Siempre es difícil aprehender de un manotazo todas las facetas de un fenómeno social en marcha. Los actores se mueven rápido. Evolucionan como un resorte y a veces involucionan de forma inesperada. Nada está quieto ni nada está dado ni finiquitado. Los escenarios estrenan cada mañana un nuevo formato. 

Eso es lo que está sucediendo en Nicaragua, donde el régimen político nicaragüense está fracturado desde su base.

Después del inicio de las acciones represivas contra la emergencia estudiantil a partir del 19 de abril (y que han continuado hasta este día, solo que ahora ya tienen más destinatarios), la situación política en Nicaragua es ahora de máxima inestabilidad y de pronóstico reservado.

La opción de choque frontal frente a la amplia movilización estudiantil y popular ha dado lugar a un cuadro inesperado de resolución al límite. 

Lo que ha eclosionado en Nicaragua de un modo un tanto espontáneo y diverso desde el 19 de abril es un auténtico proceso de insubordinación social, que en la región centroamericana actual comporta una compleja novedad. La idea de que todo esto es un montaje de intereses ajenos a Nicaragua no es más que una cortina de humo que pretende tapar el sol con un   dedo.

La forma de gestión política en Nicaragua está deslegitimada y esto explica la amplia repulsa ciudadana, que las gigantescas movilizaciones convalidan. Aunque el detonante podría situarse en las reformas de abril al Seguro Social, a estas alturas lo que hay es una clara tendencia hacia la redefinición estratégica de la esfera de poder estatal. Lo que está en juego ya no es solo unas demandas sociales sino que está sobre la mesa y en las calles el cese abrupto del actual gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. Y este es el punto neurálgico que definirá el curso de acción en lo inmediato.

La salida sin condiciones de las dos cabezas principales de ese gobierno facilitaría las cosas, pero no las resolvería, puesto que lo que requiere Nicaragua es una profunda remoción institucional. Desde el heterogéneo campo de la ciudadanía insubordinada las tareas están encaminadas en esa dirección. Incluso, en el llamado diálogo nacional esa es la posición: buscar el modo más rápido y efectivo para iniciar la recomposición nacional.

No obstante que se ha activado una amplia mayoría ciudadana organizada y movilizada en diferentes puntos del país y que adversa con manifestaciones y con cortes de ruta al actual gobierno del FSLN, también es cierto que ese gobierno ha establecido una línea clara para el manejo de la actual tensión, y que puede resumirse así: represión selectiva, diálogo nacional sin avanzar en ninguna dirección, generación del terror al promover y facilitar actos vandálicos y concesiones mínimas frente a la presión internacional.

Si el gobierno de Nicaragua no hubiese optado por la represión brutal y desde el primer momento se hubiera abocado a la exploración de interlocuciones confiables quizá se habría desactivado el descontento y este  grave momento no existiría. Pero ya es tarde para eso, porque los más de cien muertos en menos de dos meses provocados por la represión sitúan las cosas en un punto de no retorno.

Daniel Ortega, cabeza del gobierno nicaragüense, no se irá del solio presidencial por su propia voluntad. 

Sin embargo, existen al menos dos caminos para torcer esto: el primero, sería que los apoyos con los que aún cuenta, y lo sostienen, comenzaran a hacerse los desentendidos (el Ejército, al menos, se ha convertido en mudo testigo), y ya en un aislamiento definitivo, pues aquello cedería de cualquier manera; el segundo, mucho más complicado y que implicaría una nueva cuota de sangramiento para Nicaragua, consistiría en que la insubordinación social ampliara su escala, y sus modalidades de intervención y sus tácticas de calle y generase un cuadro generalizado en todo el país de alzamiento y resistencia populares que paralizara el país. Un paroxismo de masas, pues.

Para los países centroamericanos los acontecimientos nicaragüenses, como en los tiempos de la invasión filibustera de William Walker a mediados del siglo diecinueve, como cuando Augusto C. Sandino y el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua entre 1927 y 1934 lucharon contra la intervención extranjera, como cuando el FSLN (original, no este) entre 1977 y 1979 logró ponerse al frente de la amplia coalición nacional que derrocó a la dictadura somocista, de igual manera hoy, con el actual alzamiento generalizado, es indudable que significará un capítulo político de gran valor para los propios quehaceres locales.

* Director de REGION Centro de Investigaciones.