La Cámara de Casación Penal decidirá, a más tardar el jueves próximo, si le hace el juego a la estrategia del tándem DAIA-Gobierno-derecha internacional, que pretende conseguir un tribunal integrado a su antojo para que se ocupe del juicio oral de la causa por el Memorándum con Irán en el que Cristina Fernández de Kirchner estará acusada, junto con otras personas, de encubrimiento de los iraníes sospechosos del ataque a la AMIA. Es el caso que nació con la famosa denuncia que hizo Alberto Nisman antes de morir. Los camaristas deben decidir ahora si apartan a la jueza Sabrina Namer, que fue recusada por la entidad que hasta hace poco dirigía Ariel Cohen Sabban (eyectado tras la denuncia de acoso de Esmeralda Mitre) y por un grupo de familiares de víctimas del atentado. Ellos alegan una suposición de que la jueza no será imparcial y que participó como fiscal en la unidad AMIA, aunque en la audiencia que se hizo el miércoles último lo que dejaron entrever que la clave es su disgusto porque Namer fue una de las integrantes del tribunal que les devolvió la libertad a Carlos Zannini, Luis D´Elía y Jorge Kahlil. La mayoría de las defensas plantearon que buena parte de la causa ha sido objeto de maniobras de fórum shopping, o sea, distintos mecanismos para elegir tribunal, denunciadas incluso ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

El juicio por el caso del Memorandum quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 8 (TOF8) por sorteo después de una grosera maniobra por la cual el Gobierno intentó crear un tribunal con jueces elegidos a dedo, el TOF9, que fue frenada por la Corte Suprema. El TOF8 está integrado por Namer, María Gabriela López Iñíguez y Nicolás Toselli. La primera decisión que tuvieron que tomar se refería a las detenciones de Zannini, D´Elía, Kahlil y Fernando Esteche. Toselli se excusó en la causa porque es yerno Roberto Ahuad, el ex embajador en Siria, testigo durante la instrucción. Las dos juezas mujeres devolvieron la libertad a todos menos a Esteche, complicado con otras causas. Consideraron que era una arbitrariedad que estuvieran presos y cuestionaron la doctrina “Irurzun” (porque la acuñó el camarista Martín Irurzun) de los “vínculos residuales” como justificación de detenciones de personas que incluso ya no están ni tienen poder.

Fue después de aquella decisión que Namer fue recusada por la DAIA y los familiares. Antes de que llegara el planteo concreto, desde medios afines al Gobierno comenzaron a repetir que como había integrado la UFI AMIA después de la muerte de Nisman, era cuestionable que actuara en este juicio. Frente a esas presiones, ella firmó una resolución donde decía que en la unidad que investiga el atentado se pudo haber elaborado información que derive en el expediente del Memorandum (como un informe de gestión de 2016), pero que eso no afecta su imparcialidad y que ella nunca opinó sobre el tema del acuerdo en sí mismo. Dejó en claro que son investigaciones completamente distintas (una sobre el ataque ocurrido en 1994, la otra sobre el Memorándum con Irán firmado en enero de 2013).

La recusación fue rechazada por los colegas de Namer y el fiscal Marcelo Colombo, por eso derivó en Casación. La sala IV del tribunal decidió tratarla a pesar de que suele rechazar este tipo de planteos de manera automática. En la audiencia que se hizo esta semana, hubo escritos de acusados y querellantes pero sólo dos exposiciones orales. Habló el abogado Tomás Farini Duggan -que representan a los familiares Luis Czyzewski y Mario Averbuch– quien pidió sacar a Namer de la causa porque según su interpretación del escrito de la jueza, “ella tiene dudas” sobre la posibilidad de actuar con imparcialidad, aunque su escrito es taxativo al plantear lo contrario. Pero además, dijo Duggan, le generaba sospechas que hubiera liberado a Zannini y a D’Elía el 24 de marzo, fecha del aniversario del último golpe de Estado. Sugería que el tribunal había elegido la fecha. Los planteos de excarcelación deben resolverse en veinticuatro horas, que se cuenta desde la presentación por parte de las defensas. La DAIA no expuso en forma oral, pero dejó un escrito en sentido similar.

Desde el lado de las defensas, quien habló ante los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Gemignani fue Aníbal Ibarra, que representa ex secretario presidencial, Oscar Parrilli. Pidió a las querellas que muestren alguna resolución o documento donde Namer haya opinado sobre el Memorándum o emitido alguna clase de prejuzgamiento sobre el tema, pero no pudieron darle ningún ejemplo o prueba concreta. Señaló que tampoco fue cuestionada por falta de imparcialidad cuando integró la UFI AMIA. Y planteó que simplemente “quieren apartarla porque firmó las excarcelaciones” de tres de los acusados detenidos, con lo que las querellas están disconformes e imaginan que no va a actuar en el juicio como ellos esperan.

–¿Pero Namer intervino como fiscal en esta misma causa?–se había quedado con la duda el juez Hornos, y la planteó en la audiencia.

–¡Sí!–, exclamó Duggan.

–No es cierto, nunca intervino. Traigan el expediente completo y busquen una foja que acredite que Namer opinó. No la van a encontrar, porque no existe. Un informe de gestión es otra cosa–, contrapuso Ibarra. El abogado, además, buscó confrontar a dos de los jueces que lo escuchaban, Borinsky y Hornos, con sus propios antecedentes: les señaló que ellos mismos se habían excusado en la causa madre sobre el atentado a la AMIA (el segundo por haber actuado como fiscal, el primero por tener relación con otro de los fiscales del caso hoy acusado de encubrimiento), pero estaban allí sentados escuchando porque consideraban que es un expediente distinto al del Memorándum, respecto del cual no se declaró conexidad. Lo mismo hicieron, explicó, cuando rechazaron apartarse para resolver si Claudio Bonadío podía seguir el frente de la causa “melliza” sobre el Memorándum,  donde se planteaba traición a la patria. Es decir, se quedaron ellos mismos y rechazaron la recusación del juez.

La Cámara de Casación, según recordó en su escrito el abogado de CFK, Roberto Boico, no suele siquiera estudiar las recusaciones que llegan al tribunal luego de ser rechazadas. Insistió en respetar la garantía de “juez natural”. ¿Por qué esta vez decidieron estudiar el recurso? Para la defensa es incomprensible.

Los abogados del ex canciller Héctor Timerman, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, señalan que incluso en el caso de Hornos podría haber una analogía con la situación de Namer, ya que ambos intervinieron en la causa del atentado como fiscales, pero la de la actual jueza se analiza de manera inexplicablemente distinta. Además, encuadraron el intento de apartamiento de la jueza en una serie de “maniobras de fórum shopping desplegadas a lo largo del caso”, ya desde el momento que en que la misma causa por encubrimiento de los sospechosos del atentado a la AMIA contra la ex presidenta, Timerman, D’Elía, Andrés Larroque, Kahlil, entre otros de los primeros denunciados,  fue duplicada. Como el primer juez, Daniel Rafecas, la cerró por inexistencia de delito, se abrió otra paralela, que instruyó Bonadío, y que terminó quedándose con el primer expediente también. Todos los jueces que rechazaron que no hubiera existido un delito en la firma del Memorandum con Irán, que lo consideraron un acto de gobierno que ni siquiera tuvo efectos sobre la modificación de las circulares rojas para la captura de los iraníes, fueron apartados “reemplazados por otros (jueces) de conveniencia para la acusación” entre los que incluye a los mismos jueces de casación que “se aprestan a apartar a una jueza que no resulta conveniente para sostener la amañada acusación y pone en riesgo todo su arquitectónico armado”.

Los medios afines al Gobierno ya dan por hecho que Namer quedará fuera del tribunal, y que junto con López Iñíguez y José Michilini será designado otro integrante para juzgar este caso con el que el oficialismo quisiera hacer un espectáculo. Cuando se discutía la reapertura de la causa del Memorándum (que finalmente decidieron los jueces Borinsky y Hornos), el abogado Rúa entregó las actas de directorio de la DAIA, que daban cuenta de que sus autoridades se reunieron en 2016 con Mauricio Macri para conversar la estrategia judicial, y claramente política (orientada a atacar al kirchnerismo) en las “causas judiciales del atentado y colaterales”, “Nisman”, “Memorando con Irán”.