Forma parte del “sentido económico común” (apoyado con algún “sustento teórico” que se puede encontrar incluso en algunos manuales de Economía) que el aumento de salarios provoca inflación. En este razonamiento, todo aumento salarial deriva en un consecuente e inmediato “traslado a precios” por parte de las empresas que emplean a esos trabajadores y trabajadoras para resarcirse del costo laboral creciente y que no les disminuya la tasa de ganancia. Esta argumentación tan sencilla y que parece tan evidente es replicada hasta el hartazgo por los sectores empresariales, el gobierno y también en buena parte de los medios de comunicación invalidando y deslegitimando la lucha sindical por aumentos de salarios. El actual “techo” a las paritarias impuesto por la Alianza Cambiemos, además de perseguir la baja en los costos laborales medidos en dólares, tiene en esta falacia uno de sus fundamentos.
Si se admite ese razonamiento, ¿qué sentido tendría entonces pelear por un mayor porcentaje de aumento salarial en una paritaria? Poco o nada, ya que más temprano que tarde el incremento obtenido se esfumaría por la suba de precios que ocasiona. De este modo, si se considera que la principal causa de la inflación, cuando no la única, es el aumento de los salarios, resulta necesario, y así sucede, crear discursos que expliquen la “insensatez y la sinrazón” de los reclamos salariales. Se esgrimen entonces, razones de otra índole para explicar la protesta de las organizaciones laborales. Aparecerán las “motivaciones políticas” o el “tomar de rehenes” a la “gente”, sean estos clientes de los bancos, usuarios de un medio de transporte o estudiantes de las escuelas y universidades públicas, ya que, en términos económicos, no habría argumento alguno para justificar tan obstinada conducta sindical. Peor aún, incluso se llegan a exponer públicamente los sueldos que perciben los trabajadores y las trabajadoras del gremio en cuestión alimentando la división entre trabajadores y ciudadanía en general a través de la difusión de la idea “¿de qué se quejan con lo que ganan?”
Clásicos
Basta con echar mano a las ideas de algunos referentes y autores clásicos de la Economía Política, aún desde distintos paradigmas, como Ricardo, Keynes y Marx para rebatir esta idea de sentido económico común que se instala en la opinión pública y termina enfrentando a unos trabajadores con otros y deslegitimando toda lucha por mejora en las condiciones de salario y de trabajo.
David Ricardo, principal exponente de la denominada Economía clásica, argumenta en su principal obra, Principios de Economía Política y Tributación (1817), que toda suba de salarios (aún si esta fuera generalizada) no se traslada inmediatamente a precios ya que el valor de cambio de las mercancías no se determina por el trabajo “pago” sino por el incorporado es decir, por el materializado en el producto. Por lo tanto, lo que provoca un aumento de salario es una caída en las utilidades de los capitalistas.
En la más importante obra de Keynes, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero (1936), el autor sostiene que la lucha de los sindicatos por aumento salarial encuentra justificativo en posicionar relativamente a los distintos sectores de la clase obrera. Esto quiere decir que aquel grupo de trabajadores que consiga un mejor porcentaje de aumento salarial será el que mejor esté en relación al resto. Por tal motivo, es que cada sindicato intenta conseguir el mayor porcentaje posible de aumento salarial para no perder en la competencia con los otros. Recordada es la polémica al respecto, entre Keynes y Hayek (padre del neoliberalismo europeo) en la prensa británica en 1932. Mientras que para el primero para salir de la crisis era necesario desarrollar el consumo y la inversión mediante el aumento de salarios y una fuerte intervención pública; para el segundo lo que había que hacer era bajar los salarios para lograr el pleno empleo a través de los mecanismos de ajuste del mercado.
En títulos de Karl Marx como El Capital, tomo II (1885) y Salario, precio y ganancia (1865) se plantean de manera muy clara (y con mayor profundidad) la cuestión. En primer lugar, empíricamente se observa que la lucha por aumento salarial siempre es consecuencia y no causa de la suba generalizada de precios (inflación). Las organizaciones sindicales negocian aumento de salarios después que se produjo la suba de precios, para no perder poder adquisitivo, y no antes (la denominada “recomposición salarial”). En segundo lugar, ¿por qué deberían los capitalistas esperar a que les suba el costo laboral para aumentar el precio de sus mercancías? ¿Por qué no hacerlo antes y conseguir así un porcentaje mayor de ganancia? Pero además, todo trabajador o trabajadora tiene una única mercancía para vender de la cual depende su vida y la de su familia: su capacidad para trabajar (fuerza de trabajo). Esta mercancía tan particular no existe separada de su poseedor, está portada en su persona. Por lo tanto, de la venta constante de la fuerza de trabajo depende la adquisición del conjunto de mercancías (desde un plato de fideos hasta un corte de pelo o un viaje en colectivo) que sostienen su vida, que no es otra cosa que reproducción de la propia persona y del grupo familiar a cargo. La lucha salarial es la forma en la cual el obrero y la obrera pueden vender la fuerza de trabajo a su valor (o lo más cercano a éste que se pueda) y reproducir así esta particular mercancía en condiciones normales. En lo que parece un contrasentido, es una necesidad del capital esta “normalidad” no con la finalidad de reproducir al trabajador sino la relación social objetivada que pone en marcha (y explota) el trabajo social: el capital.
Puja distributiva
Los precios de una economía capitalista (siempre es bueno recordar que existen otros modos de organización social de la producción no basados en el intercambio mercantil) son el producto y resultado de la puja distributiva e implican necesariamente una transferencia de ingresos de un actor a otro. Es decir, la materialización de un precio (y la de todos los precios intermedios) determinan, en un momento dado, como una fotografía, el resultado de esa lucha entre cada uno de los actores que han participado directa o indirectamente en tal lucha, sean estos trabajadores, comerciantes, productores, sindicatos, grandes empresarios, especuladores, entidades financieras, medios de comunicación, gobierno.
Los salarios, en tanto “precio del trabajo”, no son la excepción. Una disminución del salario real como el registrado en estos dos primeros años de la Alianza Cambiemos y, de confirmarse la pauta del 15 por ciento de aumento promedio, el que se le sumará durante el 2018, implica una transferencia de ingresos desde los asalariados hacia las corporaciones que captan, vía precio (sea este final o intermedio) del producto o servicio que venden, lo que las y los trabajadores pierden.
La determinación de los salarios (y de todo precio en general) nunca es neutral, siempre tiene ganadores y perdedores y no hace más que expresar las contradicciones de este modo en que se organiza la producción social: el capitalismo. Del mismo modo, la acción gubernamental y las políticas públicas en las que se concreta, tampoco es neutral. Atacar y desprestigiar a las y los dirigentes sindicales, precarizar las relaciones laborales a través de un reforma laboral dividida en tres leyes que se manda al Congreso, afirmar que las y los trabajadores deben elegir entre “cuidar” el puesto de trabajo y exigir un aumento salarial, como decir que dicho aumento provoca inflación, es, en todos los casos, haber elegido a quienes se quiere beneficiar y a quienes perjudicar.
No debemos alarmarnos, como mencionaba el economista John Kenneth Galbraith, con la simplificación, la complejidad suele ser un recurso para reclamar sofisticación o para eludir verdades simples
* Docente UNLZ FCS. CEMU y capacitador en economía del CIIE.
** Docente UNGS-ICI-IDH y capacitador en economía del CIIE.
