El escenario actual “pone en riesgo nuestros entramados industriales y con él a los más de 500 mil puestos de trabajo directos que nuestras cadenas emplean”, sostiene la declaración que ayer dieron a conocer ocho entidades empresarias y seis organizaciones sindicales del sector textil, calzados, marroquinería e indumentaria. El acuerdo alcanzado por este conjunto de entidades debió sortear los intentos, mediante distintas formas de presión y condicionamientos, que utilizó durante toda la jornada del lunes y gran parte de la de ayer el Ministerio de Producción para que el encuentro no se realizara, según contaron diversas fuentes empresarias y sindicales. De hecho, dos organizaciones que iban a ser de la partida, se bajaron antes de que el documento viera la luz: la Asociación Obrera Textil (AOT) y el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria (Setia). El documento presentado ayer denuncia “una prolongada crisis del nivel de actividad” del sector, debido principalmente a “una profunda retracción de la demanda como producto del deterioro del poder adquisitivo de la población y una persistente presión de las importaciones, que provoca una sensible pérdida de participación (de la producción nacional) sobre el reducido mercado local”.
Por primera vez un documento de estas características logró reunir a las cámaras representantes de toda la cadena de valor textil-indumentaria y de la cadena cuero-calzado y marroquinería, acompañados de los respectivos sindicatos de trabajadores (salvo dos), en una condena tan dura a la política económica vigente. “El impacto de estas fuerzas –dice en referencia a la caída del consumo, aumento de importaciones y persistente fuga de compras hacia mercados externos vía turismo– se expresa en una disminución del nivel de actividad que ha provocado recortes en las horas trabajadas, suspensiones y despidos, hasta el cierre de líneas de producción y de fábricas”.
La reacción en conjunto de la Fundación ProTejer y FITA (hilanderías, tejedurías y demás actores de procesos intermedios), CIAI y FAIIA (indumentaria), Faica y Caipic (industria del calzado y sus industrias proveedoras), CIMA y Acuba (marroquineros de todo el país y curtidores bonaerenses), junto a los sindicatos, federaciones y uniones de los trabajadores de esos mismos sectores, sólo se explica por la situación extrema por la que atraviesa el sector y la falta de respuestas en dos años y medio de gobierno de Cambiemos.
“El diálogo con las autoridades siempre es cordial, pero carentes de soluciones”, fue el mensaje que reiteraban varios de los representantes empresarios durante el encuentro de ayer en el hotel Castelar, ubicado en la Avenida de Mayo (CABA). Pero la convocatoria y preparativos de este lanzamiento no le resultaron indiferentes al ministro del área, Francisco “Pancho” Cabrera. Durante todo el lunes, se sucedieron los llamados de distintos colaboradores del ministro a representantes de cada una de las entidades convocantes indicándoles lo “inconveniente” tanto del encuentro como de la posterior declaración. Se mencionó la existencia de “medidas en estudio” que quedarían abortadas si se concretaba la reunión; que se trataba de “una operación política” que redundaría “en perjuicio” de los funcionarios del gobierno que están más en sintonía con los sectores productivos, supuestamente enfrentados con los ajustadores. Cuando las presiones telefónicas evidenciaron su fracaso, Cabrera echó mano a las “convocatorias” a improvisados anuncios.
El mismo lunes, y apenas un par de horas antes, el ministerio convocó a las cámaras de los sectores textil, calzado y marroquinería a una reunión a media tarde para presentarle “importantes anuncios”. De las ocho entidades empresarias más arriba mencionadas, sólo dos concurrieron, mientras otras seis se excusaron por “compromisos previos” de sus dirigentes. Las dos cámaras del sector de la indumentaria, CIAI y FAIIA, que aceptaron el convite del ministro, recibieron el anuncio de que “en el corto plazo se dictará el decreto de formalización laboral”, que implicaría exceptuar del pago de cargas patronales un monto de 12 mil pesos de sueldo por trabajador, “lo que significa un ahorro aproximadamente de 2400 pesos por empleado”, contra el compromiso de mantener la dotación de trabajadores; y la inminente elaboración de planes de pago para cancelar las deudas con la AFIP. Las mismas promesas, en rigor, ya habían sido formuladas por la cartera de Cabrera en el mes de mayo. Las dos cámaras participantes del encuentro también reclamaron la prórroga de los programas Ahora 3 y Ahora 6 para compras financiadas, pero a costo cero de interés; y la restitución de los programas de crédito a tasa subsidiada para planes productivos. Para hoy a la tarde, la cartera de Producción convocó a conferencia de prensa para anunciar “herramientas financieras para pymes”, anticipando la participación de los titulares del Banco Nación y el BICE, Javier González Fraga y Pablo García.
El documento de las cadenas textil y del cuero, en cambio, va mucho más allá de los parches que propone Cabrera. “Argentina necesita una economía integrada al mundo, pero en una inserción virtuosa”, señala el diagnóstico empresario, que es mucho más que un reclamo sectorial. “En esta situación, el país corre el riesgo de la primarización; una parte importante del mundo nos quiere como simples proveedores de materias primas”, advierte. “Se nos acusa de no ser competitivos y eso es una falsedad”, puntualiza antes de repasar “los factores que estructuran la no competitividad sistémica de la economía argentina: fuerte presión tributaria, altas tasas de interés, servicios financieros raquíticos y caros, concentración de los canales de comercialización, renta inmobiliaria exacerbada (alquileres) y desmesurados cuadros tarifarios que nos impactan por doble vía, incremento de costos de producción y erosión del ingreso disponible afectando el nivel de demanda”.
En indudable oposición al planteo de base que formulara el ministro Cabrera en 2016, calificando al sector textil como “no viable” en el modelo económico propuesto por el macrismo, hoy el complejo textil y del cuero plantea que, adoptando una serie de medidas propuestas en el documento, “podemos fijarnos como objetivo para los próximos diez años duplicar el nivel de actividad industrial del año 2015 y alcanzar el millón de empleos sectoriales”, en el marco de un modelo de desarrollo económico y social marcadamente diferente al hoy vigente.