El mismo día en que la Cámara de Diputados daba media sanción a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, las escuelas de la ciudad de Buenos Aires recibieron un protocolo que establece cómo deben actuar ante situaciones de violencia de género y discriminación por orientación o identidad de género. El movimiento estudiantil de la ciudad venía reclamándolo desde el año pasado, junto al pedido de que se cumpla la Ley de Educación Sexual Integral. 

“Esto le va a permitir a esas compañeras terminar la cursada de forma normal y sin sentirse incómodas por compartir espacios con sus abusadores”, dijo Malena Briones, representante del Centro de Estudiantes de la Escuela de Bellas Artes Rogelio Yrurtia. “Es importante que se aplique y exista, ya que vivimos en una sociedad machista, por lo cual son muchísimas compañeras las que sufrieron abusos o violaciones, en muchos casos de sus mismos compañeros. Necesitábamos algo dentro del colegio que nos permita amparar a esas compañeras. No teníamos herramientas”, agregó. 

El nombre del documento es “Protocolo de Acción institucional en escuelas secundarias y establecimientos terciarios para la prevención e intervención ante situaciones de violencia de género y discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género o su expresión” y fue girado a las escuelas el jueves pasado por el Ministerio de Educación de la Ciudad. “La ministra se había comprometido a entregarlo en mayo y recién lo entregó después de que tomamos los colegios hace poco”, dijo Malena, en relación a los días previos a la vigilia para apoyar la media sanción del proyecto de  Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El origen del protocolo no es otro que las demandas de los y las estudiantes. Ante la avanzada del movimiento NiUnaMenos en los últimos años y el fenómeno de mayor conciencia feminista en las estudiantes, en las escuelas empezaron a visibilizarse situaciones de acosos, abusos sexuales y distintos tipos de violencias que antes se naturalizaban o no se denunciaban. “Hubo una ola de denuncias masivas porque las mujeres se animaron más a denunciar en las redes sociales y surgió el escrache en las redes y otros espacios. Entonces los estudiantes nos empezamos a cuestionar qué hacemos con el escrache porque nos enteramos que hay abusadores, violadores, violentos... pero qué hacemos después. No sabíamos cómo actuar, si podían denunciar o no, si podían dar sus datos. Es una guía enorme”, contó a este diario Jeremías Ríos Bonoris, secretario general del Centro de Estudiantes del Colegio 17 Primera Junta de Caballito.

El año pasado, más de 30 escuelas fueron tomadas por sus estudiantes en protesta contra la reforma educativa impulsada por el gobierno de la ciudad. También reclamaban que se implementara la Ley de Educación Sexual Integral en todos los colegios y que se creara y aplicara un protocolo contra la violencia de género, que incluyera capacitación docentes y asesoramiento a las autoridades, que se mostraban totalmente superadas por estas temáticas. Por entonces, Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la ciudad, organizó una mediación entre la ministra de Educación Soledad Acuña y estudiantes de las escuelas secundarias. Allí la Defensoría se comprometió a elaborar un protocolo que diera respuesta a las múltiples situaciones de violencia de genero denunciadas por las estudiantes. Después de sucesivas consultas con los y las estudiantes, el área Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría, a cargo de María Elena Naddeo, redactó el documento que finalmente fue aprobado por el Ministerio. 

El protocolo plantea “Principios rectores del accionar del equipo directivo” de las escuelas ante situaciones de violencia. Sintéticamente son los siguientes:

  •  Asesorar a los/as estudiantes sobre recursos disponibles para la atención de situaciones de violencia.
  •  Resguardar la confidencialidad.
  •  No revictimizar.
  •  Articular las consultas con los organismos públicos correspondientes.

El protocolo será aplicable a “situaciones que involucren a estudiantes”, tanto si ocurren dentro como fuera de las instalaciones de los colegios y en cualquier horario. En este último caso también abarca lo que suceda a través de comunicaciones electrónicas.

Proteger a las víctimas    

Uno de los tantos puntos complejos al abordar situaciones de acosos o abusos entre pares, estudiantes de la misma escuela y hasta del mismo curso, es cómo se protege a las víctimas. 

En el artículo 12, el protocolo dice que se podrá “modificar cursos, turnos, horarios y cualquier otra circunstancia que se requiera, evitando que ello obstruya el normal desarrollo en la institución escolar de todos/as los/as involucrados/as. En estas modificaciones se dará prioridad a la voluntad de las personas denunciantes y deberán entenderse como medidas de carácter protectorio y no como sanción a los denunciados”.

Sobre cómo actuar ante el hecho de que tanto la víctima como el victimario suelen ser menores de edad, el Protocolo plantea que se deberá facilitar “a quien ejerce violencia de género o discriminación, el acceso a los programas de asistencia médica o psicológica, a través de dispositivos reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de las conductas violentas o discriminatorias”.

Como reclamaba el movimiento estudiantil, el protocolo obliga a que el personal docente y no docente, en especial los equipos de conducción de los establecimientos, reciba “una capacitación en esta temática”.

Más allá de celebrar este protocolo, Malena recordó otra gran deuda: “Lo que falta hace 12 años es la ley de educación sexual integral. Los docentes y directivos no están capacitados. Es una de las grandes promesas incumplidas del ministerio y ahora es más necesaria que nunca. Si se cumpliera no necesitaríamos el Protocolo. Es una clave para lograr una sociedad sin machismo”.

Ríos Bonoris, del Centro de Estudiantes del Colegio 17, también celebró la guía. Sobre todo porque habilita otras posibilidades de actuación, más allá del escrache, que era el método que se había instalado para denunciar los abusos. “La idea es buscar una solución más concreta que pase por el hecho de generar conciencia y que las personas se empiecen a deconstruir y que no queden aislados. Porque se revictimiza a la mujer, porque no hay contención para ellas después de las denuncias o el escrache; y en el caso del abusador tampoco hay nadie que le corrija la conducta y que le diga que tiene que modificar las actitudes”, dijo.