Los siete diputados de Salta, todos ellos varones, y de distintos bloques, adelantaron que votarán en contra de la despenalización y legalización del aborto. La posición unánime “antiderechos” generó la reacción del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans de la provincia que les reclama que apoyen el proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo, porque su postura no lo representa. Puntualmente, la decisión del diputado radical Miguel Nanni, presidente de la UCR salteña, desató una fuerte interna: las dirigentes de su partido le exigieron a través de una solicitada y con intensas acciones en redes sociales, que reconsidere su voto. Los siete diputados –de Cambiemos, PJ, FpV, UCR y el monobloque de Alfredo Olmedo– pretenden ocultar una realidad insoslayable: en 2015, se registraron 3529 internaciones en hospitales públicos de la provincia por complicaciones de abortos, de acuerdo con estadísticas oficiales. Salta tiene, además, una de las tasas de embarazos no intencionales en adolescentes más altas del país: casi 8 de cada 10 chicas que se convierten en madres cada año declararan no haber buscado esa gestación, de acuerdo con estadísticas del Sistema Informático Perinatal (2015). Como contraste, Río Negro es la única provincia en la cual todos sus diputados votarían a favor.

“Desde el inicio de este debate me pronuncié en contra de la despenalización, siento que tenemos que tomar otro camino. Este tema que nos tocas fibras muy personales, conjuga convicciones personales con responsabilidades políticas. En los próximos días espero, que las convicciones y la tolerancia dominen este debate”, expresó Nanni, presidente de la UCR en Salta. A través de una solicitada, dirigentes y afiliados radicales le exigieron que cambie de posición. “Pertenecer a un partido centenario como la UCR representa responsabilidad por los derechos conquistados y por los que faltan conquistar”, dice el texto dirigido a Nanni.

“Nos impacta de la peor manera; las mujeres del partido hemos mantenido reuniones grupales e individuales con el diputado Nanni y lo que pasó es vergonzoso, porque se demostró que no se puede dar una discusión seria y adulta en este sentido. Si un hombre no es capaz de ponerse este tema al hombro entonces no nos representa”, señaló la dirigente de la UCR, Vanesa López. “Hoy tenemos que decir que el diputado radical en el Congreso de la Nación, no se acerca ni por poco a todo el ejemplo que dio en su momento Alfonsín al tema del aborto como una cuestión de salud pública”, agregó López.

Los otros seis diputados “antiderechos” de Salta son: Martín Grande, de Cambiemos; Pablo Kosinier, Andrés Zottos y Javier David, del PJ que responde al gobernador Juan Manuel Urtubey –quien dijo estar a favor de la despenalización del aborto–; Sergio Leavy, del FPV y Alfredo Olmedo, el de la campera amarilla y posiciones ultra reaccionarias, que tiene un monobloque.

Desde organizaciones sociales, de derechos humanos y de mujeres, que convocan a una vigilia para esperar el resultado de la votación en la plaza de la Legislatura de Salta, salieron a reclamarles el voto a favor del proyecto de IVE. Algunas referentes confiaban ayer en que el justicialista David, pudiera rever su posición. 

“No se trata de una cuestión moral, filosófica o religiosa. Se trata de legislar sobre derechos básicos de salud y autonomía para decidir”, señaló Marta César, presidenta de la Multisectorial de Mujeres de Salta. “Sortear los prejuicios y la ignorancia patriarcal no ha sido fácil. Es una lucha discursiva, también. Cada vez, queda más claro que no se trata de aborto sí, aborto no. Se trata de aborto legal o aborto clandestino. De que el Estado garantice las condiciones de salubridad y acompañe la decisión de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes que por las razones que invoca el dictamen de mayoría, deseen interrumpir un embarazo, o que, con su indiferencia ante un grave problema social, continúe alentando los abortos clandestinos, una de las principales causas de muertes maternas en Salta y el país”, señaló César, periodista e histórica integrante del movimiento de mujeres salteño.

Siempre con ideas irracionales, Olmedo consideró que se creen “cementerios de fetos” si se aprueba la ley y que se paguen los abortos con “trabajo comunitario”. 

“Los legisladores salteños responden a los sectores más conservadores de Salta, a la elite de derecha, al Opus Dei. Ya lo hicieron con el matrimonio igualitario ahora lo hacen con los derechos para las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes”, cuestionó Pía Ceballos secretaria nacional de Mujeres Trans Argentina, y referente del frente feminista Seamos Libres.

Salta tiene una de las tasas de embarazo en adolescentes más alta del país. Es la cuarta, después de Formosa, Chaco y Misiones: el 22,3 por ciento de los bebés que nacen anualmente tienen madres menores de 20 años, de acuerdo con datos de 2015, los últimos disponibles (Anuario de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación). Se ubica bien lejos del promedio del país que es 15,5 por ciento. Por estas horas, además, se conoció el caso de otra nena, de 12 años, embarazada como consecuencia de abusos sexuales por parte de un familiar, que ingresó al Hospital Materno Infantil y cursaría la semana 7 de gestación, según informó a este diario Tania Kiriaco, abogada de derechos humanos. Se suma a la niña de 11 años, cuyo embarazo producto de una violación se conoció semanas atrás. Se trata de una provincia donde la educación sexual integral llega a cuentagotas, y en su lugar, desde hace una década se venía impartiendo religión católica como materia obligatoria. El año pasado la Corte Suprema declaró inconstitucional esa imposición en la currícula. Y recién hace pocos días, el gobernador Juan Manuel Urtubey derogó el protocolo de atención de abortos no punibles –que él había dictado en 2012 y que establecía restricciones arbitrarias e ilegales para acceder a una interrupción de embarazo cuando el embarazo provenía de una violación–, y adhirió al que elaboró el Ministerio de Salud de la Nación, que se ajusta a los lineamientos que impartió la Corte Suprema para la atención de esos casos.