Diez días después de su declaración indagatoria, el intendente de Cambiemos en Paraná, Sergio Fausto Varisco, fue procesado por el juez federal Leandro Ríos acusado de ser, prima facie, “coautor penalmente responsable del delito de financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes en concurso ideal con el delito de peculado”, por haber utilizado fondos y medios logísticos pertenecientes al Estado municipal, para el almacenamiento, distribución y venta de drogas. Los recursos del municipio sirvieron para pagarle los sueldos a 33 personas que está demostrado que respondían a Daniel “Tavi” Celis, reconocido jefe del narcotráfico en Entre Ríos, quien está preso desde 2016 por otros hechos, y que también fue ahora procesado en la misma causa que el jefe comunal. Hubo otros once procesamientos y el juez explicó en su fallo por qué no ordenó la detención inmediata de Varisco, a quien le impuso una serie de condiciones para seguir excarcelado. La relación entre Varisco y Celis se debe, según señaló el juez Ríos en una resolución anterior, a un “acuerdo político” según el cual el todavía intendente radical en Cambiemos recibió fondos aportados por Celis, es decir por el narcotráfico, para su campaña preelectoral de 2015 que lo llevó ese año a la intendencia. Como contraprestación, a poco de asumir el cargo, Varisco designó –de acuerdo a la acusación del juez– a los hombres que les marcó Celis en la Unidad Municipal 2, que se convirtió en un bunker para el acopio, reparto en camiones municipales y venta de cocaína, entre otras drogas.

En el fallo de ayer, el juez Ríos hizo mención a la situación de Varisco y a las razones por las cuales sigue en libertad, a pesar de la gravedad de los cargos. Se dice por un lado que “si bien por su condición de intendente municipal se genera un riesgo de que pueda influir en los testigos” y hasta que pueda “destruir prueba relevante en relación al delito de peculado” ese riesgo procesal “debe conjugarse con el ‘arraigo institucional’ que posee por esa misma condición de presidente municipal”. Entiende el juez que a ello debe sumarse que “se trata de un cargo unipersonal cuya privación de libertad podría generar una crisis institucional en los servicios de la ciudad”. Por otro lado, afirmó que “debe valorarse que se trata de una persona con 57 años de edad, con bienes inmuebles en la ciudad de Paraná y Buenos Aires, con un sueldo mensual de $36.000 conforme el informe de vida y costumbres”.

Esto significaría, según el juez, que puede ser posible “imponer otras medidas alternativas por las que se puede gestionar el interés material y procesal de manera menos gravosa, correspondiendo mantener su excarcelación, pero bajo una caución real de $1.000.000 (pesos un millón) y debiendo informar en caso de cambiar su domicilio; prometer formalmente presentarse o comparecer toda vez que sea llamado por el Juez o Tribunal que entienda en la causa; concurrir a este Juzgado Federal N°1 una vez por semana, los días viernes, en el horario (de) 7 y 13”. En esos casos “habrá de dejarse constancia de ello y cada vez que le sea requerida su presencia y con prohibición de salir del país”. El juez Ríos concluyó diciendo que “ante un supuesto de incomparecencia sin causa debidamente justificada, como asimismo en caso de quebrantar alguna de las reglas impuestas para el otorgamiento de la libertad, se ordenará la inmediata detención y se hará ejecutiva la caución”.

En la misma resolución de ayer, y con los mismos cargos, fueron procesados y en sus casos se confirmó la prisión preventiva del concejal de Cambiemos Pablo Hernández y la subsecretaria de Seguridad de la comuna e integrante de la Policía de Paraná, Griselda Noemí Bordeira, quienes fueron trasladados a las unidades penales 1 y 6. Otros dos procesados son el inspector municipal de Tránsito Alan Nicolás Viola, quien fue detenido el 4 de junio, igual que Bordeira y Hernández, y Luciana Ernestina Lemos, una de las dos parejas estables que tiene “Tavi” Celis. La mujer tenía en su poder un cuaderno con anotaciones que al ser hallado durante un allanamiento en su domicilio, complicó la situación procesal de Varisco, Bordeira y Hernández. De las anotaciones surgiría que Varisco y sus dos colaboradores más cercanos hacían aportes para la adquisición de estupefacientes.

Por otra parte, el juez Ríos procesó a Daniel Andrés Tavi Celis, que ya está procesado y detenido desde 1976 por el violento asalto a una estancia y por la aparición, en Colonia Avellaneda, de una avioneta con 300 kilos de marihuana. En la causa del intendente, a Celis se le imputan los delitos de “organización y financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes en concurso ideal con la participación necesaria en el delito de peculado” cargo que comparte con Varisco. 

También fue procesado Ernesto Ramón González, empleado del municipio, a quien se lo acusa de ser “coautor penalmente responsable del delito de financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes en concurso ideal con el delito de peculado”. A González se le dictó la falta de mérito “respecto de la adquisición de estupefacientes –cocaína– para ser distribuida en las ciudades de Paraná y Concordia”. Los otros procesamientos son los de Eduardo Humberto y Nahuel Jonatan Celis, hermanos de “Tavi”;  Wilber Figueroa Lagos, Jonathan atan Heintz Y Juan Manuel Gómez, en estos casos por “comercio de estupefacientes, agravado por haber intervenido en el hecho tres o más personas de manera organizada”.

La causa, de todos modos, sigue creciendo y ahora fueron citados a prestar declaración, no se aclaró si testimonial o indagatoria, el concejal de Cambiemos Emanuel Gainza; el ex secretario de Seguridad de la comuna, el comisario retirado Ricardo Frank, y María Beatriz Pirez, colaboradora cercana al intendente. En el caso de Gainza, que ya había sido denunciado por supuestos casos de corrupción en 2016, existe la duda si su nombre figura en las famosas anotaciones de la mujer de “Tavi”. Los investigadores no pudieron determinar fehacientemente si en ese cuaderno dice “Gainza” o “Gonza”, en alusión al procesado Ernesto Ramón González, contra quien no se encontraron por ahora elementos que indiquen que compraba cocaína, motivo por el cual se le dictó la falta de mérito en ese punto. El 26 y el 27 de este mes, los citados, Gainza en especial, tendrán que aclarar algunas dudas que persisten y deben ser esclarecidas.