Los compromisos asumidos por el Gobierno ante el mercado y el FMI implican un ajuste fiscal adicional de 61.800 millones de pesos para este año y de 425 mil millones en 2019. En realidad, el recorte del año que viene sería de 300 mil millones (125 mil millones de pesos menos) si no fuera por las concesiones fiscales que el Gobierno otorgó a lo largo de su gestión a los empresarios y a sectores relativamente más favorecidos. Teniendo en cuenta que el impuesto más importante es el IVA, que depende directamente de la actividad económica (afectada por las medidas del Gobierno), no se llegaría a alcanzar la meta fiscal del año que viene sin tocar partidas más sensibles vinculadas a la seguridad social. Esas son las principales conclusiones de un informe del CEPA al que accedió este diario.
Rebaja de impuestos
El propio Gobierno redujo sus ingresos a lo largo de muchas concesiones tributarias. En la Seguridad Social, se estableció un mínimo no imponible de 12 mil pesos por trabajador por mes –ajustable por inflación– que se deduce de los costos laborales que paga el empresario. En 2018 se aplica el 20 por ciento de esos 12 mil pesos, sube al 40 por ciento en 2019, 60 por ciento en 2020, 80 por ciento en 2021 y se aplica plenamente en 2022. También bajó la alícuota de las contribuciones patronales en los servicios y subió en la manufactura. El CEPA calcula que la reforma implica para 2019 una baja de ingresos de 71 mil millones de pesos.
Se eliminaron retenciones al maíz y el trigo y se aplicó un programa de rebaja paulatina en la soja. Este año, el impacto de esos cambios fue una caída en los ingresos públicos de 62.956 millones de pesos. En el Impuesto a las Ganancias, la reforma definió que se aplique una reducción de la alícuota para las ganancias no distribuidas por las empresas, del actual 35 al 30 por ciento en 2018, al igual que en 2019 y hasta el 25 por ciento en 2020. La estimación realizada por CEPA indica que esto implica una reducción de al menos 21 mil millones de pesos. El Gobierno también redujo alícuotas y subió el mínimo no imposible para el impuesto a los Bienes Personales y eliminó el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Es posible estimar esta merma en aproximadamente 20 mil millones de pesos.
Recorte 2018
Semanas atrás, el Gobierno anunció un recorte de 30 mil millones de pesos para este año en partidas vinculadas a la obra pública, lo cual tendrá impacto negativo sobre la actividad. “En 2019, el Gobierno pretende sustituir el recorte actual y el próximo con las obras a través de los proyectos PPP, que en este nuevo escenario no parecieran poder encontrar financiamiento fácilmente y es mayor endeudamiento encubierto”, dice el CEPA. En paralelo al acuerdo con el Fondo, el Gobierno anticipó un recorte adicional de 20.400 millones de pesos en el empleo público.
Queda pendiente un ajuste de unos 10 mil millones de pesos para alcanzar el recorte total de 61.800 millones, que permitiría llegar la meta del rojo fiscal del 2,7 por ciento del PIB. Esos 10 mil millones podrían provenir de las transferencias a las provincias, recortes adicionales de subsidios, partidas vinculadas a universidades y empresas estatales o prestaciones sociales. Estos números del ajuste no contemplan los recortes de partidas incluidos en el presupuesto aprobado a fines de 2017, como la quita de subsidios a los servicios públicos en el segundo semestre.
Recorte 2019
El CEPA calculó la necesidad del ajuste fiscal el año que viene con un crecimiento del 2 por ciento y una inflación del 24 por ciento. Si el Gobierno no aplicará ningún cambio fiscal, en ese escenario el déficit subiría 0,8 punto porcentual, por efecto de las deducciones tributarias antes señaladas. El “sobreajuste” necesario, entonces, llega a los 425 mil millones de pesos para llegar a la meta del déficit del 1,3 por ciento.
El acuerdo con el FMI prevé la continuidad en el recorte de subsidios el gas y la electricidad, que implicarían un “ahorro” fiscal de 56.250 millones de pesos el año que viene. En el transporte público, el ajuste sería de 30 mil millones y en los salarios públicos sería de 78 mil millones de pesos, ya que se estima una reducción de lo destinado a personal del 3,2 a 2,7 por ciento sobre el PIB, detalla el CEPA.
El compromiso con el FMI incluye una reducción de las compras y servicios de la administración pública de “un 15 por ciento en términos reales”, lo que implicaría unos 30 mil millones de pesos por año, y las empresas públicas recibirían 6120 millones menos de parte del Estado nacional.
El CEPA advierte que el recorte a las provincias “se implementará a través de la educación y la, salud por unos 45 mil millones, un 30 por ciento de lo que reciben actualmente” y también a través de las “inversiones en energía, transporte educación, vivienda y agua potable, en donde recorte asciende a 9 mil millones adicionales”. “Es de esperar un recorte en los recursos de las Universidades en 20 mil millones para 2019 y en gastos de capital invertidos directamente por Nación, por más de 30 mil millones para 2019, cifra equivalente a la ajustada en 2018”, agrega el CEPA. El informe advierte que el efecto recesivo que tendrán los recortes implica la necesidad de más ajuste fiscal. En ese escenario, el Gobierno podría atacar partidas más sensibles como asignaciones familiares para trabajadores registrados, pensiones no contributivas u otros programas como Progresar y Argentina Trabaja.
