“No es posible ni necesario involucrar a los militares”

La semana pasada el presidente Mauricio Macri insinuó la posibilidad de usar a las fuerzas armadas como “apoyo logístico a las fuerzas de seguridad” para “cuidar a los argentinos”. El martes fue su ministra Patricia Bullrich quien cuestionó el principal acuerdo suprapartidario respetado por todos los gobiernos desde el retorno de la democracia al sugerir destinar a los militares a custodiar fronteras o actuar ante hipótesis “mucho más interesantes” que prefirió no explicitar. “Hace treinta años que nuestro Ejército está paralizado”, dijo, y propuso “darles la oportunidad para que se inserten en la democracia con una tarea que les dé la sociedad, que para eso todos los argentinos los sostenemos”.

Discursos e iniciativas que confunden capacidades y misiones de fuerzas militares y policiales son una constante de la gestión de Cambiemos. Para el sociólogo Ernesto López, esa situación se explica por su intención de asegurarse el apoyo de Estados Unidos a la política económica a cambio de respaldar sus iniciativas sobre seguridad hemisférica y, por otro lado, por la previsión de una fuerte confrontación interna derivada de las propias políticas neoliberales. “Por condicionamientos ideológicos no les cuesta nada convertir la cuestión social en una cuestión policial, como ya ocurrió a principios del siglo XX con la figura emblemática del coronel Falcón o la represión en la Semana Trágica”, advierte el especialista de la Universidad Nacional de Quilmes.

–Macri pidió colaboración a las fuerzas armadas para “brindar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad”, algo que legalmente está permitido en determinadas circunstancias. ¿Cómo interpreta el mensaje?

–Parece una nueva convocatoria a que se fusionen o interconecten actividades militares y policiales. Esto tiene una doble entrada. La primera relacionada con la política exterior de Cambiemos, centrada en procurar cobijarse bajo el ala del águila norteamericana. Están esperando un canje, tal como expresó el embajador en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa. “Estados Unidos tiene hacia nosotros un interés político y nosotros hacia ellos un interés económico. A Estados Unidos le interesa el tema de la seguridad, el apoyo internacional, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, dijo. Y añadió: “Nuestro desafío está en poder trabajar con ellos dándoles satisfacciones a los intereses que tienen con respecto a nosotros, y al mismo tiempo, de una forma diplomática, que eso se traduzca en una actitud más bien positiva con respecto a nuestra agenda económica”. Después, cuando el secretario de Estado, Rex Tillerson, se reunió con el canciller Jorge Faurie, la Secretaría de Estado difundió un despacho de prensa con una declaración extraordinaria. “Profundizamos también la relación en otras áreas y Jorge mencionó algunas en particular: el fortalecimiento de nuestra asociación para combatir las organizaciones del crimen transnacional, la acción contra-narcóticos, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”. Está diciendo que la propuesta no es de él sino que en esa reunión la hizo el propio canciller. Acá hay un primer acercamiento de por qué el gobierno tiene iniciativas en el sentido de unificar defensa con seguridad, lo que llevó a que se hicieran gestiones con el Comando Sur, un convenio entre la guardia nacional de Georgia y el Ejército, y se llegó a conversar de la instalación de una oficina de monitoreo de tránsito en Posadas. A esta situación se agregará un hecho excepcional a fin de año: la reunión del G20, que va a juntar a jefes de Estado de las principales economías del mundo, un blanco de oportunidad excepcional para organizaciones del terrorismo internacional. Y la situación argentina en materia de capacidad de prevenir eventualmente atentados u operaciones es baja, por empezar porque no tiene inteligencia internacional, y las capacidades de seguridad de la policía o gendarmería son relativas. Cuando se organizó la conferencia de Mar del Plata que rechazó el ALCA, en 2005, la seguridad la puso la Argentina. Más allá de que cada delegación trajera su séquito de seguridad, todo el dispositivo externo de seguridad fue argentino, lo que indica que no faltarían tantas condiciones. Pero este gobierno no lo entiende así, no confía, por eso ante la cuestión del G20 Macri y su staff están pensando en potenciar la capacidad de las fuerzas de seguridad con el apoyo de las fuerzas armadas.

La segunda “entrada” remite al plano interno y se expresó en la persecución a comunidades mapuches, el operativo de Gendarmería que derivó en la muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel por parte de Prefectura y, ya en gran escala, la represión en plaza Congreso en diciembre. “Está claro el modo y hay una previsión de que la protesta social crezca por la orientación neoliberal de la política económica, y me parece que están previendo también una fuerte confrontación interna. Por condicionamientos ideológicos no les cuesta nada convertir la cuestión social en una cuestión policial, como ya ocurrió a principios del siglo XX con la figura emblemática del coronel Falcón o la represión en la Semana Trágica. Todo eso está en el imaginario de esta gente, siempre proclive a convertir la cuestión social en policial. Estos dos grandes cauces permiten darle sentido al mensaje del presidente”.

–¿Cómo caracteriza la política de defensa –si es pertinente el término– del gobierno de Macri?

–Creo que directamente no existe una política de defensa. No encuentro ni previsiones ni planeamiento para la defensa.

–¿Qué riesgos implicaría –en caso de legalizarse –la participación de militares en tareas policiales, que el discurso oficial parece ignorar?

–A veces la gente confunde seguridad y defensa porque policías y soldados usan armas y cree que se puede pasar recíprocamente de uno a otro sin reacomodamientos, pero no es así: tienen formaciones, misiones y normativas distintas. Los militares se forman para el uso letal de la violencia armada, para empeñarla en última instancia en la guerra, para imponerse en ese terreno a un enemigo. Esto no suele ocurrir con frecuencia, mucho menos en un país como la Argentina, donde el aparato militar es muchas veces útil para disuadir con sólo mostrar la fuerza. Los policías en cambio están preparados para investigar delitos, para prevenirlos y eventualmente disuadirlos. Y llegado el caso de intervenir, no deben aplicar violencia con letalidad sino con criterios de gradualidad. Además, salvo en casos de flagrancia, las fuerzas policiales no actúan per se sino como auxiliares de fiscales o jueces. Todo este paquete de funciones implican una lógica diferente a la de la guerra. Es verdad que la cuestión del narcotráfico ha presentado en países pequeños, por ejemplo en Centroamérica, un desequilibrio entre capacidades de policías y jueces, y, del otro lado, los narcos, que tienen mucho dinero, capacidad para comprar armamentos, corromper gente, avionetas con GPS. Entonces a veces esos gobiernos han tenido que apelar a sus fuerzas armadas porque no les alcanza la capacidad operativa de su policía. Pero ese problema no ocurre ni ocurrirá acá, porque tenemos fuerzas intermedias muy desarrolladas y capaces: Prefectura, Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, 23 policías provinciales. Por eso no hay en principio ninguna problemática que haga pensar que es posible o necesario involucrar a los militares en esto.