Luego de varias semanas de lucha sindical, con represión policial y detenciones incluidas, la Justicia obligó al Gobierno porteño y a Metrovías a reabrir la paritaria de los trabajadores del subte e incluir en la mesa de negociación a los metrodelegados. Al hacer lugar a la acción de amparo presentada por la Asociación Gremial de Trabajadores de Subtes y Premetro (AGTSyP) tras haber sido apartados de la negociación paritaria, el Gobierno y la empresa tienen diez días hábiles para convocar a una nueva mesa de negociación para discutir la recomposición salarial del corriente año con los metrodelegados. “Quedó al descubierto la mentira que el Gobierno y la empresa quisieron instalar de que nosotros no somos gremio. Ahora esperaremos a que se sienten a discutir porque es lo mejor para todos”, explicó el secretario adjunto del gremio, Néstor Segovia, quien aseguró que los trabajadores representados por esa asociación acatarán el fallo y cesarán las medidas de fuerza a la espera de que los empleadores y las autoridades gubernamentales también cumplan con la orden judicial.
La resolución fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso y Administrativo y Tributario 2 en base a un amparo que el propio Segovia presentó cuando la patronal y las autoridades porteñas excluyeron a los metrodelegados de las paritarias y cerraron un aumento del 15,2 por ciento con la Unión Tranviaria Automotor (UTA).
La resolución obliga al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a que reabra la paritaria y “convoque a una mesa negociadora a sus funcionarios, a Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), a Metrovías, a la UTA y a la AGTSyP”. Les puso un plazo de 60 días corridos y además, intima a Metrovías a “abtenerse” de incoporar personal externo o interno no calificado para “tareas de conducción o guarda de formaciones” y a “dejar sin efecto todas las sanciones administrativas, disciplinarias y o pecuniarias impuestas a los trabajadores que hayan sido motivadas por el accionar de aquellos en medidas de fuerza sindicales y a abstenerse de imponer nuevas sanciones”, planteó el juez Roberto Gallardo. Hasta el momento hay 194 suspendidos y tres despedidos.
“Consideramos que se hizo justicia. No sé si llamarlo logro, porque un logro sería conseguir una paritaria que sirva para paliar la cada vez peor situación de los trabajadores en las pésimas condiciones económicas en la que vivimos, pero por lo menos se hizo justicia al reconocer la verdad: que somos representantes de los trabajadores del subte, no como lo quisieron hacer creer con infinidad de mentiras el Gobierno y la empresa”, apuntó Segovia, quien denunció que el gobierno de Rodríguez Larreta y Metrovías “montaron una campaña muy maliciosa en contra de los trabajadores del subte y una persecución política contra los metrodelegados”.
Hace poco más de una semana, Segovia terminó detenido en el marco de la represión de la Policía de la Ciudad contra el reclamo de AGTSyP para participar en la negociación paritaria. “Yo tengo 52 años y nunca entré a un calabozo y estos me llevan como un delincuente por reclamar por mi salario. Es muy vergonzoso”, dijo el secretario adjunto de los metrodelegados.
Pero Gallardo no solo emitió órdenes a la empresa y al Gobierno. A los trabajadores afiliados a la AGTSyP los conminó a “abstenerse de adoptar (por el mismo plazo que dure la negociación) cualquier medida de fuerza que en forma directa o indirecta tuviera relación con la temática”. En ese sentido, Claudio Dellecarbonara, otro de los referentes del gremio, añadió en diálogo con la prensa que si bien el fallo “demuestra la legítima representación de la AGTSyP y su derecho a la negociación colectiva, intenta detener el plan de lucha mientras la paritaria de la UTA sigue vigente”.
Los metrodelegados, no obstante, acatarán el fallo durante el plazo que la autoridad judicial otorgó al Gobierno a poner en marcha la mesa de negociación que, según su entendimiento es de 12 días. Estarán atentos para “no quedar atados de pies y manos a una situación de incumplimiento de las otras partes”, apuntó Segovia: “Vamos a acatar el fallo siempre y mientras las partes cumplamos el acuerdo y lo que dice la Justicia. Resguardaremos nuestro derecho de huelga como herramienta para defender el resto de nuestros derechos, pero creemos que nos tenemos que sentar a discutir y a dialogar porque eso fue lo que reclamamos desde un principio: que nos dejen participar de la discusión”, completó.
A lo largo del último mes, los empleados del subte realizaron una serie de paros y apertura de molinetes en diferentes líneas del transporte bajo tierra en reclamo de su participación en la negociación paritaria, negada por Metrovías y el Gobierno porteño. Tras ser detenido, Segovia en nombre de los metrodelegados interpuso una acción de amparo ante la Justicia porteña que derivó en el fallo de ayer. En esa presentación, el secretario adjunto de la asociación gremial demandó al Gobierno porteño, a Sbase y a Metrovías para que “cesen en la vulneración de los derechos de libertad sindical, de representación de los intereses colectivos, de huelga, de no discriminación” entre varios otros puntos. Con la respuesta de Gallardo “quedó al descubierto la mentira de que no somos un gremio representativo. Había una campaña muy fuerte que insistía en que si el gobierno se sentaba discutir con nosotros violaba la ley y eso era una mentira. En ese sentido, se hizo justicia”, concluyó Segovia.
