Desde Paraná

El intendente de Paraná, que ayer se presentó en la sede del Concejo Deliberante local para repetir que es “inocente” y que nada tiene que ver con el narcotráfico, desde julio del año pasado está mencionado a lo largo y ancho de las resoluciones dictadas por el juez federal Leandro Ríos, quién le tomó declaración indagatoria la semana pasada y en estos días debe resolver su situación procesal. El magistrado manifestó, en el auto de procesamiento de los miembros de la banda comandada por Daniel “Tavi” Celis, que el nombrado, incluso después de su detencion en 2016 por el robo a una estancia, manejaba el negocio del narcotráfico en varias ciudades a partir de un “acuerdo político” con el intendente Sergio Varisco por el cual “obtenía fondos líquidos para la adquisición del estupefaciente, dado que a través de Cristian Javier Silva administraba los sueldos, bienes y recursos provenientes de la Unidad Municipal N° 2 de Paraná”. 

De acuerdo con el texto oficial, como parte del acuerdo, Celis le abrió las puertas al candidato de Cambiemos en los barrios del oeste de Paraná donde tiene sus dominios y como contraprestación, pidió que fueran incorporados al aparato estatal 40 personas, entre ellas la pareja del jefe narco, María Fernanda Orundés Ayala. Varisco, ocho días después de asumir el cargo, el 10 de diciembre de 2015, comenzó a cumplir su compromiso y llevó a la plantilla estatal a 33 personas “de estrecha confianza” de Daniel Celis. Además de los puestos de trabajo, el acuerdo incluía “la concesión de obras públicas municipales, a canalizarse por la empresa constructora de Cristian Silva”. Esto no se pudo concretar, según se señaló en el escrito, porque el intendente tuvo algunas objeciones desde Buenos Aires. 

Ocho días después de asumir, “mediante Decreto Nº 65 Varisco designó estratégicamente en el cargo de Director General de la Unidad Municipal Nº 2, con categoría 43 a Hernán Jesús Rivero (Legajo 32.788) y, del mismo modo, mediante Decreto Nº 67 nombró en el cargo de Director de la Unidad Municipal Nº 2 a Miguel Leguizamón, ambas personas de suma confianza y amistad con el organizador Daniel “Tavi” Celis”. 

El juez resaltó que “sin lugar a dudas, esto le permitió al organizador dominar de facto los anhelados recursos materiales y humanos de dicha dependencia municipal, afectándolos clandestinamente al tráfico de estupefaciente”. Con posterioridad “a comienzos de junio de 2016, Varisco ya había designado a 15 personas más que le respondían a Celis” según refiere el jefe narco durante una discusión telefónica con el concejal Pablo Hernández, de acuerdo con una de las escuchas incorporadas a la causa. Tanto Hernández como Griselda Bordeira, la subsecretaria de Seguridad, ambas personas de confianza de Varisco, eran los que se comunicaban con los miembros de la banda. De las declaraciones indagatorias de Hernández y Bordeira –los dos quedaron detenidos– habrían surgido elementos que complican más la situación del intendente. 

El fallo judicial subrayó que la designación de allegados a Celis “se pueden ejemplificar con las designaciones de la pareja del propio Celis, María Fernanda Orundés Ayala (Legajo 33.072), mediante el Decreto Nº 2181 de fecha 24/10/16, en la Dirección General de Comunidad Vecinal de Desarrollo Social, siendo en el mismo acto administrativo trasladada a la Unidad Municipal Nº 2”. Lo mismo ocurrió “con Renzo Bertana (Legajo 33.073), mediante Decreto Nº 2178 del mismo 24/10/16 y con la misma modificación, es decir se los designa en la Dirección General de Comunidad Vecinal de Desarrollo Social y en el mismo acto administrativo se lo traslada a la Unidad Municipal Nº 2”, que se encargaba del acopio y la distribución de estupefacientes en móviles del Estado municipal.

En el escrito se dejó constancia que las designaciones de personal impuesto a dedo por Celis “aún aconteció cuando éste ya se encontraba detenido por el Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos, lo que ocurrió en el mes de agosto de 2016”. En esa resolución, en la que fueron procesadas unas veinte personas relacionadas con Celis, se aclaró que “Varisco no pudo o no quiso cumplir con otros aspectos del acuerdo ‘político’” con el jefe narco “puntualmente con la concesión de la obra pública a Daniel Andrés “Tavi” Celis y Cristian Javier Silva. El intendente alegó “objeciones desde la administración central nacional”. Según surge de las quejas expresadas por Celis en sus contactos con los funcionarios municipales, tampoco devolvió el dinero que el jefe narco había aportado a la campaña de Cambiemos, en afiches, logística e incluso en la organización de fiestas en barriadas del oeste de Paraná.

Por medio de las escuchas que totalizaron miles de horas, el juez pudo también determinar que funcionarios de estrecha vinculación con el intendente Varisco se interesaron y trataron de interceder en favor de Daniel Celis cuando éste fue detenido por la justicia provincial por el robo en la estancia. Cuando esas gestiones quedaron al descubierto, se produjo la renuncia de Marcelo Álvarez, secretario de Ambiente del municipio, quien negó haber realizado gestiones en favor del jefe narco y aseguró, en cambio, que dejaba el cargo “por motivos personales”. 

De todos modos, en una de las consultas hay una conversación en tono de negociación entre el nombrado Alvarez y Hugo Gemelli, uno de los abogados de Celis. En la charla se advierte la existencia de una amenaza de Celis de tomar represalias por algo que consideraba una traición al “pacto político” sellado con el intendente. Otro elemento de prueba importante es el diálogo mantenido por la subsecretaria de Seguridad Griselda Bordeira con el funcionario policial Guillermo López, quien prestaba servicios en agosto de 2016 en la Departamental Diamante. El llamado, sin duda inapropiado, era para interesarse por la situación procesal del jefe narco, con el fin de darle una respuesta a sus familiares, tal vez para recordarle que había un acuerdo que cumplir. Hoy, la situación del intendente Varisco está más compleja que nunca, porque las sospechas y los indicios concretos se siguen acumulando.