El cuñado del rey de España, Iñaki Urdangarin, tiene cinco días para ingresar de forma voluntaria en cualquier prisión de España, para cumplir la condena de cinco años y diez meses que le impuso el Tribunal Supremo español por el caso de corrupción Nóos, según le informó ayer la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. 

Urdangarin acudió minutos después del mediodía a la sede del tribunal para retirar personalmente “el mandato de prisión”, que le concede tiempo hasta el 18 de junio para ingresar en una cárcel del territorio español de su elección. El esposo de la infanta Cristina, quien llegó a la sede judicial acompañado por su abogado, Mario Pascual Vives, fue recibido con gritos de “¡chorizo!”, “¡ladrón!” y “¡los Borbones a los tiburones!”, por una veintena de personas que se concentraron en el lugar. Apenas estuvo unos minutos dentro de los juzgados. 

El caso Nóos, por el que fue condenado Urdangarin, estalló hace más de diez años, poniendo a la Corona española por primera vez en el centro de una trama de corrupción. La sospecha de que la familia real española estaba salpicada por la corrupción provocó una gran indignación en la sociedad española, que en ese entonces atravesaba una grave crisis económica.

Sobre Urdangarin pesa ahora una condena firme de cinco años y diez meses impuesta por el Supremo español, que redujo en cinco meses la pena de seis años y tres meses dictada previamente, a principios de 2017, por la Audiencia de Palma de Mallorca por varios delitos de corrupción, entre ellos malversación, fraude y tráfico de influencias.

Durante los cuatro días que le quedan en libertad por delante, Urdangarin podría pedir amparo al Tribunal Constitucional o un indulto, aunque lo más probable es que en caso de que se acepte el trámite de alguna de estas peticiones, igualmente tenga que esperar su resolución en la cárcel. 

El ex jugador de handball de la selección española no tendrá que cumplir ninguna restricción hasta que se venza el plazo que le dio la Justicia para ingresar en la cárcel, por lo que podría regresar a Ginebra, Suiza, donde reside actualmente junto con la infanta Cristina y sus hijos. 

La Audiencia de Palma también citó al ex socio de Urdangarin, Diego Torres, y al ex presidente balear, Jaume Matas, del Partido Popular (PP), para entregarles la notificación de ejecución de las sentencia del Supremo, con el mismo plazo de entrada en prisión. 

Matas, quien fue condenado a 3 años y 8 meses de prisión por delitos de falsedad documental, y malversación de fondos públicos, no se presentó ante el tribunal pero, en cambio, ingresó de forma voluntaria a la cárcel de Aranjuez, en el sur de Madrid. Torres, quien fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel, era el socio de Urdangarin en el Instituto Nóos, una fundación supuestamente sin fines de lucro que ambos utilizaron para hacer negocios, apropiándose de fondos públicos del gobierno regional de las Islas Baleares, sin que mediara contrato alguno. 

Según el Supremo quedó acreditado que Urdangarin disfrutaba de una “situación de privilegio como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces Jefe del Estado” para “mover voluntades” y obtener la contratación del Instituto Nóos. El alto tribunal mantuvo la condena por responsabilidad a título lucrativo para Cristina de Borbón, por haberse beneficiado del dinero que su marido malverso, aunque redujo la cuantía de la multa que deberá pagar de 265.088 euros a 136.950 euros, al descartar que se haya beneficiado de los delitos fiscales cometidos de Urdangarin. 

Urdangarin se convirtió en febrero del año pasado en el primer integrante de la realeza española condenado por corrupción y los próximos días será el primero en ingresar a la cárcel. 

Tras conocerse la sentencia, la Casa Real expresó su “absoluto respeto” a la decisión judicial, mientras el rey Felipe VI mantuvo su agenda, que ayer lo llevó a Navarra para la inauguración del Congreso Internacional de Arquitectura y Sociedad. Coincidiendo con la visita del monarca, el parlamento foral de Navarro aprobó el lunes último una resolución impulsada por la izquierda y grupos independentistas vascos, que exige un “referéndum vinculante” en España sobre la Monarquía o República. 

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuyo partido apoyó la propuesta, aseguró ayer que tras la sentencia del caso Nóos “quedan claros los vínculos de la monarquía con la corrupción”. El ex juez que instruyó el caso Nóos, José Castro, afirmó luego de la sentencia firme que el rey Juan Carlos I tendría que haber declarado “más como imputado que como testigo” durante la investigación si no fuese que su figura era “inviolable”.