El policía que, el 21 de diciembre por la tarde, en avenida Jujuy y Carlos Calvo, disparó a la cabeza a un hombre que se había entregado y estaba desarmado será defendido por abogados que revisten en la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio de Seguridad de la Nación. “Si cualquiera de nosotros mata a alguien porque cruzó el semáforo en rojo con el auto, hay dos alternativas: aceptar defensor oficial o pagar una defensa particular, que cuesta una fortuna. Si sos policía y causás un accidente de tránsito, te pasa lo mismo. Pero si sos policía y protagonizás un caso de gatillo fácil, te defiende gratis el Ministerio de Seguridad”, dijo a este diario la abogada María del Carmen Verdú, de Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) que representa a la familia del joven baleado. Los abogados del ministerio de Seguridad que defienden al sargento de la Policía Federal Sergio Damián Lucero, que cuando disparó contra Alvaro Nicolás Soriano -quien había dejado su revolver sobre la calzada–, tras perseguirlo arma en mano por avenida Jujuy, estaba de civil, forman parte de la División de Asuntos Penales –que depende de la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio-, ya se presentaron formalmente ante la Justicia como defensores del policía y pidieron la postergación de la declaración indagatoria, algo que obtuvieron.

Hasta anoche, Álvaro Nicolás Soriano permanecía internado en terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía, en estado estable pero gravísimo. El último parte médico indicó que está con respirador artificial y recibe antibióticos. “Está estable pero en coma, no tiene ningún tipo de reacción”, informó la abogada Verdú. Inicialmente, la propia policía aseguró que el joven había muerto el mismo 21 de diciembre, horas después de recibir el balazo, y que se desconocía su identidad. Un día después, el cotejo de huellas digitales arrojó el nombre y el domicilio registrado de Soriano, una dirección de Virreyes a la que concurrió un policía que no avisó a la familia sobre la internación del joven. “Les dijeron que querían constatar el domicilio porque Nicolás estaba detenido y que los iban a llamar cuando hubiera visitas, pero nunca les contaron lo que había pasado ni que estaba internado en grave estado”, dijo Verdú. La familia del joven recién lo supo cuatro días después, por intermedio de integrantes de Correpi. 

Los abogados defensores del sargento Lucero forman parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos, un área del ministerio de Seguridad de la Nación prevista por la ley Nº 21.965, que regula las relaciones de los policías con la Policía Federal y entre los policías,  y su decreto reglamentario, el 1866/83. En un comunicado, Correpi detalló que “la intervención de estos abogados penalistas, algunos de planta y con grado policial, otros contratados, tiene un paso previo, que es el análisis, por las autoridades del ministerio, de que el caso amerita la defensa orgánica e institucional”. El decreto que reglamenta la ley, en el apartado sobre “defensa del personal”, estipula en el artículo 733 que un policía en actividad o retirado es representado por la Dirección cuando resulta imputado o afectado “como consecuencia del ejercicio de las funciones o del cumplimiento de los deberes y obligaciones del estado policial”.

Verdú advirtió que la defensa por parte del ministerio de policías sospechados y acusados de gatillo fácil es una práctica habitual, peor que trascienden pocas veces. “La única vez que trascendió fuerte fue en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra, cuando denunciamos que a los policías imputados los defendía el ministerio de Seguridad. Un día después, Nilda Garré hizo que esos abogados renunciaran a la defensa y aparecieron estudios privados para los policías. Lo mismo pasó con el caso de Walter Bulacio”, dijo la abogada, quien también señaló que mientras las querellas de Correpi y familiares de víctimas deben “pagar todas las costas, juntar guita para la nafta, el estacionamiento, el bono, mientras se hace el juicio, los policías acusados tienen todo gratis porque son funcionarios públicos. Me acuerdo, incluso, de una causa en Lomas de Zamora por la que fuimos a pedir el expediente y no estaba, porque se lo habían dado en préstamo a la defensa para que sacara fotocopias”.

La abogada Verdú advirtió, por otra parte, que durante el año que acaba de terminar en la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio de Seguridad “hubo contratación masiva de abogados”. A mediados de 2016, a ella se lo aseguró uno de los contratados, conocido de otras causas. “Me contó que desde que Gendarmería y Prefectura están en la calle, hay muchas más causas de gatillo. Necesitan más letrados”, dijo Verdú.

El sargento Lucero baleó a Soriano el 21 de diciembre pasado por avenida Jujuy. Lo venía corriendo, cuando, según contó un testigo a este diario, “el pibe se quedó q    uieto, parado y con las manos en alto. El policía le disparó a quemarropa en la cabeza”.