Luego de la publicación del decreto 1340 que introduce cambios en la regulación de las comunicaciones, Telefónica ratificó las criticas que había adelantado durante la negociación de la norma y reitero que evalúa demandar al Estado argentino ante el CIADI. “Es una decisión que se está tomando en Madrid”, respondieron a PáginaI12 fuentes de la compañía, sin adelantar plazos. Los españoles cuestionan fundamentalmente que se le de luz verde al Grupo Clarín para solicitar el cambio de atribución de una serie de frecuencias que originalmente estaban destinadas a servicio fijo de transmisión de datos y que ahora el multimedios quiere utilizar a través de Nextel para brindar servicios 3G y 4G de telefonía móvil. Fuentes de Clarín, en cambio, se defienden y sostienen que fueron las telefónicas las beneficiadas al quedar descartada la posibilidad de extender hasta 2019 la prohibición que les impide brindar televisión, entre otras cuestiones.  

El Grupo Clarín compró en junio cinco empresas que tenían espectro en las frecuencias de 2,5 Ghz y 900 Mhz asignadas a servicios fijos de transmisión de datos y rápidamente se mostró interesado en cambiarle la atribución para brindar telefonía móvil, un negocio mucho más rentable. Telefónica reaccionó rápido y cuestionó que fuera posible hacerlo. Desde entonces, se inició una negociación hasta que finalmente el gobierno le abrió la puerta al pedido de Clarín al afirmar en el artículo 4 del decreto publicado ayer que se deberán adoptar normas y procedimientos que aseguren la reatribución de frecuencias del espectro con compensación económica y uso compartido, a frecuencias atribuidas previamente a otro servicio, dejándole al Enacom la responsabilidad de fijar exigencias de cobertura. Ahora el regulador debe elaborar un reglamento de reatribución de espectro y luego aprobará el pedido de Clarín. 

Esas cuestiones ya fueron conversadas entre el Grupo Clarín y Telefónica. En la negociación, el multimedios comandado por Héctor Magnetto aseguró que de los 120 MHz que posee en la frecuencia de 2,5 GHz necesita solo 60 MHz para desplegar su servicio. Por lo tanto, se mostró dispuesto a otorgarle al Estado como parte de pago por el cambio de atribución los 60 MHz restantes e incluso otros 11 MHz que posee en la banda de 850 MHz, los cuales se distribuirían entre las tres operadoras móviles dominantes sin concurso. La oferta no convenció a Telefónica porque afirman que Clarín terminará pagando menos de lo que supuestamente le hubiera correspondido abonar por ese espectro en caso de que se hubiese licitado. Por eso ahora amenaza con ir a la justicia. 

Los españoles también se quejan porque todavía no pueden disponer del espectro en la banda de 700 MHz que obtuvieron en la licitación del 2014 ya que permanece ocupado por otros operadores que controlan ese activo desde la década del 90 y exigen algún tipo de indemnización para irse. “El decreto no resolvió nada sobre este tema que nos impide mejorar la calidad del servicio y brindar nuevas prestaciones”, remarcaron a PáginaI12. A su vez, cuestionan que la autorización para que puedan brindar televisión a partir de enero de 2018 se limite en principio solo al Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Santa Fe. “Al final este decreto terminó siendo más restrictivo para nosotros que el 267/2015”, agregaron. 

Del lado del Grupo Clarín, afirmaron a este diario que con las amenazas de judicialización Telefónica logró frenar durante todo este año el desembarco del multimedios argentino en el mercado de la telefonía móvil 3G y 4G. Además, sostienen que la convergencia no es asimétrica ya que ellos no podrán comenzar a ofrecer telefonía antes de que los españoles brinden televisión, ya que las inversiones que necesitan hacer demorarán su operación en los segmentos 3G y 4G hasta mediados de 2018. También remarcan que es escaso el plazo de tres años durante el cual regirán tarifas de interconexión asimétricas a favor del operador entrante al mercado móvil para incentivar su crecimiento.

Quien ayer sí se mostró conforme con el nuevo decreto fue Jorge Di Blasio, presidente de Red Intercable, compañía que actúa como mandataria de un conjunto de pymes cableras, pues el artículo 5 prevé una protección especial frente a la competencia para los pueblos de menos de 80 mil habitantes donde el servicio de televisión paga es brindado por cooperativas y pymes.