Una investigación independiente reveló que el hospital inglés Gosport War Memorial, ubicado en el condado de Hampshire, “acortó la vida” de 456 pacientes y afectó a otros 200 a través de un “régimen institucionalizado” de prescripción y administración irregular de opiáceos desde 1989 al 2000. De momento, sólo una doctora ya jubilada es la única que podría enfrentar cargos por lo sucedido. La primera ministra Theresa May calificó las averiguaciones como “trágicas y muy preocupantes”.
Según el informe, en el Hospital Gosport War Memorial existía “menosprecio por la vida humana y una cultura de acortamiento de vidas”. La investigación, promovida por las familias de los pacientes afectados, se focalizó en los casos de personas que murieron estando bajo el cuidado del Departamento de Medicina para Gente Mayor del hospital. En el documento se afirma que en la institución había “un régimen institucionalizado de prescripción y administración de peligrosas dosis de combinaciones de medicamentos, que no estaban clínicamente justificadas, con pacientes y familiares sin capacidad para interactuar con el personal sanitario”. Además, la Policía del condado de Hampshire, la Fiscalía y las autoridades médicas “fallaron y no actuaron correctamente para proteger a los pacientes y sus familiares”, puntualiza el texto.
La investigación fue llevada adelante por un panel encabezado por el exobispo de Liverpool, James Jones, e integrado por el especialista en medicina geriátrica, Colin Currie, el periodista de investigación David Hencke, el ex comandante de Scotland Yard Duncan Jarrett y el experto en patología y expedientes médicos Bill Kirkup. Hablaron con más de cien familiares, analizaron 800 certificados de defunción y documentos policiales y de la Sanidad Pública británica (NSH, en sus siglas en inglés).
Jones opinó que “no corresponde al panel determinar ninguna responsabilidad penal en caso de que cualquier proceso judicial futuro determine culpables”, pero señaló a la doctora Jane Barton como “responsable”. Durante los doce años que trabajó en el hospital, Barton, de 70 años, firmó 854 certificados de defunción de pacientes y, de ellos, el 94 por ciento recibió opiáceos.
Las sospechas por las muertes en el hospital comenzaron en 1998 y en 2003 un informe hecho por el profesor experto en salud Richard Baker concluyó que había evidencia de un “uso casi rutinario de opiáceos” que “acortó la vida de los pacientes y que no se podía descartar que algunos de ellos podrían haber recibido el alta médica”. Baker responsabilizó a Barton de administrar los opiáceos. Sin embargo, recién en 2010 el Consejo General Médico determinó que Barton era “culpable de múltiples casos de mala conducta profesional relacionados con la muerte de doce pacientes”. Aun así, se determinó que “no había evidencia suficiente” para procesarla y tampoco se le retiró su licencia médica. Barton decidió abandonar la profesión por su cuenta.
El exobispo de Liverpool fue el encargado de comunicarles a las familias los resultados de la investigación. “Ha sido horroroso, pasaron casi veinte años para nosotros”, dijo Bridget Reeves. Su abuela, Elsie Devine, ingresó en el Gosport War Memorial en 1999 con confusión y problemas de riñón. En las anotaciones, los médicos afirmaron que ella había estado en buen estado, pero que le dieron sedantes muy fuertes, quedó inconsciente y nunca se recuperó. En 2009 se encontró que las drogas que le habían dado no eran las apropiadas para su tratamiento y que habían contribuido a su muerte.
Ayer en el Parlamento, la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, calificó las averiguaciones como “trágicas y muy preocupantes”. May le pidió disculpas a los familiares por el tiempo que han tenido que esperar para obtener respuestas y aseguró que los resultados de la investigación deben haber causado “una angustia inimaginable a las familias involucradas”. Aseguró que es una cuestión “de la que el Parlamento debe ocuparse”.
Por su parte, el ministro británico de Sanidad, Jeremy Hunt, dijo que “la policía examinará cuidadosamente el nuevo material que aporta el informe, antes de determinar los próximos pasos a seguir y, en particular, la posible carga penal”.
