En un último movimiento por consolidar la protección a Mauricio Macri, la Oficina Anticorrupción lo desvinculó de cualquier conflicto de interés en el episodio de Correo Argentino SA, en el que el Estado aceptó, durante la gestión actual, condonar –de acuerdo con los cálculos de la Procuración General de la Nación– cerca del 99 por ciento de la deuda que contrajo la empresa vinculada a la familia del presidente.

En una extensa resolución, el organismo que conduce la referente del PRO Laura Alonso resolvió que no hubo faltas a la ley de ética pública en la decisión de aceptar la oferta de la empresa controlada por el holding de la familia Macri, que buscaba saldar su deuda con el Estado en su concurso preventivo. En ese sentido, dictaminó que el presidente “tendría vedado intervenir en cualquier actuación relacionada con la empresa Correo Argentino SA” y aseguró que no existió ningún tipo de intervención por parte del mandatario “ni en la aceptación de la propuesta del Correo ni en ningún otro asunto vinculado a dicho concurso de acreedores”. Según la OA, el hecho de que el ex ministro de Comunicaciones y actual titular de Defensa, Oscar Aguad, haya aceptado en el marco de la audiencia judicial la oferta de Correo Argentino SA no acreditó un conflicto de interés.

A principios de 2017, la fiscal general en lo Comercial, Gabriela Boquín, había cuestionado duramente la aceptación de al oferta por parte del Estado. La fiscal consideró que el acuerdo para el pago de la deuda del Grupo Macri -que, entre recursos judiciales y prórrogas, no ha avanzado- hubiera sido “abusivo”, en tanto implicaba “una condonación de la deuda” por más de 4000 millones de pesos. Además, Boquín advirtió entonces que “habiendo relación de dependencia jerárquica entre el presidente, el jefe de Gabinete y los ministros, la existencia de conflicto de interés surge palmaria”. En esta misma línea se había expresado el titular de la Procuradoría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, que denunció el acuerdo por considerarlo “administración fraudulenta en perjuicio del Estado, posible tráfico de influencias y negociaciones incompatibles” y apeló la resolución de la Procuración del Tesoro de la Nación que negó que existieran irregularidades. Según establece la ley, esa apelación debe ser resuelta por Macri, que se tendrá que excusar y la decisión quedará a cargo de la vicepresidenta Gabriela Michetti.

El texto publicado por la OA no en vano incluyó duras críticas a la fiscal Boquín e hizo una cerrada defensa de las actuaciones de Macri, del por entonces ministro Aguad y del funcionario que dio el sí en la audiencia con el Correo Argentino, el ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa.

Las investigaciones de la secretaría que conduce Alonso, casualmente, siempre resultan favorables para los funcionarios oficialistas. Por ejemplo, a fines del año pasado, Alonso les pidió a Juan José Aranguren, ministro de Energía, y a Luis Caputo, actual titular del Banco Central y por entonces ministro de Finanzas, que “ratifiquen o rectifiquen” sus declaraciones juradas, tras las revelaciones del denominado informe Paradise Papers, que vinculó a ambos funcionarios con sociedades offshore. Hace poco más de un mes, dio por cerrado el escándalo del ministro de Trabajo Jorge Triaca y su empleada Sandra y se limitó a pedirle al funcionario que evite “adoptar decisiones que pongan en riesgo la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores”.