El ex secretario de Obras Públicas, José López, cumplió el jueves pasado dos años de prisión y seguirá en el penal de Ezeiza, como mínimo, otros nueve meses. Es el tiempo que el Tribunal Oral 1 dispuso como extensión de su prisión preventiva, pero el cálculo es que en ese período terminará el juicio oral y habrá, seguramente, condena por enriquecimiento ilícito. En estos dos años López nunca explicó de dónde sacó los 9 millones de dólares que aparecieron en su poder y habrá que ver si también se prueba que la vivienda de Dique Luján y un departamento de la Avenida Las Heras, en Capital Federal, son igualmente suyos y comprados con dinero que tampoco podría justificar. El dato novedoso es que hay rumores de que López podría romper el silencio y hablar, cosa que ocurriría después de que se reinicie el juicio oral, el viernes 22 de julio. 

Los jueces del Tribunal Oral, Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico, dispusieron un cuarto intermedio para que se dirima si la Unidad de Información Financiera (UIF), o sea una oficina del Gobierno, puede actuar como parte querellante en el juicio después de que no tuvo actuación en todo el proceso ni pidió prueba alguna. La Cámara de Casación aceptó a la UIF en un fallo emitido en la jornada anterior al juicio, lo que puso en marcha las objeciones de las defensas.

El juicio está centrado en el enriquecimiento ilícito de López ya que hasta el momento no se pudo descubrir quién o quiénes le dieron los 9 millones de dólares. La lógica indica que el ex secretario de Obras Públicas cobró coimas y que poderosos empresarios de la construcción fueron los que le dieron el dinero. El fiscal Miguel Angel Osorio logró que la Embajada de Estados Unidos finalmente le contestara de dónde salió una pequeñísima parte de los 9 millones. Es que del total sólo se encontraron 100 mil dólares termosellados y, luego de que el juez instructor, Daniel Rafecas, pidiera información sobre ese “ladrillo”, recién ahora el país del norte informó que el dinero fue parte de una partida retirada por el Commerzbank de Alemania, enviada a la Argentina, e ingresada al Banco Finansur, en tiempos en que el dueño de la entidad era Jorge Sánchez Córdova, ex tesorero de Boca Juniors en tiempos de Mauricio Macri. Sin embargo, la clave no está en los bancos por los que pasó el ladrillo de 100 mil dólares, sino en quién lo retiró y quién se lo entregó a López. Además, hubo versiones que indicaban que buena parte de la fortuna encontrada en Dique Luján provino de China o Hong Kong, algo que suena mucho a Odebrecht y a las obras en las que intervino el gigante brasileño. La abogada del ex funcionario es la defensora oficial Pamela Bisserier, de larga trayectoria en Comodoro Py. La lógica indica que si López no habló durante dos años no lo hará tampoco en el juicio, pero hay información circulando según la cual el ex secretario haría alguna revelación. Hasta ahora su única declaración sobre el tema fue enigmática: “La plata salió de la política”.

Entre los demás imputados están la ex esposa de López, María Amalia Díaz, acusada como partícipe necesaria. En la primera audiencia se los vio en buena relación, aunque siempre la versión más fuerte fue que aquella noche López salió de su casa a raíz de un tremendo enfrentamiento con la mujer por un tema sórdido. Algunos dicen que ese conflicto se expondrá en el juicio, tal vez cuando declare la hija de Díaz, que habitaba el cuestionado departamento de la Avenida Las Heras. En un papel muy menor, pero también imputada por encubrimiento, está la monja Cecilia Aparicio, Sor Inés, de 80 años, porque supuestamente sabía que el ex secretario iba a guardar el dinero ahí, algo que surgiría de los entrecruzamientos telefónicos.

Finalmente están los imputados como supuestos testaferros de López. 

  • Andrés Galera, defendido por Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, fue el primer dueño de la casa de Dique Luján. Se lo acusa porque durante la construcción habría estado López dando instrucciones, lo que sería evidencia de que la casa era del funcionario y no del empresario. 
  • Con la misma imputación quedó el poderoso empresario Eduardo Gutiérrez, defendido por Oscar Salvi, quien le compró la casa a Galera y supuestamente se la habría alquilado a López.
  • Están también los dueños del departamento de la Avenida Las Heras, Carlos Gianni y Marcos Marconi, defendidos por Mariano Fragueiro Frías. Gianni y Marconi son los titulares de la empresa Marketing y Eventos, favorecida por licitaciones en Tecnópolis. La acusación es que a cambio de esas adjudicaciones figuraron como dueños del departamento en el que vivía la hija de la esposa de López, Mariana Soules.

Un dato curioso es que habitualmente los testaferros son personas sin capacidad adquisitiva y a cuyo nombre se ponen propiedades que no podrían comprar. En este caso no sucede eso: todos son empresarios, de altos niveles patrimoniales, que apuntarán a demostrar que ellos compraron los bienes con su dinero.

El próximo viernes se avanzaría en la controversia sobre la participación de la UIF, algo que indefectiblemente tendrán que resolver los tres jueces del Tribunal Oral. Y a partir de ese momento llegará el momento de la indagatoria, con la incógnita sobre la declaración de López. El cálculo es que el juicio estará terminado antes de fin de año y la pena por enriquecimiento ilícito va de dos a seis años de prisión. Si surgiera, por ejemplo, una sospecha sobre quién le entregó a López los 9 millones, deberá sacarse testimonio y será la base para otra investigación y otro juicio. 

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