El proyecto que tratará el Senado de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) tuvo modificaciones de último momento, que se introdujeron en el tratamiento en particular de los artículos, pedidas por diputadas y diputados para sumar su voto favorable en la histórica media sanción que le dio la Cámara baja. Una de ellas es la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de las Normativas sobre Salud Reproductiva y Educación Sexual, que entre otras funciones, recibirá denuncias de miembros de la comunidad educativa “sobre la falta u obstrucción de la aplicación” de esas leyes y deberá presentar un informe anual sobre el estado de su cumplimiento. El primer denunciado debería ser el Gobierno nacional: desde que Mauricio Macri llegó al Gobierno, el Programa Nacional de ESI, creado por la Ley 26.150 en 2016, sufrió una política de desmantelamiento. En 2018 el Programa cuenta con menos del 40 por ciento de los recursos que tenía en 2015, en precios corrientes, según calculó el Instituto Marina Vitte, de la Ctera, con datos del Ministerio de Educación y del Jefe de Gabinete. La poda también afectó al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que reparte gratuitamente anticonceptivos donde hubo una subejecución de los tratamientos: durante 2006 estaban previstos aplicar 27 millones de anticonceptivos y solo se pusieron 12,1 millones, de acuerdo con el mismo monitoreo.

La ley de Educación Sexual Integral, N° 26.150 –también promovida por diputadas de distintas bancadas y sancionada con apoyos transversales–, es la que enfrenta mayores obstáculos para su cumplimiento. Paradójicamente, los mismos sectores que ahora la reivindican como paliativo frente al reclamo por la despenalización y legalización del aborto, fueron los que ferviente y militantemente siempre se han opuesto a su aplicación. 

Como muestras, apenas unos botones: 

  • El gobierno macrista, cuyos diputados del PRO votaron mayoritariamente en contra del proyecto de IVE, debilitó desde que asumió al Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, como esta cronista se encargó de publicar en varias oportunidades –redujo sensiblemente su presupuesto, los cupos de capacitaciones a docentes y la impresión y distribución de materiales para las aulas–.
  • En Salta –cuyos siete diputados nacionales votaron unánimemente en contra el jueves por la mañana–, se venía impartiendo catequesis, incluso en las escuelas públicas, en lugar de ESI.
  • En Tucumán –donde 6 de sus 9 diputados votaron también en contra– ni siquiera hay ley provincial de ESI y la nacional no llega.
  • En San Juan, todos sus diputados también votaron en contra, entre ellos José Luis Gioja, que siendo gobernador –estuvo al frente del gobierno provincial durante tres períodos, desde 2003 a 2015– escondía los Dispositivos Intrauterinos (DIU) que le enviaba el Ministerio de Salud de la Nación, y no los entregaba gratuitamente a las mujeres que los necesitaban. Tal como reveló Página/12 en noviembre de 2006, el Ministerio de Salud provincial tenían guardados 5000 DIU en depósitos porque consideraba erróneamente que eran abortivos, siguiendo falsas afirmaciones de grupos católicos. 

Desde que gobierna el macrismo, el Programa Nacional de ESI, fue debilitado. “Si se lo observa desde el punto de vista de los precios constantes (es decir, considerando el efecto inflacionario), el presupuesto 2018 de la ESI representa menos del 20 por ciento del presupuesto que el Programa contaba en 2015”, señala el relevamiento de la CTERA.

Las capacitaciones de docentes se redujeron significativamente con el cambio de Gobierno: en 2012 participaron de actividades de capacitación organizadas por el Programa, unas 12 mil docentes; en 2013, 20 mil; en 2014, 28 mil; y en 2015, 55 mil, es decir, en total unas 115 mil a lo largo de cuatro años. Con el macrismo, cayeron a 200 docentes en 2016; 1050 en 2017, y 2000, en 2018, revela el informe de la CTERA. Durante el kirchnerismo, las escuelas que participaron de capacitaciones, para que su personal estuviera más preparado para dar la ESI, fueron 44 mil. Durante la gestión de Cambiemos, apenas 600, advierte el mismo relevamiento.

En términos corrientes el presupuesto del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se mantuvo estancado durante 2016 (a pesar del incremento de precios del 40 por ciento de ese año) y 2017 (con una inflación cercana al 25 por ciento). “Recién durante 2018, luego de que se anunció que se debatiría el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se agregaron más fondos al programa”, señaló a PáginaI12, la secretaria general de la CTERA, Sonia Alesso. El monitoreo refleja además que hubo una subejecución de los tratamientos anticonceptivos: durante 2006 estaban previstos aplicar 27 millones de tratamientos y solo se aplicaron 12,1 millones.

“Desde CTERA resaltamos la importancia que le damos a la lucha que llevamos adelante por la sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral y los contenidos curriculares desarrollados que representan un avance con respecto a la mirada sobre la sexualidad, a la prevención del abuso y las violencias de género. Apoyamos también la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. En este debate, muchos de los que estuvieron en contra de la Educación Sexual Integral, se opusieron también a la autonomía que tenemos las mujeres sobre nuestros cuerpos. Asimismo, rechazaron el Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género”, dijo Alesso.