El permiso express que la Bolsa de Comercio consiguió en el Concejo municipal para poder echar abajo el petit hotel de Corrientes 728/32 y poder encarar un negocio inmobiliario será objeto de repudio mañana por parte de adherentes a la ONG Basta de Demoliciones, que movilizará frente al edificio catalogado como patrimonio histórico de la ciudad para amplificar las circunstancias y generar consenso político para revertirlas.

“Tenemos que empezar a hacer visible lo que está pasando para empezar a presionar. El sentimiento que nos invade es de bronca ante tanta hipocresía: por un lado, la Municipalidad dice que encara un proyecto de puesta en valor del Casco Histórico, pero a la vez el Concejo le autoriza nada menos que a la Bolsa entrarle con la piqueta a este edificio”, protestó Julián Kuri, desde esa agrupación que organiza la manifestación pública y que colecta firmas para esa causa en www.change.org.

Mañana, desde las 11, miembros de esa ONG y militantes del Frente Social y Popular se apostarán frente al edificio deshabitado de tres plantas, construido en la década del ’20 y que pertenece a la Bolsa de Comercio de Rosario. Catalogado en 2001 como patrimonio histórico de la arquitectura rosarina, y confirmado en ese status en 2008, el petit hotel no podría derribarse en esa condición. Por eso la entidad bursátil que preside Alberto Padoán solicitó al Concejo la descatalogación del inmueble, cosa que la comisión de Planeamiento habilitó en diciembre, ya fuera de sesiones ordinarias, y que el recinto aprobó en la última sesión de prórroga y contrarreloj gracias al voto conjunto del oficialismo con el PRO. La iniciativa contó con un informe favorable firmado por el secretario de Planeamiento municipal, Pablo Abalos.

El propósito de la entidad es construir allí y en el edificio contiguo donde funcionó Tarjeta Naranja una torre de 9 pisos para destinarla a oficinas. 

“Es notable que a la Bolsa sí le autorizaron su proyecto pero al mismo tiempo hicieron lo contrario con una casa cerca de la terminal cuyos dueños quisieron venderla y no pudieron”, refirió Kuri. La alusión remite al caso de los hermanos Redolfi, herederos de una vivienda situada en Urquiza al 3400. El Concejo catalogó ese inmueble en 2012 como patrimonio histórico pero nunca les avisó. Ellos quisieron luego vender la casa sin saber que no podían, y eso le generó un perjuicio económico importante. 

“Dicen que demoler es desaparecer también. En otras ciudades el casco histórico se protege, las torres se hacen afuera. Aquí no”, agregó Kuri.