• La historia se inició al día siguiente del atentado contra la AMIA, el 18 de julio de 1994. Durante el martes 19 de julio ya se acusó a Irán por el ataque contra la mutual judía. El periodista Horacio Verbitsky sostiene que fue un acuerdo entre el gobierno de Israel y el de Carlos Menem. Lo cierto es que en base a informes de inteligencia de Estados Unidos, Israel y la SIDE, la Justicia argentina acusó por la masacre a la organización libanesa Hezbollah, ligada a Irán. 
  • En 2006, el fiscal Alberto Nisman dictó ocho órdenes de captura, siete contra iraníes y la restante contra un libanés, jefe de operaciones militares de Hezbollah. La hipótesis era que el ex agregado cultural de Irán en la Argentina, Mohsen Rabbani, fue el organizador del atentado, que se pensó y decidió en Irán. En el expediente las únicas pruebas son declaraciones de opositores al régimen iraní. Tras la caída del primer juez –Juan José Galeano–, Interpol aceptó las órdenes de captura del  magistrado Rodolfo Canicoba Corral, con el status de alertas rojas, lo que significaba que los imputados debían ser detenidos en cualquier país. Las órdenes de captura vigentes son seis: el libanés fue asesinado en un atentado en Damasco.
  • Luego del dictado de las alteras rojas, la situación de la causa era de inmovilidad. En Irán, como en muchos países, rige una ley que impide la extradición de iraníes. (En Brasil, por ejemplo, la prohibición de extradición de brasileños figura en la Constitución. Alemania no permitió la extradición de un alemán vinculado con Al Qaida porque su constitución no lo permitía). En paralelo, la Argentina no permite el juicio en ausencia. No se hizo nunca, ni siquiera contra los represores prófugos. Hay países que sí lo permiten, por lo que el gobierno y la DAIA pactaron impulsar el cambio de norma. Importantes constitucionalistas sostienen que juzgar en ausencia es inconstitucional ya que no garantiza el derecho a la defensa y que, además, no se podría aplicar una nueva ley, aunque sea procesal, a delitos cometidos antes. Lo cierto es que el caso AMIA estaba paralizado por una doble imposibilidad: Irán no extraditaba a sus ciudadanos sospechados; la Argentina no podía enjuiciar en ausencia. No había forma de avanzar.
  • Cristina Fernández de Kirchner intentó salir del pantano. Su canciller, Héctor Timerman, empezó a conversar con su par de Irán sobre la posibilidad de que el juez Rodolfo Canicoba Corral, los fiscales y las querellas viajen a Teherán a tomar las declaraciones indagatorias. La República de Irán, que considera que la causa es un armado de Estados Unidos, Israel y funcionarios de la SIDE vinculados a Washington y Jerusalén, aceptó en principio la propuesta, que estaba auspiciada por Interpol. El acuerdo incluía la conformación de una llamada Comisión de la Verdad que estudiaría el caso y produciría dictámenes no vinculantes para los gobiernos de Irán y la Argentina.  
  • En la Argentina, el memorándum  fue aprobado por las dos cámaras del Congreso. 
  • La oposición argentina sostuvo que el memorándum era favorable a Irán, pero Irán nunca lo aprobó. Algunos sostienen que Teherán esperaba que con la firma del texto se levantarían las alertas. Eso no ocurrió, esencialmente por la acción del gobierno argentino, pero también porque las órdenes de captura podían solo ser levantadas por el juez. El Ejecutivo nunca podría pedir la cancelación de las alertas rojas. 
  • La DAIA, la AMIA y otros se presentaron a la justicia diciendo que la Comisión de la Verdad interferiría en la justicia y que el acuerdo era inconstitucional. Canicoba Corral dijo que, hasta ese momento, el tema era abstracto, que todo dependía de cómo fueran las indagatorias en Teherán: si veía que no eran dentro del marco del derecho argentino, las declararía ilegales. La Sala II de la Cámara Federal dictaminó que el Memorandum era inconstitucional porque era una intromisión en la justicia. Luego, ya durante el gobierno de Mauricio Macri, ese fallo quedó firme. 
  • Durante todo el tiempo que se trató el memorándum nadie dijo que era un delito. Ni el juez ni la Cámara, ni los diputados opositores ni siquiera la AMIA o la DAIA. Tampoco el fiscal Nisman: entre la firma de 2013 y la denuncia de enero de 2015 nunca lo mencionó. 
  • En diciembre de 2014, alguien le metió en la cabeza a Nisman que lo iban a echar de la Unidad Fiscal AMIA. Ese mismo mes fue desplazado de la SIDE el principal socio de Nisman, el jefe de espías Jaime Stiuso. Los familiares de las víctimas del atentado, entre ellos la agrupación Memoria Activa, venían pidiendo el desplazamiento de Nisman porque “viaja mucho y trabaja poco”. El fiscal había avanzado poco y nada en la investigación. Por ejemplo, nunca utilizó la genética para esclarecer cuestiones elementales, como la identidad del “muerto 85”. La nueva Unidad Fiscal AMIA, en algo más de un año y medio lo identificó: era  Augusto Daniel Jesús, hijo de una señora que también murió en el atentado. Nisman especuló que era un obrero boliviano. La UFI-AMIA también ratificó en forma científica que se usó una camioneta en el ataque. 
  • Nisman estaba relacionado con Washington, algo que se demostró, por ejemplo, con los Wikileaks. También salieron a la luz oscuras transferencias de dinero, entre ellas una del rey de Las Vegas, Sheldon Adelson, desde Israel. Nisman recibió 200.000 dólares en una cuenta oculta de Colonia, Uruguay.
  • No hay ninguna evidencia de que a Nisman lo fueran a echar de la fiscalía, pero él sí lo creía. Por eso presentó a las apuradas la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman por “encubrimiento”, es decir, por favorecer a los sospechosos iraníes. La clave para cometer el delito –según Nisman– fue el memorándum. 
  • La denuncia fue presentada el 14 de enero de 2015, en plena feria judicial. La jueza María Romilda Servini de Cubría, que recibió el texto,  rechazó la denuncia diciendo que no tenía urgencia y que podía ser tratada después de la feria. Servini señaló, además, que Nisman no presentaba las pruebas correspondientes, entre ellas escuchas a las que hacía mención en su texto. Rodolfo Canicoba Corral sostuvo que la denuncia no tenía identidad probatoria y distintos juristas del país –Raúl Zaffaroni, León Arslanian, Julio Maier, Ricardo Gil Lavedra, Luis Moreno Ocampo– consideraron que no había delito alguno descripto en el texto. 
  • El ex secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, afirmó que la denuncia de Nisman era mentira. Que la Argentina nunca estuvo interesada en levantarlas alertas rojas, sino al contrario. Timerman exhibió un intercambio con Interpol de febrero de 2013, recién firmado en el Memorandum, en que él reitera que el único que podía levantar las órdenes de captura era el juez. 
  • Cuatro días después de la denuncia, Nisman apareció muerto en el baño de su departamento en Puerto Madero. Es una causa en investigación, pero las pericias indican que el fiscal se disparó a sí mismo. La política está tratando de torcer ahora el rumbo, pero al decir de la fiscal a cargo del caso, Viviana Fein, “no hay ni una sola prueba de que se haya tratado de un homicidio”.
  • La denuncia de Nisman quedó en manos del juez Daniel Rafecas. El magistrado la desestimó por inexistencia de delito. El argumento principal es que el memorándum nunca entró en vigencia, por lo que nunca hubo ninguna Comisión de la Verdad ni acción alguna que pudiera favorecer a los sospechosos. Además, ni se levantaron las órdenes de captura ni se armó ninguna otra pista, ni hubo intercambio de petróleo por granos, ni ocurrió nada de lo decía Nisman que estaba atado a la firma del memorándum. 
  • Los integrantes de la UFI-AMIA que asumieron tras la muerte del fiscal le entregaron a Rafecas otro texto que Nisman había firmado en forma paralela. Allí, el fiscal elogiaba al gobierno de CFK por sus esfuerzos en el caso AMIA. El escrito tenía firma de Nisman, con fecha diciembre de 2014. La hipótesis es que si no lo echaban el fiscal pensaba presentar ese texto,  cuyo objetivo era apelar a Naciones Unidas.  
  • La Sala II de la Cámara Federal confirmó el fallo de Rafecas. El juez Jorge Ballestero descubrió además que Nisman falseó las escuchas, pegando tramos de una fecha con conversaciones producidas meses después. La conclusión de Ballestero y Eduardo Freiler fue que “el Memorandum, votado por las dos cámaras del Congreso Nacional, puede ser considerado bueno o malo, pero nunca podría constituir un delito”.
  • Con el papel protagónico de la DAIA y la coalición político-judicial-mediática integrada por el macrismo, la Corte Suprema y el diario Clarín, la Cámara de Casación resolvió abrir el caso el jueves pasado. En paralelo se armó una causa-colectora a cargo de Claudio Bonadio, en la que se investiga exactamente lo mismo. Pero la acusación contra CFK y Timerman –impulsada por personajes vinculados al PRO– es por traición a la patria. Este delito fue el usado para ejecutar a opositores en su momento y contra Juan Domingo Perón en 1955. Exhibe que la persecución es política y el único objetivo es condenar de la forma que sea al gobierno anterior y, en especial, a la ex presidenta. A lo que se apunta, con el empuje de la derecha norteamericana e israelí, es intentar darle un escarmiento a los que se salieron de la horma de la política internacional dictada por los centros de poder. 

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