La Anses comenzará a vender los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) para pagar jubilaciones y pensiones. La decisión forma parte del paquete de ajuste y reformas propuesto por el gobierno argentino para acceder al préstamo del Fondo Monetario Internacional. La documentación enviada a las autoridades del organismo se refiere al FGS como los “fondos de pensiones incautados en 2008”. Cuando la Anses recuperó el control de los fondos de las AFJP, el fondo contracíclico asumió la tenencia de un importante paquete de títulos públicos y participaciones accionarias en 44 compañías donde habían invertido las administradoras privadas, pero la administración estatal lo hizo crecer en más de treinta veces.

Con el objetivo de liberar recursos presupuestarios, el acuerdo con el FMI propone acelerar la venta de los activos del FGS. La propuesta oficial es consumir cada año alrededor de 40.000 millones de pesos del fondo. Además de acciones y bonos, el FGS está compuesto por fondos comunes de inversión, proyectos de infraestructura, el Pro.Cre.Ar y los créditos Argenta. La venta de los activos del fondo pretende financiar una parte del flujo permanente de jubilaciones y pensiones a través de la liquidación de un stock limitado de activos financieros.

“Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica”, sostiene el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras que define los objetivos asumidos por el gobierno argentino a cambio de un crédito por hasta 50.000 millones de dólares en tres años. La ley ómnibus que en 2016 puso en marcha el blanqueo de capitales, la moratoria impositiva y la reforma previsional habilitó a liquidar activos del FGS para financiar la “reparación histórica” sin necesidad de obtener una autorización parlamentaria. Desde entonces se concretaron solo dos operaciones: la venta de las acciones en la petrolera Petrobras a Pampa Energía y se desprendió de su participación en la empresa química Indupa a manos de la brasileña Unipar Carboclor. En ambos casos se abrieron investigaciones judiciales por presuntas irregularidades.

La propuesta realizada al FMI es acelerar ese proceso. “El valor de los activos de los fondos de pensiones incautados en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingresos para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones”, sostiene el documento remitido a los directores del FMI que deben aprobar el acuerdo el próximo miércoles. “El monto se dividirá por la expectativa de vida promedio de los contribuyentes a esos esquemas en 2018, es decir, 20 años. El límite en el importe a reconocer como ingresos será de 0,4 por ciento del PIB por año”, sostiene el texto que fue firmado por el flamante ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, y el desplazado presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

Al finalizar el primer trimestre de 2018, el FGS tenía activos por 1,26 billones de pesos. El 56,2 por ciento de esos activos son bonos de la deuda y 19,4 por ciento son acciones. Los papeles de empresas suman 246.000 millones de pesos en acciones, más de 11.000 millones de dólares al tipo de cambio entonces. El fondo posee acciones del Grupo Clarín, Banco Macro, Siderar-Techint, Transportadora Gas del Sur, BBVA Banco Francés, Telecom, Molinos Río de la Plata, Gas Natural Ban, Edenor, Consultatio, San Miguel, Grupo Financiero Galicia, Aluar, Holcim, Camuzzi, Quickfood y Cresud. El objetivo oficial no es solamente conseguir fondos para maquillar el ajuste fiscal, sino desarticular una poderosa herramienta de intervención del sector público en la economía y cumplir con la demanda de los grupos económicos que rechazan tener de socio al Estado.

El ex presidente del Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social, Miguel Angel Pastor, quien también fue funcionario de la Anses durante los primeros años de gobierno de Néstor Kirchner, bajo la gestión de Sergio Massa, advirtió ayer que “vía una adecuación contable que consideran necesaria pretenden blanquear la perdida que tuvo el FGS producto de los desaguisados realizados y la devaluación”. Las estimaciones realizadas por el abogado con la colaboración del ex viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis, arrojan que “en estos últimos 30 meses el gobierno de Mauricio Macri ha reducido al FGS en más de 30.000 millones de dólares: de los 77.000 millones de dólares a los 46.000 millones actuales”.

Los cambios propuestos en materia de seguridad social van más allá de la venta de los activos del FGS. El documento relanza la propuesta de reforma integral del sistema de la seguridad social que representa una sugerencia permanente de los informes del staff del Fondo desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri. En la evaluación de la economía argentina prevista en el Artículo IV del FMI publicada a fines de 2017, los técnicos del organismo propusieron transformaciones como habilitar un pilar no contributivo para adultos mayores de 65 años pobres y otro contributivo, pero sin regímenes especiales. Propusieron además que los ajustes jubilatorios se produzcan en base a la inflación futura y no a la pasada. Otro elemento sugerido en reiteradas oportunidades es la universalización del aumento en la edad jubilatoria para las mujeres de 60 a 65 años.