“El Gobierno es el que delinque”, afirmaron los abogados peticionarios de la medida cautelar ante la CIDH por Santiago Maldonado. Lo dijeron ante este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) al que acudieron por considerar que fueron difamados por funcionarios de Cambiemos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les comunicó que abrió el “Caso de Petición para su análisis de admisibilidad preliminar bajo el numero P-1110-18 a nombre de Fernando Cabaleiro y Carlos María González Quintana, peticionarios de la medida cautelar ante el mismo organismo, en agosto de 2017, a favor de Maldonado”. La semana pasada, Cabaleiro y González Quintana –en razón de su rol de defensores de derechos humanos en varios casos abiertos ante la CIDH, como el desalojo de la comunidad mapuche en Lago Mascardi, la represión en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, la violencia institucional de los operativos represivos de diciembre de 2017 en los alrededores del Congreso– denunciaron que fueron objeto de “una campaña difamatoria y calumniosa iniciada” por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el abogado querellante de la misma cartera ministerial, Fernando Oscar Soto. 

“Desde el punto de vista técnico significa que la Comisión está analizando la admisibilidad del pedido, pero al hacerlo le da status jurídico, abre el caso y permite que le podamos mandar información de manera constante, lo cual para nosotros es una garantía”, explicó Cabaleiro a PáginaI12. El 5 de junio, Soto y Bullrich aseveraron públicamente que los letrados plantaron pruebas falsas en las causas donde se investigan las circunstancias sobre la muerte de Santiago Maldonado, ocurrida en agosto de 2017, en el contexto de un operativo represivo de la Gendarmería. “En un programa de televisión, donde el conductor parecía su jefe de prensa, Bullrich dijo que éramos delincuentes cuando le preguntaron por el caso Maldonado, y anticipó que iba a pedir el procesamiento de otros integrantes de organismos de derechos humanos”, recordó Cabaleiro. En otras declaraciones, funcionarios macristas los acusaron de presentar informes falsos ante la CIDH y la ONU, de conformar una asociación ilícita con otros organismos de derechos humanos y los testigos mapuches para entorpecer la labor de la Justicia en el caso Maldonado, y hasta de usurpar el nombre de la APDH.

“En razón de la tamaña acción delictual cometida por Bullrich y Soto, en la misma trasnoche del 5 de junio de 2018, los letrados Fernando Cabaleiro y González Quintana, sin perjuicio de las acciones netamente penales a cursar en el sistema jurídico argentino en su momento, pusieron en conocimiento a la CIDH sobre el proceder ilegal y temerario de los funcionarios mencionados, y presentaron una petición formal por violación de los derechos humanos en relación a su rol como defensores de derechos humanos”, dice la documentación a la que accedió este diario. En la presentación ante la CIDH, señalaron que “se trata de una denuncia absolutamente falsa de Soto y Bullrich porque estos letrados nunca enviaron documento o informe alguno a la ONU, tampoco han actuado profesionalmente ni prestaron testimonio ni presentaron testigos ni informes ante la Justicia argentina en la causa federal donde se investiga la muerte de Maldonado”. 

En los hechos, como reflejó PáginaI12 en los últimos meses, la actuación de los abogados como simples peticionarios fue siempre sólo ante la CIDH. “Esos pedidos no pueden considerarse un entorpecimiento a la administración de justicia local, todo lo contrario, se buscó, y así se afirmó, que se asegure la protección de los y las testigos de los hechos del 1 de agosto a fin de que pudieran declarar sin presiones y hostigamiento ante la Justicia argentina”, destacó Cabaleiro. En la petición dejaron en claro que su actuación ante la CIDH “no se relaciona en absoluto con la averiguación sobre la muerte de Maldonado (ello tramita ante la Justicia argentina), sino sobre la solicitud de medidas cautelares para los comuneros de la Lof”.

El Gobierno también los atacó por la agrupación a la que pertenece González Quintana. “Ninguno de los letrados invocó la APDH nacional (Asamblea Permanente de Derechos Humanos), González Quintana fue miembro fundador de la APDH Córdoba (organización con personería propia), y a la cual pertenecía al momento de la denuncia inicial ante la CIDH”, indicaron. “Soto y Bullrich tergiversan maliciosamente todos los hechos con el fin de entorpercer la investigación penal sobre el caso Maldonado y serían los principales sospechosos junto a funcionarios judiciales de Esquel de conformar un grupo que pergeñó esta campaña junto a algunos pseudoperiodistas, con el fin de deslegitimar el rol de defensores de derechos humanos por nuestra labor ante la CIDH, asimismo confundir a la opinión pública y efectuar actos absolutamente inoficiosos ante el juzgado federal a cargo de Gustavo LLeral”, explicaron los abogados. Una de las notas periodísticas difundió una conversación entre Cabaleiro y Ariel Garzí, amigo de Maldonado, con la intención de marcar que la CIDH había dictado la medida cautelar por Santiago en base al armado de pruebas. Sin embargo, como publicó este diario, la cautelar ya había sido emitida cuando las pruebas supuestamente “armadas” llegaron a Washington. 

La nueva petición ante la CIDH apunta contra las imputaciones falsas de Bullrich y Soto, y contra su intento de desprestigiarlos consumado con la difusión y manipulación de escuchas telefónicas de los testigos y familiares de Maldonado, declaradas ilegales e inconstitucionales por la Justicia. “En la presentación quedó denunciado que el Gobierno, a través de Bullrich, Soto, el juez Guido Otranto y la fiscal Silvina Avila, es el que delinque y obstruye la investigación sobre la desaparición forzada de Santiago, entendemos por lo tanto que el riesgo de sanción, luego de la cautelar dictada por la CIDH agosto de 2017, es muy alto”, concluyó Cabaleiro.