior, denunciando la inequidad (del menor porcentaje de pobres en la educación superior) no para reducirla sino para consolidarla. 

Ser reformista hoy es defender la democratización universitaria, iniciada con la gesta de 1918 respaldada por Yrigoyen, ampliada con la gratuidad establecida en 1949 por Perón, reafirmada con el fin de los exámenes de ingresos y aranceles de Alfonsín en 1984 y fortalecida con las nuevas universidades creadas en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Hoy, como en 1989/2001, tenemos que volver a defender y explicar lo que ya creíamos patrimonio de toda la sociedad: necesitamos más y no menos escuelas, universidades, docentes y estudiantes, ¡educación pública siempre!

* Doctor en Ciencias de la Educación (UNLP).