A minutos de que empiece la histórica sesión en la Cámara de Diputados en la que por primera vez se tratará un proyecto que legaliza el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la ONU envió una carta a la Cancillería argentina en la que exhortó a los diputados a que aprueben el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El Grupo de Trabajo enfatizó que penalizar la interrupción del embarazo "instrumentaliza los cuerpos de las mujeres, niega su autonomía y pone en peligros sus vida y su salud. "
En ese sentido, afirmó que debe aprobarse la ley en el Congreso “para garantizarle a las mujeres todos los derechos humanos, incluidos los derechos a la igualdad, dignidad, autonomía, información e integridad corporal y respeto a la vida privada y al más alto nivel posible de salud sexual y reproductiva sin discriminación, así como el derecho a una vida libre de violencia y a no sufrir tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes”
La presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de discriminación contra la mujer en la legislación y la práctica, Ivana Radicic, destacó en la misiva que la penalización del aborto, como así también la falta de acceso adecuado a los servicios para la interrupción del embarazo no deseado, “constituyen discriminación basada en el sexo” y contradicen al Pacto Internacional de Derechos Civilies y Políticos al que la Argentina suscribe. Subrayó que la criminalización a las gestantes que deciden abortar “constituye también una violación de la obligación estatal de hacer efectivo el derecho de las mujeres y niñas al nivel más alto posible de salud” y aclaró que “en algunos casos, esa penalización también es una violación al derecho a la vida”.
Sin dejar de lado la cuestión de género, destacó que el efecto de la prohibición del aborto también se puede leer como una cuestión de clase en tanto “causa aún más daño a las mujeres económicamente desfavorecidas, cuyos recursos limitados incrementan sus posibilidades de embarazos no deseados, les impiden acceder a cualquier método de aborto seguro ni a buscar tratamiento por complicaciones”, que a su vez refuerzan la “estigmatización que a su vez produce más discriminación y abuso”.
En esa misma línea, aclararon a los legisladores, que hoy pueden hacer historia durante la votación en Diputados, que no pueden esgrimir creencias de ningún tipo para justificar su voto en contra de la iniciativa que busca permitir la IVE en cualquier caso hasta la semana 14 de gestación para que las mujeres dejen de hacerlo en la clandistinidad y puedan hacerlo en un hospital público sin el estigma, sin la criminalización y sin el riesgo de morir en el intento. “En el derecho internacional de los derechos humanos no son permisibles los argumentos religiosos para impedir la adopción de proyectos de ley porque esto violaría el derecho humano a la libertad religiosa”, puntualizaron.
El grupo de trabajo de la ONU enfatizó además que para el organismo internacional “violaciones al derecho la salud así como a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son formas de violencia de género que pueden constituir tortura o trato cruel inhumano o degradante”. Insistió en que un estado que penaliza a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y que le niega el acceso a una práctica segura de aborto le “niega a las mujeres tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos y vidas “.
“Este proyecto de ley acercaría más la legislación argentina en materia de aborto al cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos en lo que respecto a al derecho de las mujeres a la salud reproductiva, la integridad física y la no discriminación”, indicaron por último, al destacar la importancia que la votación de esta madrugada tiene para el resto de los países de América Latina. “Sería un precedente bienvenido para otros estados de la región y una señal esperanzadora de que la muy necesaria reforma puede y debe iniciarse”, concluye la carta enviada al canciller argentino.
