PáginaI12 En Brasil

Desde Brasilia

Guerra en el paraíso: la masacre de 56 presos ligados a una organización mafiosa en una cárcel del estado de Amazonas, fronterizo con Colombia, le abrió un nuevo frente de tormenta al presidente Michel Temer y reavivó la recurrente tentación, que no es solo brasileña, de militarizar la seguridad interna.

Temer evitó formular declaraciones sobre la matanza ocurrida el domingo en el Complejo Penitenciario Anício Jobim de Manaos, capital amazónica, con la aparente intención de eludir el costo de un hecho que repercutió en la prensa y organismos internacionales de derechos humanos.

Su situación política es tan incierta que suspendió el viaje al Forum Económico de Davos donde lo representará Henrique Meirelles, el ministro de Hacienda autor del plan de austeridad (austericidio) que amenaza llevar a la quiebra a varios estados provinciales donde se dejaron de pagar salarios y suspendieron servicios esenciales.

Esta limitación de gastos afectó también a las policías provinciales, con más de 1 millón de hombres en armas, y los servicios penitenciarios.

Hay un explícito descontento en los sindicatos que representan a las fuerzas de seguridad de varias provincias como Pernambuco, Río de Janeiro, Río Grande do Sul a donde fueron enviadas tropas federales.

Precisamente para recortar gastos el estado de Amazonas privatizó el presidio Anício Jobim donde miembros de la organización La Familia del Norte mató, y en algunos casos degolló el domingo, a integrantes del Primer Comando de la Capital.

En un comunicado divulgado ayer en Ginebra Naciones Unidas responsabilizó al gobierno de Temer por la masacre y exigió que prohíba “la tortura y del trato degradante e inhumano de los presos”. “Pedimos a las autoridades que tomen medidas para evitar” otro crimen similar en los centros de detención brasileño donde se alojan, en su mayoría hacinados, más 650 mil reclusos.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Orden de Abogados de Brasil se sumaron a las críticas.

El gobierno envió ayer a Manaos al ministro de Justicia Alexandre de Moraes, al tiempo que realizó una serie de consultas al Gabinete de Seguridad Institucional dirigido por el general Sergio Wesphalen Etchegoyen, según dejaron trascender informantes próximos al Palacio del Planalto.

Los servicios de inteligencia bajo el mando del general Etchegoyen habrían obtenidos informaciones sobre un plan para vengar a los muertos del PCC fallecidos en el estado de Amazonas donde ayer continuaba la “cacería” de más de 100 presos fugados el domingo.

Está en curso una guerra entre la Familia del Norte y el PCC, una facción surgida en San Pablo luego de la masacre de 111 detenidos en la cárcel de Carandirú, en 1992.

El Primer Comando de la Capital cuenta con una organización piramidal dirigida por Marcos Williams Herbas Camacho, alias Marcola, que presume de haber leído El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, El Príncipe de Nicolás de Maquiavelo y conocer la biografía y tácticas guerrilleras de Ernesto Che Guevara.

“Marcola” es idolatrado por los soldados del PCC, el grupo que domina la mayoría de las cárceles de San Pablo y decenas en todo el país, junto al establecimiento de “células dormidas” en las favelas paulistas.

En mayo de 2006 una orden impartida por Marcola desde la cárcel desató el levantamiento simultáneo de más de 70 presidios y ataques relámpagos que mataron a unos 40 policías y agentes penitenciarios.

Un día después de las primeras acciones se desató una guerra entre fuerzas del orden y “milicias “ del PCC que hizo colapsar a San Pablo con un saldo de cerca de 600 muertos.

En la contienda entre el PCC y la Familia del Norte se disputa la hegemonía en el sistema carcelario de la Amazonia, por su proximidad a la “Ruta del Río Solimoes”, principal vía de ingreso de la cocaína de Colombia y Perú.

El polvo que llega a Manaos luego se embarca hacia Europa o los cada vez más rentables mercados de San Pablo y Río de Janeiro.

Por lo pronto ese dinero sucio es la fuente de ingresos de la Familia del Norte, con la que se pagan armamentos y se compran los favores de  policías, guardiacárceles  y políticos. Así es como esa organización asumió el mando de los centros reclusorios amazónicos y logró proyección nacional, al punto de animarse a presentarle batalla al PCC.

De acuerdo con informaciones de la Policía Federal a las que tuvo acceso el diario Estado de San Pablo, la Familia cuenta con unos 200 mil afiliados, entre quienes están los presos y sus allegados fuera de las cárceles, quienes realizarían aportes a cambio de los cuales reciben seguridad.

Con esa estructura en alza la Familia se asoció a otro grupo de peso,el Comando Vermelho, con base en Río de Janeiro, que mantiene una disputa con el PCC.

El innegable poder de fuego, organización y logística de estas fuerzas irregulares trajo otra vez al ruedo el debate sobre la necesidad de involucrar a los militares en el combate al crimen organizado.

Algunos formadores de opinión respaldaron esa idea, entre ellos Merval Pereira, el comentarista en jefe del grupo Globo.

Ayer Pereira dijo en una radio de esa corporación que no se puede “seguir posponiendo” la decisión de que el Ejército y otros fuerzas federales tomen cartas en el enfrentamiento al narcotráfico, y eligió como modelo a Colombia.

Militarizar la seguridad interna encaja con la nueva concepción de “fronteras calientes” defendida por la administración Temer.

Hace dos meses en una de las pocas reuniones diplomáticas realizadas en Brasilia con representantes sudamericanos fue expresada esa concepción.

El encuentro fue cerrado con una conferencia a en la que participaron el canciller José Serra, el general Etchegoyen y el ministro de Defensa Raúl Jungman.

“Los crímenes son cada vez más transnacionales y tienen que ser enfrentados” conjuntamente por los países sudamericanos, y ojalá que cada vez más puedan actuar “las Fuerzas Armadas de modo preventivo y represivo (..) en las fronteras”, dijeron las autoridades brasileñas.