En el marco de las actividades por los 100 años de la Reforma Universitaria y con la presencia de diputados de diversos bloques, académicos, sindicalistas, rectores de universidades y estudiantes, se llevó a cabo un encuentro abierto por la educación superior en la Cámara de Diputados de la Nación.
La jornada contó con la presencia de los diputados nacionales, Daniel Filmus, Hugo Yasky, Roberto Salvarezza, Pablo Carro y Ramiro Fernandez Patri, el director del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes (Unqui), Mario Lozano, los rectores de las universidades nacionales Daniel Martinez (Universidad Nacional de La Matanza- UNLAM), Jaime Perczyk (Universidad Nacional de Hurlingham-UNAHUR), Ernesto Villanueva (Universidad Nacional Artuto Jauretche- UNAJ), y el secretario General de la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN), Daniel Ricci, quienes, entre otros, presentaron y aprobaron por unanimidad el documento “Compromiso en defensa de la educación superior. A 100 años de la reforma universitaria”.
La iniciativa se inscribe en una afirmación del derecho social a la educación Superior, lo cual supone reconocer al conocimiento como bien público, social, además de requerir la garantía del Estado para sustentarlo, tal como surge de la Declaración de la Conferencia Regional de la Educación Superior de América Latina en 2008 y lo establecen las leyes 26.075 de Financiamiento Educativo, 26.206 de Educación Nacional, 27.204 de Responsabilidad del Estado en Educación Superior y 26.320, normativa que establece el día de la gratuidad de la Enseñanza Universitaria.
Los 10 puntos del documento aprobado:
- La educación y el conocimiento son un bien público, y un derecho personal y social que deben ser garantizados por el Estado.
- La educación superior debe ser una prioridad nacional para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales, y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.
- El Estado Nacional no debe suscribir a tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública.
-La autonomía, el cogobierno y la libertad de cátedra, legados de la Reforma del 18 y la gratuidad de la enseñanza lograda en 1949 deben seguir siendo pilares del sistema universitario y la base para seguir avanzando hacia mayores niveles de compromiso y responsabilidad con un modelo de desarrollo nacional con inclusión social.
-El sistema de educación superior debe profundizar su vinculación con las necesidades sociales, económicas y culturales de las comunidades en que están insertas. Debe formar egresados/as y desarrollar investigación científico- tecnológica que contribuyan a un modelo de desarrollo donde la capacidad de trabajo, y de crear e innovar a partir de nuestras propias necesidades y perspectivas, permitan combinar crecimiento autónomo con igualdad social.
-La educación superior debe profundizar su tarea de contribuir a la movilidad social ascendente y asegurar, a través de su articulación con políticas públicas universales, la igualdad de posibilidades de ingreso, permanencia, estudio y egreso para todos/as los/las ciudadanos/as.
-El Estado nacional y las universidades deben trabajar en la promoción real de la participación de las mujeres, promoviendo sus desarrollos y producciones, garantizando la igualdad de oportunidades, como así también posibilitar su peso real en la toma de decisiones en materia de políticas de educación superior.
-Es necesario avanzar en un proceso que profundice la democratización de los órganos de gobierno del sistema universitario.
-El Estado nacional debe garantizar condiciones materiales dignas para el ejercicio de la docencia, la investigación, la extensión y el desarrollo laboral de todos/as los/as trabajadores/as de las universidades.
-En un contexto de fuerte impronta globalizadora del conocimiento, la educación superior debe retomar el contenido latinoamericanista de la Reforma y articular su desarrollo con las universidades de la región, articulando y complementando los esfuerzos para garantizar la integración e incorporarnos a la sociedad mundial a partir de nuestra propia mirada, intereses y políticas soberanas.
