El juez federal Julián Ercolini firmó ayer la elevación a juicio de la causa contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray, por el delito de fraude contra el Estado. La pena prevista es de dos a seis años de prisión, o sea excarcelable, pese a lo cual los empresarios están presos en el penal de Ezeiza. En concreto, Ercolini imputa al ex titular de la AFIP y a los empresarios por el otorgamiento de dos planes de pago y el acceso a un régimen de facilidades que, según el magistrado, fueron una maniobra fraudulenta. Las defensas explicaron que similares planes de pago se les otorgaron a mil ochocientas empresas y que al régimen de facilidades de pago accedieron todavía muchísimas más, grandes y chicas, porque el trámite se hacía por internet. El tribunal oral que hará el juicio se sorteará hoy o en los próximos días y el abogado de López y De Sousa, Carlos Alberto Beraldi, pidió estar presente en el momento del sorteo. Es parte de la desconfianza de un proceso que se manejó a control remoto desde la Casa Rosada, al punto de que el presidente Mauricio Macri exigió que se encarcelara a los empresarios. Tras una insólita e inédita maniobra procesal, intervino la Cámara de Casación y en 24 horas sacó de la galera un fallo que envió a López y De Sousa a la cárcel. Los jueces que habían ordenado la libertad de los empresarios fueron expulsados de sus cargos, también por presión del gobierno nacional.

El pronunciamiento de Ercolini de ayer –que consta de 39 páginas– no abunda en demasiados detalles y básicamente insiste en que los planteos pendientes se diriman ante el tribunal oral que resulte sorteado. La defensa de López y De Sousa reclamó la elevación a juicio cuanto antes dado que consideraron que el proceso de la instrucción fue escandaloso y dictado por las intervenciones directas, incluso públicas, de Macri.

La defensa de Echegaray, a cargo de León Arslanian y Martín Arias Duval, impugnó la elevación a juicio por lo que consideran es una maniobra. En el expediente no sólo fue imputado Echegaray sino también otros 18 funcionarios de la AFIP, en especial de la parte impositiva, porque todos dictaminaron a favor de los planes que se otorgaron a Oil Combustibles. Sin embargo, Ercolini sólo elevó a juicio a Echegaray y no resolvió la situación de los otros 18, por lo cual el ex titular de la AFIP no los puede llamar como testigos –ya que están imputados– ni los tendrá a su lado para que expliquen la legalidad del proceso de adjudicación de los dos planes de pago y el ingreso al régimen de facilidades.

Del lado de López y De Sousa el punto nodal es la detención. El delito, con máximo de seis años, permite la excarcelación aún con los criterios más estrechos. Ercolini argumentó que los empresarios trataron de vender Oil, pero la realidad es que eso era imposible porque pesaba una inhibición de bienes, por lo que necesariamente iban a pedirle autorización al juez. Con la elevación a juicio queda claro que ya no existe investigación por obstruir –que fue el argumento de la detención– dado que específicamente el juez dispone “clausurar la instrucción y elevar a juicio la presente causa”.

Respecto del fondo de la cuestión, los dueños de Oil sostuvieron que obtuvieron los dos planes de pago de forma lícita ya que fueron planes que se otorgaron a muchísimas empresas e incluso a organismos como el Consejo de la Magistratura. Es público y notorio que son innumerables las empresas y organismos que no cumplieron ni cumplen con el pago en término, por ejemplo, de las cargas sociales. Pero la AFIP siempre buscó evitar que entraran en mayores crisis y privilegió el cobro antes que los pedidos de quiebra. Engancharse en los planes no era para nada gratuito: la tasa de interés era casi del dos por ciento mensual. Respecto de los regímenes de facilidades de pago, la concesión fue por ley y se accedía en forma automática por sistema informático. López y De Sousa afirman que su grupo empresario estaba cumpliendo rigurosamente con el pago de las cuotas previstas.

La empresa Oil Combustibles es a su vez dueña de la mayor parte de las acciones de los medios de comunicación del grupo Indalo, incluyendo el canal de noticias C5N, que hoy encabeza las mediciones de audiencia en el horario central; Radio 10, que este mes volvió al segundo lugar de las radios más escuchadas, y cinco emisoras FM, todas de muy buena ubicación y niveles de audiencia. En su escrito, la defensa de López y De Sousa sostiene que todas las maniobras procesales de la causa tuvieron el objetivo de apropiarse de las empresas del grupo –la petrolera y los medios– para que pasen a manos de amigos de la Casa Rosada.

Finalmente, otro hecho llamativo del expediente es que las defensas de los imputados señalan que incluso durante el actual gobierno y bajo la administración de la AFIP de Alberto Abad también se le otorgó un plan de pagos a Oil Combustibles. Las defensas se preguntan en sus escritos por qué resultaría legal un plan otorgado durante el gobierno de Cambiemos e ilegal un plan otorgado durante el gobierno anterior. 

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