167 causas judiciales se formaron desde el 1º de marzo de 2011 hasta el 29 de febrero de 2016 contra mujeres que se habían realizado un aborto, según un informe de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación (DGN), pero sólo se notificaron dos condenas y una suspensión de juicio a prueba. “Los procesos penales en trámite operan en sí mismos como un castigo aunque no concluyan con una condena, por la angustia y dificultades que generan en las vidas de las mujeres”, advierte el estudio. Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron las que más causas informaron –59 y 58 respectivamente–, seguidas por Corrientes –13 causas–, Buenos Aires –12 causas– y Santa Fe –7 causas–. Salta, San Juan y Tucumán no respondieron a la consulta de la Comisión, mientras que Buenos Aires, Jujuy y La Pampa sólo comunicaron cantidad de causas iniciadas. En al menos 7 oportunidades las causas se iniciaron cuando las mujeres intentaron buscar ayuda médica. Frente a la magnitud de la práctica del aborto, el informe de la DGN concluye que “el derecho penal fracasa en su finalidad de prevención y se presenta como una herramienta irrazonable e inconstitucional, pues genera más daños y sufrimientos de los que evita”.