El Gobierno volvió a presentar ayer, como algo novedoso, un proyecto que llama “Argentina sin narcotráfico”, anunciado ya en 2016. Fue en el acto con gran despliegue en el CCK donde Mauricio Macri afirmó que la “lucha contra el narcotráfico es una política de Estado” y se mostró rodeado de gobernadores, junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el de titular de Justicia, Germán Garavano, el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y jueces federales. Lo que se presentó, en la inauguración de jornadas de trabajo sobre la problemática de las drogas, es una suerte de sociedad entre el Poder Judicial, los poderes políticos y las fuerzas de seguridad para abordarla, con el anuncio de que se planea la creación 94 cargos de jueces especializados, 85 de fiscales y 23 defensores, que se concentrarán en las llamadas “zonas calientes”. Para eso fue presentado un proyecto de ley el jueves pasado. El Presidente hizo hincapié en el aumento de las detenciones por causas de drogas y la incautación. Garavano puso el énfasis en que quiere cuidar a los jueces que se ocupan de estas cuestiones. Algunos especialistas evalúan que hay un fracaso generalizado de las políticas punitivistas, que se observa a nivel mundial, y que el foco está puesto en cuestiones equivocadas. 

Juan Gabriel Tokatlian, profesor de la Universidad Di Tella, Mariana Souto Zabaleta, del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), especialistas consultados por PáginaI12, señalan como deficiencia que se muestran éxitos coyunturales pero las políticas no se ocupan de reducir la demanda, ni de apuntar a las redes de distribución local, a las grandes organizaciones y al lavado de dinero. Más de la mitad de las causas penales, advierten ambos, siguen siendo por tenencia para consumo personal.

En el encuentro fue escenario para anunciar la intención del Gobierno de generar un despliegue territorial multiplicando la cantidad de jueces y fiscales especializados en zonas que son consideradas críticas, como Rosario, ciudades del noroeste y el noreste del país, así como la provincia de Buenos Aires, lo que se complementaría también con más fuerzas de seguridad, en especial en las fronteras. Macri sostuvo que toma como señales de supuesto éxito de la política asumida por su gestión que “hay 40 por ciento más de detenidos y se incautaron casi 1000 por ciento más de drogas sintéticas, además de cocaína y marihuana”. “Eso significa menos droga circulando y dañando nuestros jóvenes (…) no queremos un Estado socio del narcotráfico”, añadió el Presidente, quien aprovechó el evento para volver a defender el acuerdo con el FMI. Garavano trató de mostrar respaldo a los jueces, lo que de inmediato muchos de los presentes conectaron con el ataque a dos viviendas que pertenecieron al juez Ismael Manfrín, que presidió el tribunal que condenó a la banda de Los Monos por asociación ilícita. En las mesas de trabajo de ayer hubo funcionarios nacionales, bonaerense y de Mendoza, además de 14 gobernadores, entre ellos la bonaerense María Eugenia Vidal, Gerardo Morales (Jujuy), Domingo Peppo (Chaco) y Miguel Lifschitz (Santa Fe).

Una de las novedades anunciadas ayer, está la presentación en el Senado –concretada la semana pasada– de un proyecto de ley llamado “de fortalecimiento de la Justicia Federal”, que impulsa la creación de 94 cargos de jueces especializados en narcotráfico en todo el país y promete elegirlos con un sistema transparente, de exámenes que se transmitirán en vivo y previa fiscalización de la AFIP de su comportamiento patrimonial. El eje está puesto ahí, en la multiplicación de jueces (aunque sin una estructura que los rodee). Por ejemplo, habrá 17 nuevos cargos de jueces federales en las provincias del Noroeste (NOA) y 21 fiscales, para Salta y Tucumán; 23 jueces nuevos en el Noreste (NEA) y 39 fiscales para Corrientes, Paraná, Posadas y Resistencia; 14 jueces en el centro del país, lo que abarcaría Rosario y Córdoba; 6 en Cuyo (Mendoza); 10 en el Sur (Comodoro Rivadavia y General Roca) y en el área metropolitana y pampeana (Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata y San Martín), 24 jueces más.  El criterio para las nuevas designaciones, que intentará implementar el gobierno de Cambiemos –que exhibe una gran obsesión por nombrar jueces y juezas “propios” con distintos mecanismos–, se basa en la densidad de población y tiene en cuenta los lugares donde tramitan más cantidad de causas judiciales por drogas. El proyecto de Ley fue presentado con las firmas de Federico Pinedo (Cambiemos), Luis Naidenoff (UCR), Ernesto Martínez (Cambiemos), Silvia Elías de Pérez (UCR), Rodolfo Urtubey (PJ) y Humberto Schiavoni (Cambiemos). Un punto curioso, que traerá polémica, es que todo está centrado en el Poder Judicial, con vértice en la Corte, aunque se designen nuevos fiscales. El esquema no parece exactamente para un sistema acusatorio, como el que se supone que está en vías de implementación, donde dominan la investigación los fiscales y los jueces solo controlan.

También se hizo hincapié en el endurecimiento de penas que plantea el anteproyecto para la reforma del Código Penal. Se parte de la escala actual de 4 a 15 años de prisión para quienes cultiven, siembren o guarden plantas y se eleva de 5 a 20 para quienes fabrican, producen y comercializan. Para el tráfico cuando se trate de pasta base se eleven la pena mínima a seis años. Aparecen agravantes por el suministro a menores de edad o personas en tratamiento. Y una nueva figura penal para la organización internacional dedicada al narcotráfico. La tenencia para consumo personal continúa siendo castigada, a pesar de que se supone que el proyecto se hace eco del fallo Arriola de la Corte. Por tenencia pequeña hay penas de un mes a dos años. El paradigma sigue siendo la punición.

Tokatlian, uno de los expertos más reconocidos en políticas de drogas, advierte ante la consulta de este diario, que todos “los éxitos” que se exhiben (como más detenciones, más incautación) “son relativos, coyunturales, episódicos y pírricos; sigue sin ser puesto el foco en reducir la demanda, menos consumo de sustancias psicoativas, y tener una política de largo plazo”. “En esencia, es más de lo mismo. Se enfatiza el control de la oferta, donde están dirigido el gasto en esta materia, se refuerzan medidas vinculadas a la justicia y cuerpos de seguridad. Más salida punitiva y coercitiva, y menos en la reducción de la demanda, que es la lógica que había comenzado con el gobierno anterior, y el actual ha continuado”, señala. “En un situación donde no se contempla la despenalización, la mejor política antidrogas es una buena política social en materia de educación, empleo, trabajo, salud pública y derechos humanos; el desmantelamiento de grandes organizaciones, una lucha más frontal frente al lavado de activos , una policía que ponga el acento la protección de sectores vulnerables está ausente en los discursos.”