Se conocieron los detalles del acuerdo con el FMI y cada vez hay más certezas de que ya no se trata de pasar sólo “un invierno”, como afirmó alguna vez Álvaro Alsogaray, sino por lo menos tres. Tres años es lo que dura el crédito stand by, aunque países como Grecia muestran que el ajuste y el monitoreo se pueden extender más. 

Si bien el memorándum difundido el jueves pasado profundiza en temas como la modalidad y los tiempos de los desembolsos, así como en las medidas que el gobierno se compromete a implementar, se confirman las cifras y los grandes trazos anunciados por Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger en la conferencia del 7 de junio. Las medidas siguen al pie de la letra lo que pretende el Fondo Monetario. 

Desde aquel día en la web del organismo internacional ya se podía leer (en “Preguntas Frecuentes sobre Argentina”) que “el acuerdo de derecho de giro (stand by) es una herramienta financiera del FMI que está a disposición de cualquier país miembro que necesite financiamiento para superar problemas de balanza de pagos. El acuerdo permite al FMI responder sin demora a las necesidades de financiamiento externo de un país y apoyar las políticas recomendadas para restablecer el crecimiento sostenible”. 

La mención a la balanza de pagos indica que para el Fondo es esencial reducir los déficits de cuenta corriente, lo cual invoca a un fuerte ajuste del nivel de actividad, que contraiga el consumo, la inversión, y luego las importaciones. Es decir que, lejos de ser un daño colateral, la economía en recesión o en virtual estancamiento es una condición indispensable sobre la que descansa el enfoque ortodoxo vigente. 

En la conferencia de prensa había quedado claro que uno de los principales ejes para reducir la absorción doméstica es la vía fiscal. Inicialmente el ítem que más se ajusta en términos reales es el gasto de capital (un 81 por ciento), cayendo 1,6 puntos del PIB hasta 2020. Preocupante por donde se lo mire (menor empleo, infraestructura). La reducción de los subsidios será de 48 por ciento, lo que seguirá alimentando la alta inflación. Mientras, los salarios públicos y bienes y servicios caerán un 13 por ciento, porcentaje que recuerda al ajuste (por vía “nominal”) pretendido de las jubilaciones y los salarios del gobierno de la Alianza, en 2001. No obstante ahora la inflación es la que se hará cargo de la licuación.  

En el memorándum también se habla de que el gobierno nacional alcanzará en 2020 el “déficit cero”, otra triste reminiscencia de los tiempos de la Alianza. Además, se refleja el impacto que sufrirán las provincias, que deberán alcanzar un superávit primario del 0,25 por ciento del PIB hacia mediados de 2021, cuando finalizaría el stand by. 

Como es usual, los intereses de la deuda (que conforman el resultado financiero) no entran en la discusión. Aquí radica otro de los objetivos del fiscalismo extremo: garantizarle el repago a los acreedores. 

Respecto del tipo de cambio, los funcionarios están “completamente comprometidos con un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado”, aunque sabemos por experiencia propia y ajena que dejar librado a las fuerzas del mercado un precio tan importante como es el tipo de cambio constituye una sensible amenaza para el poder de compra de la población. 

En materia de precios se avanzará con el esquema de metas de inflación, y el gobierno se compromete “a hacer lo que sea necesario para cumplirlas”. Traducido: mantener altas tasas de interés, sin importar el impacto en la actividad económica en general, y en particular en las Pymes y el empleo. Entre los cambios institucionales, se planea para antes de marzo de 2019 la presentación en el Congreso de un proyecto para reformar la Carta Orgánica del BCRA, estableciendo la prioridad antiinflacionaria y la independencia de la entidad. Según se desprende del memorándum, ésta será incluso la encargada de establecer las metas, sin que participe en la decisión final el Ministerio de Hacienda, al que sólo se lo consultará. Una hipoteca para futuros gobiernos de tinte popular. 

Es imprescindible reconstruir una senda contraria a la liberalización, la desregulación, y la quimérica idea de que es necesario ganar la confianza de los mercados. Los legisladores y la ciudadanía deben expresar todo su rechazo a un conjunto de políticas que sólo tiene para ofrecer un ajuste permanente, subdesarrollo y dependencia

* Presidente Partido Solidario.